La monarquía no es una institución normal. Los reyes y reinas no son personas normales ni pueden serlo, por mucho que lo deseen, porque van por ahí encarnando de por vida la dignidad de pueblos y estados, y eso es cualquier cosa menos normal. Por eso tienen que ser ejemplares y parecerlo, porque no han sido elegidos, sino que han nacido para ser reyes y reinas, lo cual conlleva la necesidad de mantenerse éticamente impolutos en la medida en que –ya sea uno monárquico o republicano- nadie quiere ser representado por pícaros o golfos. Por no hablar de que la función de representación del Estado es generosamente retribuida por este o, dicho de otra forma, los reyes no tienen que preocuparse de ganarse la vida, a diferencia del resto de la ciudanía.

Tras 170 años bastante convulsos en los cuales los reyes entraron, salieron, se fueron y volvieron, este país tuvo un cierto idilio de reencuentro con una monarquía plenamente constitucional, que fue aceptada e indiscutida por la izquierda (de corazón republicana), la derecha y hasta los nacionalismos, gozando de una popularidad que propició quien hoy está en la picota de la opinión mediática y política, una vez superados los tiempos en los que hablar públicamente de las “cosas del Rey” era un tabú que nadie rompía bajo pena de muerte civil.

El tabú se superó a golpe de realidad: mientras en la España de 2012 el desempleo alcanzaba el 26%, al Rey se le descubrió en Botsuana, con su amante y cazando elefantes, un “deporte” nada popular entre los plebeyos, y el yerno del Rey se vio envuelto en un proceso judicial que le acabaría llevando a prisión por lucrarse aprovechándose de su posición pública. Y se decidió que el Rey pasase a ser Emérito y sustituido por su hijo, como válvula de escape en un país cabreado que no había ni ha superado aún las secuelas de la Gran Recesión.

Pero emérito significa “que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos servicios”, y lo que se discutió a partir de ese momento fue precisamente la cuestión de los buenos servicios, y se habló ya sin tapujos de las cosas del monarca, incluyendo presuntas amantes (en plural) sufragadas de una forma u otra con fondos públicos, presuntas comisiones por contratos del Estado, presuntas intermediaciones con ánimo de lucro aprovechando su papel de Jefe del Estado, presuntas fortunas en paraísos fiscales, presuntos fraudes tributarios, etc, etc. Cosas que presuntamente habrían tenido lugar durante décadas pero que estaban amparadas por un privilegio de la monarquía: la inviolabilidad, que la aleja más aún del resto de la ciudadanía. Una inviolabilidad absoluta, que implica que si al Rey le hubiera dado por asesinar niños no se le habría podido juzgar.

De ahí su plus de responsabilidad: quien disfruta de un privilegio tan grande tiene la contrapartida de estar a la altura de ese privilegio. Y todo apunta a que no lo ha estado, más bien al contrario. Por eso lo que no se le podría decir a una persona normal, “quédese usted por ahí y no vuelva”, sí puede decírsele al Emérito, porque el privilegio de la inviolabilidad determina que nunca habrá un juicio que esclarezca si las cosas que se le atribuyen son o no ciertas. Por eso, para una monarquía, el juicio que más cuenta es el de la opinión ciudadana, que viene a ser la prueba del algodón de su comunión con el pueblo y el Estado, perdida por el Emérito entre gran parte de la población con independencia de preferencias monárquicas o republicanas. Por cierto, el Emérito no se ha querellado contra ninguno de los medios que han publicado cosas muy duras sobre él, algo que podría perfectamente haber hecho al imputársele públicamente hechos delictivos. Es más, debería haberlo hecho si no eran ciertas las imputaciones que se le hacían, porque la institución monárquica, como parte del Estado, puede ser objeto de crítica política pero quien ha sido jefe del Estado no debe permitir calumnias, dado que su figura está asociada a la confianza o desconfianza en el propio Estado, algo básico para una democracia.

Quizá esa falta de respuesta del Emérito tenga que ver con el hecho de que el decreto de la Fiscalía por el que se archivan las diligencias abiertas contra él afirme que defraudó cantidades multimillonarias a Hacienda, recibió un pago de 100 millones de dólares procedente de Arabia y ha mantenido cuentas en paraísos fiscales a través de fundaciones. A pesar de ello la Fiscalía considera, en lógica jurídica, que lo que no está prescrito está amparado por la inviolabilidad y, por tanto, ahí queda la cosa, sin haberse practicado en ningún momento una investigación prospectiva de las décadas de actividad del monarca, sino limitada a hechos muy concretos. Con estos mimbres, es comprensible que la mayoría de la sociedad española se sienta defraudada por quien presuntamente aprovechó la jefatura del Estado –generosamente retribuida a cargo del erario público- en su propio beneficio y no ha sido juzgado como lo sería cualquier otro ciudadano.

El exilio monárquico es una tradición muy útil con más de dos siglos de historia en España y lo han practicado en algún momento todos y cada uno de los Borbones antecesores del Emérito desde Carlos IV, pasando por Amadeo de Saboya, rey no borbónico y de importación que salió por pies de vuelta a su Italia original, cansado de que en sus tres años de reinado intentasen asesinarlo sin conseguir apaciguar a nadie y dejando para la historia aquellas palabras tan descriptivas: “no entiendo nada: esto es una jaula de locos”.

Es verdad que el Emérito es ya octagenario y es muy comprensible que añore su país, pero no es un ciudadano cualquiera que pueda disponer de su vida con normalidad sino alguien que sigue teniendo responsabilidades, en este caso –y dado lo que se ha ido conociendo en los últimos años- la de hacerle un favor al Estado al que representó y no regresar, en contrapartida por los privilegios que le ha proporcionado ese mismo Estado.