Jordi Roca Jusmet

Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona (UB)

El 14 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona presentó una ambiciosa estrategia energética. El primer punto del comunicado de prensa hablaba de “transición hacia la soberanía energética”. Soberanía se entiende habitualmente como opuesto a dependencia. En el caso de la energía podemos hablar, como mínimo, de tres aspectos de dependencia.

El primer aspecto es la dependencia respecto a recursos que proceden del exterior. En este sentido, la dependencia de la ciudad de Barcelona es prácticamente total. Si ampliamos el marco territorial de referencia hacia el área Metropolitana de Barcelona o incluso hacia toda Cataluña, el uso de recursos locales aumenta algo pero sigue siendo muy pequeño. Encontramos más instalaciones de transformación energética (como por ejemplo refinerías o centrales térmicas) pero los recursos primarios -petróleo, gas natural o uranio- proceden del exterior de forma totalmente mayoritaria. Si nos fijamos en el sector eléctrico, Cataluña es uno de los países más nuclearizados del mundo: más de la mitad de la producción eléctrica proviene de la fisión del uranio, un recurso importado por mucho que las estadísticas oficiales se empeñen en incluir la energía nuclear dentro de las fuentes propias cuando calculan el grado de autoabastecimiento energético.

Un segundo aspecto es la absoluta dependencia respecto a unas grandes compañías energéticas. En el caso de la electricidad, el llamado oligopolio eléctrico (con Endesa, Iberdrola y Gas Natural como elementos más destacados) domina totalmente el mercado catalán y español, tanto en la generación y en la comercialización como, casi al 100%, en la distribución, un monopolio natural concedido a empresas privadas en prácticamente todo el territorio. El papel de entidades alternativas que defienden otro modelo energético, limpio y descentralizado, como es el caso de la cooperativa Som Energia es muy positivo pero todavía es marginal y se encuentra con dificultades en un contexto regulador muy desfavorable.

Un tercer aspecto de dependencia, que liga mucho con el anterior, es el de la ciudadanía respecto a la provisión externa de energía. No obstante, cada vez se abren más posibilidades para que las familias y pequeñas empresas, individualmente o cooperativamente, generen la propia energía con un modelo descentralizado de producción-consumo, la expresión más clara del cual es la generación de energía fotovoltaica en los edificios. Lo ideal no son unidades totalmente aisladas sino interconectadas en red, y que en algunos momentos aboquen energía al exterior y en otros la absorban. Lamentablemente el actual marco legal español pone muchas trabas al desarrollo de este modelo de “generación distribuida”.

Avanzar hacia un modelo que desarrolle las fuentes propias y limpias no sólo nos haría más independientes (la dependencia o independencia es siempre una cuestión de grado) en todos estos sentidos con sus ventajas económicas y sociales, sino que también tendría otra consecuencia tanto o más importante: reduciríamos las amenazas ambientales sobre el conjunto de la humanidad disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y el injustificable legado de residuos radiactivos que en algunos casos mantienen su peligrosidad durante miles de años. Tenemos que evitar que la vida de otras poblaciones y el futuro de nuestros descendientes dependan negativamente de nuestras decisiones irresponsables.

Las dificultades para cambiar el modelo energético son enormes y, en este contexto, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de contribuir a esta tarea a nivel de la ciudad y extendiéndolo a nivel metropolitano es una noticia excelente. La hoja de ruta municipal no pasa solo por invertir en energías renovables en edificios e instalaciones públicos, sino también por empoderar a la ciudadanía para reducir su dependencia respecto al oligopolio eléctrico, con el ahorro energético, la eficiencia y la inversión en energías renovables y pudiendo optar por ser clientes de una nueva comercializadora eléctrica pública al servicio de un nuevo modelo energético que se prevé que esté operativa antes de acabar el actual mandato.