Juan Carlos primero de España y quinto de Suiza vendrá a España, más tarde que pronto y en olor de multitudes. En cuanto fallezca.

Volverá a España y será recibido por una comitiva multitudinaria, presidida por Felipe Gonzalez y Aznar y, por supuesto, con los 70 firmantes del reciente manifiesto de apoyo, con Martín Villa, Alfonso Guerra y Esperanza Aguirre juntitos y en elegante y elevado reservado. Será un funeral de Estado y será homenajeado y enterrado junto a reyes y alta aristocracia del Antiguo Régimen.

Mientras, mientras el cuerpo y el hígado aguanten, vivirá en Emiratos A.U. u otros países con regímenes innombrables. Por si acaso de momento ha elegido uno que no tiene tratado de extradición con Suiza, no vaya a ser que algún fiscal se ponga pejiguero y le llame a declarar, y le pregunte por impuestos, transacciones opacas y comisiones ilegales. Abandona a su católica y ortodoxa familia (se casó por los dos ritos) para alojarse en una suite que cuesta 12.000 euros la noche, lo que más de un tercio de trabajadores precariados y jubilados no llegan a ingresar al año, él se lo gasta en un día. Dando ejemplo de solidaridad en medio de la mayor crisis: desprecio absoluto al pueblo español.

Poco antes de este episodio lamentable hemos vivido otros debates aún peores: se niega repetidamente que a JC se le pueda juzgar por nada de lo que haya hecho antes de su abdicación de 2014, sea lo que sea y haya hecho lo que haya hecho. Es más, PP-PSOE-Cs han rechazado que ni siquiera se le pueda investigar, a la vez que algunos de sus dirigentes declaran que hay que mantener siempre la “presunción de inocencia”, como sobre cualquiera. Es decir, NO se le puede investigar, ni siquiera desde el Congreso, pero eso sí, es inocente mientras no se demuestre lo contrario… Buena paradoja, defendida entre otros por Felipe Gonzalez, Bono o Margarita Robles.

Lo de que no se le puede investigar ni juzgar por lo que ha realizado entre 1975 (sucesión de Franco) y 2014 es una de las mayores manipulaciones del Derecho y la legalidad vigente que hemos vivido y seguimos viviendo.

Si JC hubiera cometido en ese periodo de 39 años algún crimen ¿podría ser detenido y juzgado en cualquier país del mundo menos en España? ¿tan mala es nuestra Constitución? Pues no es así. Lo han explicado muchos juristas, aunque otros les llevan la contraria.

La Constitución dice literalmente en el art. 56.3. "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo…”. Si, como dice el propio Juan Carlos, se están denunciando “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” (carta anunciando su salida), es evidente que estos actos se pueden investigar y juzgar en el caso de que se dedujeran posibles actividades delictivas: desde 1975 en adelante se puede juzgar ¡todo! Da igual que sean acciones de antes o después de su abdicación.

Con más exactitud lo explica, por ejemplo, Perez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: “La inviolabilidad del Rey … carece de sentido en un Estado Constitucional. Ningún órgano constitucional del Estado democrático puede estar exento de responsabilidad. Se mantiene la inviolabilidad del rey como una reliquia del pasado, pero, para que ello sea posible, hay que inventarse un mecanismo traslaticio de la responsabilidad que es en lo que consiste el refrendo … Quiere decirse que la inviolabilidad únicamente puede contemplarse en aquellos actos del rey susceptibles de ser refrendados. Sin refrendo no hay inviolabilidad … Así se deduce claramente de la dicción literal de los textos constitucionales monárquicos, que afirman expresamente que los actos del rey deben contar siempre con el refrendo ministerial correspondiente y que carecen de validez aquellos en los que no figura la contrafirma ministerial”.

Por lo tanto, la inviolabilidad solo rige para estos actos oficiales, refrendados. Fuera de estos, si el Rey ha hecho cualquier acto ilícito debe ser juzgado por ello, desde el más pequeño a los delitos más execrables, como a cualquier español. Por mucho que el triunvirato PP-PSOE-C’s se opongan, ahora ampliado a VOX. O ¿vamos a esperar que se le juzgue en Suiza o en Alemania? ¿Va la democracia española a quedar en mayor ridículo ante el mundo, más aún que con las solicitudes de extradición de independentistas catalanes? Esperemos que los fiscales del Supremo continúen las investigaciones y se fiscalice todo lo realizado, no solo lo que haya podido cometer en el último lustro.

Mientras, el triunvirato también se niega a que se le retire el título de “Rey Honorífico”. Este trato (popularmente ‘Rey Emérito’), fue concedido por el Gobierno de Rajoy. El tratamiento de Rey Honorífico no es un título nobiliario, es un tratamiento que es revocable en cualquier momento por medio de otro real decreto del Gobierno. No se aprobó por el Parlamento mediante una Ley, como se debería de haber hecho, y no están especificadas sus funciones. Así nos encontramos con la paradoja de que puede ejercer de Rey Honorífico sin que nadie sepa que obligaciones conlleva. Por ejemplo, cualquier funcionario español, desde el más humilde conserje hasta el más alto consejero, está sometido a la legislación de la función pública y entre sus obligaciones están las de residir en España (excepto el personal destinado al extranjero, embajadas…). Pero Juan Carlos decide “trasladarse al extranjero” ¿A quién comunica y da cuenta de su decisión?: a su hijo y punto. Esta acción sería ilegal para cualquier funcionario ¿Puede el Rey Emérito seguir cumpliendo sus altas funciones institucionales para el Reino de España desde la suite del hotel de Emiratos? Nadie puede responder porque nadie conoce cuáles son las funciones de ese título, simplemente porque no existen ¿Ha sido un desprecio y un insulto al pueblo español el que durante dos semanas tan alta responsabilidad institucional estuviera en paradero desconocido? Pues aquí, serviles, todavía hay muchos, muchos, que le siguen defendiendo.