Las universidades españolas han sido las instituciones públicas que más han sufrido las consecuencias de la Gran Recesión de 2008, hasta tal punto que todavía no se han recuperado. Al mismo tiempo, la exigencia social sobre su desempeño no ha dejado de crecer, como evidencia la obsesión comunicativa con los rankings internacionales. El efecto más palpable del austericidio es la precarización del personal docente e investigador, pero también una infrafinanciación que debilita a las instituciones universitarias, merma sus potencialidades y las hace vulnerables a las presiones de los mercados.

A pesar de que el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado este martes en Consejo de Ministros, aborda algunos de los principales problemas de la universidad española, su contenido es el de una ley continuista, poco ambiciosa, que incorpora algunas mejoras dispersas, pero que es incapaz de plantear una alternativa democrática frente al consenso neoliberal, que es lo que cabría esperar de un ministerio adscrito al espacio del cambio.

La LOSU no contiene elementos sustantivos de dignificación salarial y no va a acabar con la precariedad del personal docente e investigador. La anunciada mejora estadística de la temporalidad no sirve ni como trampa contable. Excluir expresamente a los profesores ayudantes doctores del cómputo de los contratos temporales resulta demasiado burdo, máxime cuando en el porcentaje de temporalidad tampoco se incluye a los colectivos predoctoral y posdoctoral. La conversión de la figura del profesor asociado en contrato indefinido (a tiempo parcial), como venía exigiendo la jurisprudencia, es una buena noticia, pero tendrá un impacto limitado. La carrera académica seguirá marcada por la temporalidad y la precariedad: continuará iniciándose con un contrato predoctoral, usualmente encadenado a otro posdoctoral, y se enlazará con otro de ayudante doctor, que para más inri se eleva de cinco a seis años. La nueva ley universitaria no cuestiona una etapa de acceso eternizado a la carrera académica en la que no suelen faltar períodos de desempleo u otros contratos precarios (vinculados a proyectos, falsos asociados, sustituciones, etc.). ¿Cómo es posible que se normalice en la universidad un encadenamiento de contratos temporales que no permite el Estatuto de los Trabajadores?

Además, la LOSU consagra la laboralización del personal docente e investigador, una perniciosa tendencia que sustituye al profesorado funcionario por profesorado laboral. La LRU de 1983 limitaba la contratación laboral al 20%. La LOU de 2001 amplió ese porcentaje al 49%, cifra que la LOSU mantiene; y esta nueva ley universitaria añade otra figura laboral: el profesor distinguido. En nombre de la flexibilidad, la laboralización reduce los derechos y expectativas del personal docente e investigador en perjuicio de su libertad de cátedra. El ministro Subirats, en un artículo publicado en la revista Educar (2001), escribió lo siguiente: “Alguien deberá algún día empezar a poner en duda la propia condición de funcionario de los profesores titulares y catedráticos como se ha hecho en otros países. Debería hacerse un debate sobre qué ventajas e inconvenientes tiene el mantenimiento de la condición de funcionarios públicos de los docentes en momentos que muchos elementos indican que ello conlleva multitud de disfunciones en la política de recursos humanos de las universidades españolas”. Este planteamiento laboralizador, de cariz neoliberal, subyace en el articulado de la LOSU y socava las legítimas demandas de los sindicatos y los colectivos de jóvenes profesores.

La LOSU no materializa sus promesas en el ámbito de la igualdad socioeconómica. El anunciado horizonte de gratuidad de la universidad se queda en papel mojado. En cuanto a la consideración de las becas como derecho subjetivo, no parece coherente incorporar los criterios académicos, amén de que un verdadero derecho subjetivo debería contemplar garantías (por ejemplo, podría otorgarse a las becas la condición de créditos ampliables).

La LOSU no frena la tendencia privatizadora de la universidad. Es verdad que un Real Decreto anterior ha tratado de embridar el crecimiento descontrolado de las universidades privadas, pero no es una buena noticia que la LOSU integre en la definición de sistema universitario a las universidades privadas, algo que abre la puerta a la dualidad público-privada, tan perniciosa en las enseñanzas no universitarias. Además, la LOSU sigue permitiendo las privatizaciones mediante la adscripción de centros privados a las universidades públicas, y no hace mención alguna al fenómeno de las cátedras de empresa. La financiación pública del sistema universitario, clave para asegurar su calidad, autonomía y la desprecarización del profesorado, tampoco se ve robustecida.

En otros aspectos la LOSU contiene medidas avanzadas, como la igualdad de género, la no discriminación o la lucha contra la endogamia, aunque los avances en esta última materia (inspección de servicios, comisiones de selección por sorteo) difieren con la incomprensible eliminación de la exigencia de acreditación para la figura del ayudante doctor.

Una nueva ley de universidades de un Gobierno de coalición progresista no solo debería hacer frente a los problemas endémicos de nuestro sistema universitario, que la LOSU no soluciona, sino que también representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo superador de universidad que pueda catalizar cambios democráticos en la generación y transmisión del conocimiento, todo ello en un contexto de desigualdad galopante, desvalorización social del saber y reaccionarismo mediático y digital.

Avanzar hacia una nueva universidad democratizadora requiere, entre otras cosas, un ejercicio de imaginación y audacia para transitar caminos inexplorados y materializar algunas narrativas interesantes de la LOSU en progresos reales. La LOSU carece de medidas sustanciales y ambiciosas en ejes atinadamente proyectados como la transferencia del conocimiento, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana o la sostenibilidad medioambiental. A modo de ejemplo, una propuesta innovadora que podría aunar estos objetivos pasaría por crear un canal de televisión universitario con la finalidad de compartir el conocimiento científico, en especial sobre la crisis climática y ambiental, gestionado por departamentos e institutos de investigación con la colaboración en red de los actuales servicios audiovisuales de las universidades. Una iniciativa que, además, serviría para cuestionar el oligopolio mediático, que tanto daño hace a la libertad y el pensamiento crítico, y contrarrestar el peligroso aumento del negacionismo científico. Aún queda la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para evitar que perdamos la oportunidad de otra universidad posible.