En los últimos días hemos escuchado a ciertos miembros del poder judicial quejarse de haber sido señalados por portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado. Sorprende que personas a quienes suponemos tan doctas en términos jurídicos e informadas en el contexto social e histórico no acierten a diferenciar el señalamiento de la crítica.

Las y los magistrados, cuyas voces han sido multiplicadas con el altavoz entusiasta de muchos medios de comunicación, deben tener la memoria reciente muy difuminada. Parecen no recordar que en este país hace apenas un par de décadas te señalaban dibujando una diana en la puerta de tu casa, o con una pintada en la calle, o desde algún pasquín o una carta sin firma, pero con sello. Cuando esto sucedía, sabías sin ningún género de duda que una banda terrorista había puesto su ojo criminal en ti y te había sentenciado de muerte.

Quienes se quejan de ser señalados y sus voceros no recuerdan tampoco la memoria de nuestros padres y abuelos. La historia de este país que nos cuenta como la posguerra se trazó con el terror a los señalamientos, a las delaciones y a las denuncias. Cualquier miembro del régimen autoritario podría hacer recaer sobre los otros la represión, la pobreza, la cárcel y hasta la muerte. Igual sucedió en la Alemania nazi contra los judíos, y en tantos momentos históricos de crueldad, dictaduras y fascismo.

Lo que ocurre ahora, estemos de acuerdo con ella o no, es pura crítica. Se trata de la expresión libre y consciente de representantes de la soberanía nacional cuya obligación es, entre otras, la vigilancia y el contrapeso a los otros poderes del estado para mantener el justo equilibrio democrático. Conviene saber en estos tiempos de exaltación constitucionalista que absolutamente nadie ni nada está exento de principios básicos de control y de sujeción a los mandatos de la misma. Ningún sujeto político, ni siquiera un partido, por mayoritario que sea, puede permitirse no renovar el órgano administración de los jueces (art. 122CE). El Gobierno y sus miembros, los parlamentarios, los jueces, todos y todas gozan de independencia en el ejercicio de las funciones relativas a su cargo, pero en ningún caso de inmunidad ni mucho menos de impunidad.

De hecho y con relación al asunto que nos ocupa, recordemos que los jueces y las juezas también pueden prevaricar, actuar políticamente al servicio de partidos y cometer así lo que conocemos como lawfare. Caben pocas dudas cuando ahora mismo hay un juez en la cárcel como consecuencia de la operación que intentó apartar a Victoria Rosell de su vida política, para la que había sido elegida democráticamente. Decirlo no es atacar ni a todos los jueces ni a la judicatura como institución. Incluso afirmar que hay sentencias injustas en el día a día, poner nombres y apellidos a quienes dijeron que veían jolgorio en una violación grupal no es señalar, sino ejercer el derecho a la información, a la reflexión, y fortalecer nuestro sistema. Y eso no es señalar, como no lo es tampoco expresar un desacuerdo con la acción de gobierno o con el trabajo de los y las parlamentarias, los periodistas o cualesquiera otros actores de la vida pública.

No se ha señalado a los jueces y ellos lo saben. Lo saben como tienen la certeza de que saldrán a la calle todos y cada uno y no tendrán miedo a que nadie ejerza violencia contra ellos, violencia organizada, poderosa, peligrosa, violencia de estado o de particulares. Ellos podrán ir o no a comparecer al Congreso si se propone, se aprueba y desean hacerlo. Ellos podrán leer un artículo como este y no gustarles, podrán ver sus sentencias recurridas y hasta anuladas, podrán seguir soportando la vergüenza colectiva de tener su órgano de gobierno caducado, pero ellos y ellas para satisfacción de todos y como orgullo para nuestra democracia ni son ni serán señalados.