Ariane Arpa

Los Convenios de Ginebra, que cumplen esta semana 60 años, son el instrumento legal más ratificado y reconocido del mundo, sin embargo, los conflictos actuales las han convertido en palabras vacías, ya que estos tratados internacionales se violan constantemente.De Afganistán a la República Democrática del Congo o la selva de Colombia, somos testigos de graves violaciones de los principios establecidos, con población civil situada en medio de los campos de batalla y convertida en blanco para los contendientes. A todo ello se suman los millones de personas que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad y privados de la ayuda humanitaria que les podría salvar la vida, debido básicamente a tres factores: la obstrucción deliberada de la ayuda de emergencia, la violencia contra los trabajadores humanitarios y la intensidad de los conflictos.

En Colombia, el lugar con más desplazados del mundo –cerca de tres millones y medio–, la violencia sexual contra las mujeres, considerada un crimen contra la humanidad, goza de impunidad generalizada. Se calcula que dos de cada diez mujeres desplazadas han sufrido algún tipo de violencia sexual perpetrada por los diversos grupos armados del conflicto. Sin embargo, esta sigue siendo una realidad invisible dentro y fuera del país. En Afganistán, el numero de víctimas civiles en 2008 ha sido el más alto de los últimos siete años. En el primer semestre de este año han muerto por el conflicto más de 800 civiles, lo que supone un incremento del 24% en relación al mismo periodo del año pasado. Además, hay que añadir las trabas y problemas que ha tenido la ayuda humanitaria. Más de 30 trabajadores humanitarios han sido asesinados, 78 raptados, y se han registrado ataques en 176 zonas en las que operaban ONG en terreno, forzando a muchas a parar sus actividades. En la Franja de Gaza el bloqueo económico, unido a la reciente operación militar plomo Fundido lanzada por el Gobierno israelí, ha tenido un impacto devastador en las vidas y en los medios de subsistencia de un millón y medio de habitantes. En el barrio de Zaytoun, en la ciudad de Gaza, el Ejército israelí ha arrasado granjas enteras. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se estima que entre el 35 y el 60% de la tierra agrícola de Gaza ha sido dañada por la acción militar que culminó la política de cierre que conllevó 19 meses de bloqueo. El continuado cierre de fronteras y las operaciones militares afectan a la población civil de Gaza de forma indiscriminada, y constituyen un castigo colectivo contra hombres, mujeres y niños, lo que contraviene el Derecho Internacional Humanitario. En la República Democrática del Congo, a principios de año, una operación militar apoyada por la ONU desencadenó una espiral de violencia que afectó directamente a la población civil y que provocó una ola de 250.000 nuevos desplazados, que todavía no han podido volver a sus hogares y dependen únicamente de la ayuda humanitaria. La lista de casos es interminable. Ante esta situación lo más fácil sería afirmar que las Convenciones han fallado, pero esta actitud revelaría pereza intelectual y sería totalmente contraproducente. Nuestro deber es reaccionar contra estas violaciones sistemáticas con rabia y determinación, nunca con resignación. La responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles puede incluso ser apoyada por argumentos realistas, o sea, razones que convenzan a los combatientes de que deben respetar las Convenciones de Ginebra, en beneficio de ellos y de todos.

En junio de este año, el nuevo comandante estadounidense en Afganistán, Stanley McChrystal, parecía defender esta posición cuando dijo: “Nuestra determinación en conducir las operaciones minimizando el numero de víctimas, incluso cuando este hecho puede dificultar nuestras actividades, es esencial.” A parte de las razones de interés propio, tiene que haber una “presión para que se proteja a la población civil”. Los gobiernos deben convertir en un imperativo político la responsabilidad moral y legal de hacer todo lo posible para proteger a los ciudadanos. Esta es su responsabilidad, y en especial la de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

En ocasiones hemos visto que la voluntad política, la acción oportuna y las sanciones dirigidas a los responsables han contribuido a reducir esas violaciones. Sin embargo, han sido muchos más los casos en que el Consejo de Seguridad no se ha puesto de acuerdo sobre la aplicación de medidas urgentes para proteger a los civiles, ni se ha hecho una implementación efectiva de las Convenciones. Hay que impedir que maquinaciones geopolíticas generen estas situaciones. La disponibilidad del Consejo de Seguridad para imponer sanciones a Irán y a Corea del Norte por sus programas nucleares no tiene parangón con las sanciones a gobiernos que niegan la asistencia humanitaria a sus propios ciudadanos. Hay que poner un fin a esta política de doble rasero. Los casos atroces del Congo, Darfur y Somalia suelen ser mediáticos, sin embargo, los trabajadores de Oxfam Internacional escuchan a diario historias similares de asesinatos, violaciones y desplazamientos de mujeres y hombres en Colombia y Sri Lanka. La impunidad que se vive en las zonas de conflicto ha alcanzado un

nivel crítico. Es urgente que nuestros líderes demuestren un compromiso irrevocable con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Este es un reto también para el Gobierno español. En su camino para asumir un rol más decisivo en la escena mundial es fundamental que España –aprovechando su presidencia de la UE a partir de enero de 2010– vaya más allá de los compromisos formales y se convierta en una voz activa y determinante en favor de la responsabilidad de proteger a la población civil.

Ariane Arpa es Directora general de Intermon Oxfam

Ilustración de Juan Pablo