La trama de corrupción por parte de terceros países para influir en las políticas de la Unión Europea y cercenar la democracia pone el centro al Parlamento Europeo, donde diferentes figuras, incluso una vicepresidenta, podrían haber recibido sobornos. Quizá hoy se entiende mejor la simpatía de muchos eurodiputados y eurodiputadas hacia los países del Golfo Pérsico y, también, hacia Marruecos.

Ahora todos se apresuran a mostrar públicamente su sorpresa y desaprobación, pero hay una parte de la información publicada que se empeñan en omitir: el rol central que podría haber tenido Marruecos en la trama corrupta que se investiga. Hace unos días el Partido Popular y el Partido Socialista se aliaban en Estrasburgo para impedir que la resolución de condena del Parlamento Europeo sobre el escándalo incluyese cualquier referencia a Marruecos. Así, mientras se han tomado medidas que afectan a Catar, como restringir la entrada de diplomáticos y representantes del país en el Parlamento Europeo hasta que concluyan las investigaciones, no se adopta ninguna medida, ni tan siquiera simbólica, con Marruecos pese a que todas las investigaciones apuntan a una irrefutable participación marroquí en la trama. De hecho, todo apunta a que la injerencia marroquí, a través de mordidas y sobornos en la política europea tienen sus raíces varias legislaturas atrás, mientras que las cuestiones relacionadas con Catar son más recientes. Parece, además, que el hombre fuerte de Rabat que estaría en el centro de la red de sobornos, su embajador en Polonia, podría haber actuado como facilitador también del trabajo de Catar. Es decir, que la trama catarí estaría utilizando la red preexistente creada por Marruecos.

Hoy sorprende menos que el Parlamento Europeo haya hecho caso omiso a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionadas con los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión y Marruecos, que afirman con claridad que el Sáhara Occidental es un territorio diferente al marroquí y que por tanto cualquier acuerdo que afecte a este territorio debe negociarse con los representantes legítimos del pueblo saharaui: el Frente Polisario. El Parlamento Europeo ha aprobado acuerdos con Marruecos que abarcaban el territorio saharaui e incluso negó la posibilidad de que se hiciera una consulta al TJUE sobre esta cuestión antes de la aprobación del último acuerdo pesquero, tal y como solicitaron los grupos Verde y de la Izquierda. Esta posición de respaldo acérrimo a Rabat por parte de conservadores, socialdemócratas y liberales también ha bloqueado todas las propuestas de debate sobre la muy preocupante situación de los derechos humanos en el país donde muchas libertades fundamentales están cercenadas. Cabe recordar que en el país alauita son muchas las personas periodistas, sindicalistas, defensoras de los derechos humanos y activistas que se encuentran encarceladas por atreverse a criticar al régimen. Además, las violaciones a la dignidad y a los derechos de las personas migrantes que transitan por Marruecos son constantes y cuentan con la complicidad política y el apoyo material de la Unión.

Con las revelaciones de esta trama que se van conociendo, es difícil creer que este apoyo tan sólido a Marruecos, incluso posicionándose en contra de la justicia europea, fuera fruto exclusivamente de la deliberación política. Lo mismo pasa con muchas posiciones adoptadas en los Estados miembros de la Unión que han promovido este modelo de asociación tan cercana. El grado de penetración al que apuntan las informaciones conocidas, y su observación junto a las decisiones tomadas no parece dejar lugar a dudas. Cabría preguntarse si, una vez termine la investigación y ésta sea conocida, no sería necesario hacer una reevaluación completa de los acuerdos con quienes han manipulado nuestras instituciones para sus propios intereses.

La actual crisis de legitimidad en la que se encuentra el Parlamento Europeo tras estas revelaciones no puede entenderse de forma aislada. El impacto en las demás instituciones de la Unión de los lobbies que están detrás de la trama investigada también es real, y esto hace que la política exterior de la Unión se encuentre gravemente comprometida, cuando no secuestrada por intereses espurios.

Si realmente existe voluntad de que la Unión sea por si misma un actor geopolítico relevante es fundamental llegar hasta el final en esta investigación, y tomar las medidas necesarias para evitar cualquier injerencia espuria de terceros en nuestras decisiones. La UE debe reequilibrar su política hacia el Magreb asegurando que sus decisiones se toman en Bruselas y no en Rabat. Debemos asegurar que las relaciones con Marruecos, que son necesarias, no nos obligan a aceptar sus constantes violaciones de derechos humanos, al tiempo que debemos potenciar, también, las relaciones con un socio estratégico como inequívocamente es Argelia. Pero, sobre todo, es imprescindible volver a la senda del derecho internacional y de los acuerdos de la ONU, que dejan clara la soberanía saharaui, y construir una política europea que no esté sometida al chantaje constante de un Marruecos cuyas ambiciones coloniales están intactas.