El Gobierno se plantea un ‘fondo metrobús’ para abaratar el transporte público al estilo del bono mensual de nueve euros que esta aplicando Alemania como medida contra el incremento de los combustibles. Al parecer, el Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica están estudiando una medida propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales para incorporarla a finales de mes a una norma con rango de Ley que haga frente a la escalada de precios provocada por la guerra en Ucrania.

Desde el punto de vista de la movilidad sostenible esta medida solo merece todo el apoyo. Su coste es difícil de cuantificar, pero podríamos estar hablando de unos 2.400 millones de euros anuales, 200 millones al mes. Una cantidad aparentemente estratosférica que no resulta tan grande si la comparamos con el coste de 425 millones de euros mensuales de haber reducido 20 céntimos el litro del precio de los carburantes fósiles hasta finales de junio.

La gran diferencia es que la subvención al precio de la gasolina nos deja la sensación de haber sido dinero gastado a fondo perdido que no ha implicado cambio alguno en los patrones de movilidad. Además, rápidamente surgieron dudas de si la rebaja realmente estaba llegando al contribuyente o sobre el carácter regresivo de la medida - no debemos olvidar que la mitad de la población ni tiene carnet de conducir, ni dispone de vehículo. El apoyo al transporte público es sin duda una medida, esta vez sí, de carácter universal, que incide especialmente en las rentas bajas y llamada a modificar los actuales patrones de movilidad.

De hecho, en Alemania ya se ha podido comprobar un incremento espectacular en el uso del transporte público. Esto no solo supone una palanca de cambio alineado con la estrategia de descarbonizar las ciudades, es decir, en el camino de la hoja de ruta que establece la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, sino que también es el mejor apoyo que cabe imaginar para el transporte público. La mayoría de los operadores siguen transportando cifras de viajeros un 20% inferiores a las anteriores a la pandemia, fruto de la inmerecida desconfianza en el uso del transporte público, promovida en los orígenes por las propias administraciones públicas.

Esta es una medida con todo el sentido a corto plazo que, aplicada de forma temporal, en la actual coyuntura inflacionista y con exceso de oferta en el transporte público, actuaría como revulsivo para apoyar las medidas a medio y largo plazo que deberían aplicar las administraciones competentes para desarrollar más y mejor transporte público.

La mayor amenaza a esta medida así -además de las dificultades de gestión en un país donde las competencias de transporte público recaen en las entidades locales y también en las autonómicas- sería morir de éxito y ver imágenes de saturación como las de los primeros días en Alemania. Bendita amenaza, todo sea dicho de paso, aunque no me cabe la menor duda que los excelentes operadores de transporte público que tenemos en España sabrán responder al desafío y ajustar su oferta adecuadamente.

Así, esta medida puede ser un impulso definitivo para rescatar al transporte público del duro golpe sufrido en la pandemia y, lo que es mejor, una apuesta segura de futuro.