JUAN RAMÓN CAPELLA

Los discutibles procesos judiciales penales en los que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón que han suscitado esos procedimientos penales ante –o del– Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?

Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.

Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los GAL, esto es, al terrorismo de Estado de la época de Gobierno de Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el largo brazo del PSOE de Felipe González y Garzón la ha recusado. Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron en la cárcel el director general de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España y la directora del Boletín Oficial del Estado, por mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el banquillo.

Un segundo pecado de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel, de modo que se ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales. De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación de los principales encausados con sus segundos vulneró los derechos de defensa... que el propio juez había tomado la precaución de proteger en sus autos. La cuestión es opinable jurídicamente: lo que para unos son garantías, para otros es impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de interpretación, y resulta más que feo que, para el hecho hermenéutico del juez Garzón, el garantismo se desvanezca. Lo que nos tememos los observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a alcanzarles gracias... a los votos y a la magistratura. Los españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda pública...

Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez estrella. La estrella más brillante. El observador no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito; la prevaricación, sí.

Pero el cuarto pecado de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la Guerra Civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros compartiendo las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; no vaya a ser que además los delitos comunes queden al descubierto.

La aceptación por el sistema constitucional de las leyes internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento sin advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca derrotado. Sin percibir que incluso la modesta Ley de Amnistía española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por caso, si había además, o sobre todo, odios y venganzas, medios para usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir este jodido país

–por emplear la certera calificación del padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás ha investigado eso que en España llamamos la Justicia–.

Las víctimas de los nazis han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el genocidio armenio: al olvido.

El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los GAL, ni ser complacientes con el genocidio.

Aún se puede esperar que el tiro salga finalmente por la culata.

Juan Ramón Capella es Catedrático emérito de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona

Ilustración de Patrck Thomas