Más de 100.000 multas en Aragón, la comunidad con más denuncias por saltarse el confinamiento

Las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elevado un total de 667.437 propuestas de sanción en todo el país por saltarse el confinamiento desde el inicio del estado de alarma. La cifra muestra que, en un país de 47 millones de habitantes, alrededor del 1,4% de la ciudadanía ha recibido una de estas propuestas de sanción. Sobre esta media se mueve, décimas arriba o abajo, prácticamente todas las comunidades autónomas con una gran excepción: Aragón. 

Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, la comunidad autónoma de Aragón acumula un total de 100.097 propuestas de sanción a sus ciudadanos. Esto es, prácticamamente una sexta parte del total se ha interpuesto en Aragón alcanzando un porcentaje del 15%. Esta cifra indica que, en caso de que cada ciudadano hubiese recibido solo una propuesta de sanción, alrededor de un 7,5% de la ciudadanía aragonesa habría recibido una propuesta de multa por no respetar el estado de alarma.

El elevado número de propuestas de sanción registrado en Aragón contrasta con el de otras comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media nacional. Es el caso de Asturias, donde se han interpuesto 7.166 propuestas de sanción para una población de más de un millón de ciudadanos (0,7% del total) o de Euskadi, donde se han registrado 16.665 con una población total de más de 2,2 millones de personas (0,75%). 

Por debajo de la media nacional, en cuanto a propuestas de sanción por habitante, se encuentran también, y en este orden, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valencia y Catalunya. Por encima de la media, se encuentra la citada Aragón junto a Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja. 

Porcentajes altos en Ceuta y Melilla

En el caso de la ciudad autónoma de Ceuta se acumulan un total de 5.549 propuestas de sanción, en una población de 84.777 personas, lo que significa también un porcentaje del 6,5% en propuesta de sanción por total de habitantes. En el caso de Melilla, sin embargo, las multas alcanzan a 2.225, lo que significa un porcentaje del 2,5% por población. 

5.923 detenidos

Los datos proporcionados por Interior también desvelan que durante el estado de alarma se han producido 5.923 detenciones por motivos relacionados al mismo. En este caso, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, tres de las comunidades autónomas más pobladas del país, acumulan el mayor número de detenciones con 883, 874 y 787 respectivamente. 

Dudas sobre la viabilidad de estas sanciones

Las sanciones propuestas por los diferentes cuerpos policiales están siendo objeto de una amplia polémica entre el Ministerio del Interior, la Abogacía del Estado y los juristas expertos en derecho penal y administrativo.

El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha dirigido una comunicación a las Delegaciones del Gobierno para explicar que la tramitación de estas sanciones se hará de acuerdo a la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana y estableciendo que, además, el simple hecho de salir a la calle sin motivo aparente ya supone una sanción por desobediencia. Esta 

Interior establece que el "desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes" será castigado con una multa de 601 euros

La comunicación de Interior también establece que el "desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes" será castigado con una multa de 601 euros; 2.000 euros si hay "menosprecio" o 3.000 euros si hay "intimidación, cuando no constituya infracción penal", ya que también es posible recurrir al Código Penal, con la posibilidad de penas de cárcel. Este menosprecio  elevaría el castigo hasta 10.400 euros, en el caso de que el infractor muestre "violencia o amenaza".

Por otro lado, diversos juristas y expertos, de acuerdo con informe realizado por Abogacía del Estado, que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos saltándose las indicaciones del estado de alarma y que, además, se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad.

El citado informe explica que el mero incumplimiento de las limitaciones impuestas no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia previsto en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad de 2015. Se precisa que el ciudadano, habiendo incumplido las medidas, desatienda el requerimiento expreso que le haga el agente que le haya descubierto.