Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

El Estado del bienestar español, que incluye las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias) y los servicios públicos de carácter social (tales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros), es el menos financiado de la Europa de los 15 (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto público social (que financia tales transferencias y servicios públicos) por habitante, así como el gasto público social como porcentaje del PIB, son los más bajos de la UE-15.

Esta subfinanciación explica que España sea también el país que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en tales servicios públicos, en comparación con uno de cada cuatro que lo hace en Suecia. No es cierto, por lo tanto, lo que constantemente se reproduce en los medios de información próximos a la banca y a la gran patronal de que el sector público, incluyendo el ámbito social, esté hipertrofiado en España. Los datos muestran precisamente lo contrario. España está a la cola de la Europa social, y los recortes sustanciales que se están llevando a cabo empeorarán todavía más esta situación.

Las causas de este subdesarrollo social no son, como frecuentemente aducen economistas y políticos neoliberales, la menor riqueza de España frente al promedio de la UE-15. En realidad, el nivel de riqueza de España, medido por el PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría en su Estado del bienestar 66.000 millones de euros más.

¿Por qué este bajo gasto público social? La respuesta depende de la sensibilidad política de quien responda. Así, los nacionalistas conservadores-liberales que gobiernan la Generalitat de Catalunya atribuyen la subfinanciación del Estado del bienestar en Catalunya a lo que llaman “el expolio de Catalunya por parte de España”, argumento que utilizan frecuentemente durante el periodo electoral, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Duran i Lleida. Este es, por cierto, un argumento generalizado en los medios de información en Catalunya, incluyendo los de propiedad pública de la Generalitat.

Los datos (incluso los proveídos por el propio partido gobernante de la Generalitat) no apoyan, sin embargo, tales tesis. Según los portavoces del partido nacionalista conservador-liberal, el supuesto “expolio” representa el 9% del PIB catalán. Puesto que tal partido político acepta que para pagar al Estado central (para cubrir los servicios comunes provistos por el Estado y los gastos de solidaridad con otras partes de España) el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a aportar un 4% del PIB, esto implica que el “expolio” neto sería un 5% del PIB (nueve menos cuatro). Ahora bien, Catalunya, por el nivel de riqueza que tiene (su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15), debiera gastarse en su Estado del bienestar un 29,8% del PIB, es decir, 12 puntos más de los que se gasta ahora (17,8%). La eliminación del supuesto “expolio” eliminaría menos de la mitad (5 puntos) de tal déficit de gasto público social. Catalunya continuaría en la cola de la Europa social aunque se eliminara el supuesto “expolio” nacional.

El subdesarrollo social de Catalunya y de España no se debe primordialmente a los temas nacionales que acaparan la atención política y mediática del país y que siempre se movilizan en tiempos electorales. En tales tiempos, los nacionalismos periféricos se oponen al nacionalismo español, que no se define así mismo como tal, pero que es el más poderoso y excluyente. La falta de sensibilidad que caracteriza al nacionalismo español que niega la plurinacionalidad de España es el mejor aliado de los secesionismos periféricos. La no aprobación de la totalidad del Estatut refrendado por el pueblo catalán por parte del Tribunal Constitucional ha sido una causa clave del crecimiento del secesionismo. No hay nada más próximo a este que el jacobismo imperante en sectores del Estado español. De ahí que el nacionalismo catalán encuentre un campo fértil para movilizar a la población en Catalunya.

A pesar de este aparente antagonismo, estos nacionalismos –central y periférico– se alimentan y se necesitan el uno al otro. Tales nacionalismos se centran en el tema nacional para ocultar la causa real del subdesarrollo social de Catalunya y de España y que no es el “expolio nacional”, sino el “expolio de clase”. El primero se utiliza deliberadamente para ocultar el segundo, lo cual explica las alianzas constantes entre los nacionalismos centrales y periféricos al día siguiente de las elecciones. El PP, que explota el anticatalanismo en el resto de España, es el mejor aliado de CiU en Catalunya y, en caso de ganar el PP en España, CiU apoyará, como ya lo hizo antes, los políticas de clase responsables del subdesarrollo del Estado del bienestar, que se basa en los escasos ingresos al Estado (sólo un 34% del PIB, frente al 44% en la UE-15 y un 54% en Suecia), y que es consecuencia de que las rentas superiores y del capital tributan mucho menos de lo que lo hacen sus homólogos en la UE-15. El trabajador de la manufactura paga un 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior paga sólo el 20%. Y es más que probable que el porcentaje real sea incluso mucho menor. Tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya podrían resolver esta situación. Ambos tienen capacidad fiscal y las herramientas para hacerlo, pero no lo hacen y, mientras, utilizan las banderas en tiempo electoral para ocultar esta realidad.