La inversión en infraestructuras y la ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya son dos de las cuestiones -estrechamente ligadas- que marcan cualquier campaña de unas elecciones generales y la del 23J no es una excepción. La denuncia de una crónica liquidación de las cuentas generales del Estado en Catalunya inferior a la presupuestada es una constante de los partidos independentistas -sobre todo de ERC y de Junts-, pero que en este caso también hacen suya grandes organizaciones económicas, como por ejemplo la patronal Foment del Treball o la Cambar de Comerç de Barcelona.

Aunque se pueda hacer un uso más o menos partidista o interesado, los datos oficiales -del Gobierno español- constatan que es una realidad objetiva y que en las últimas décadas miles de millones en inversiones en Catalunya que aparecían en los presupuestos generales del Estado (PGE), posteriormente no se han llegado a materializar.

Así, por ejemplo, según los datos del Ministerio de Hacienda sólo entre 2013 y 2021 las cuentas estatales previeron una inversión en Catalunya de unos 11.400 millones, de los que se ejecutaron poco más de 7.000, es decir, el 61,4% de lo previsto y 4.400 menos de lo aprobado. La realidad es persistente con independencia de que el Gobierno esté en manos del PSOE o del PP, pese a los matices y diferencias entre ambas formaciones.

El último acuerdo en materia de infraestructuras entre la Generalitat y la Moncloa es muy reciente y servirá para desbloquear la prolongación de la B-40 -o Quart Cinturó- entre Sabadell y Terrassa -una demanda histórica tanto del PSC como de los grandes lobbies económicos, pero vista con escepticismo por ERC- y, paralelamente, que el Estado transfiera más de 900 millones al Govern que permitirán ejecutar varias obras de mejora en la red viaria -en la C-32, la AP-7, la AP-2 o la N-260- y en la ferroviaria.

Versiones contrapuestas

En las últimas semanas, la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha denunciado reiteradamente la poca ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya, versión rebatida por la ministra de Transportes, la también catalana Raquel Sánchez. Al mismo tiempo, Foment y la Cambra han presentado sendos informes para alertar de lo que consideran una infrafinanciación crónica en infraestructuras que golpea el territorio y va en detrimento de su competitividad.

En una reciente entrevista, Mas manifestó que "desde que el PSOE gobierna en el Estado [desde 2018], la ejecución de inversiones en la Comunidad de Madrid ha sido un 70'% superior a la de Catalunya". A partir de los datos del Ministerio de Hacienda, la consellera ha subrayado que de 2018 a 2021 -los datos completos de 2022 todavía no están disponibles- los PGE incorporaban 6.004 millones en inversiones en Catalunya -fundamentalmente destinadas a infraestructuras-, pero apenas se ejecutaron 3.270, es decir, la liquidación final quedó por debajo del 55% de lo presupuestado.

En la misma línea, el pasado 15 de junio el Parlament aprobó con los votos de ERC, Junts y la CUP una moción presentada por los republicanos que denuncia al Gobierno como "principal responsable" del "déficit inversor" que existe en Catalunya, ya que "sistemáticamente invierte por debajo de su capacidad". La queja sobre este déficit de inversiones, especialmente visible en el mal funcionamiento del servicio de Rodalies Renfe, fue ya uno de los grandes leitmotiv de la campaña de ERC para las pasadas elecciones municipales.

Por contra, la ministra Raquel Sánchez, antigua alcaldesa de Gavà (Barcelona), ha proclamado en los últimos días que "se está invirtiendo más que nunca en Catalunya" y ha cifrado en 859 millones la inversión de su ministerio en este territorio durante el 2022, lo que supondría un 35% más que el año anterior, aunque apenas superaría el 40% de lo presupuestado. "Es importante que hagamos un ejercicio de realismo, Catalunya es la primera comunidad en el ranking de inversiones del Estado. No hay ninguna otra región de España en la que se invierta más", ha asegurado.

¿Qué dicen los datos oficiales?

Como decíamos, según la liquidación de los PGE disponible en el portal del Ministerio de Hacienda, entre 2013 y 2021, la ejecución de las inversiones en Catalunya fue del 61,4%, lo que equivale a unos 7.000 millones de los 11.400 previstos. El mayor nivel relativo se dio en 2017, con una liquidación real del 80,9% -901 millones de los 1.114 presupuestados-, mientras que la cifra más baja es la de 2021, con apenas 740 millones de una previsión de 2.068, esto es, el 35,8%.

En cifras absolutas, la mayor liquidación aparece en el 2019 -con el PSOE en el Gobierno- y es de 957 millones, mientras que la menor la encontramos en el 2014, con apenas 631. Quien presidía el ejecutivo era entonces Mariano Rajoy (PP). Si la ejecución presupuestaria bajo la presidencia del PSOE fue del 54,4% -3.272 millones de un total de 6.040- entre 2018 y 2021, cuando gobernaba el PP fue de casi 4.500 millones de los 6.700 presupuestados entre 2013 y 2018, es decir, del 66,9%.

Sin embargo, si miramos más atrás, el balance cambia. Según un estudio publicado por la Generalitat a partir de los datos del Gobierno, entre los años 2001 y 2017 la inversión presupuestada por el Ministerio de Fomento en Catalunya -representa más del 80% del total- fue de 32.244 millones, pero la liquidación final se quedó por debajo de los 25.000 millones -24.812-, el 76,9% de lo aprobado, un nivel superior al de los últimos años.

Bajo los gobiernos del PSOE, la ejecución se situó en el 79,4% de lo presupuestado, mientras que en los del PP se quedó en el 71,9%. Sin embargo, la gran diferencia son las cifras absolutas, ya que la liquidación media de los ejecutivos del PP fue 971 millones anuales, mientras que la del PSOE se encaramó a 2.083 millones por curso, más del doble.

Déficit acumulado de decenas de miles de millones

Alertar de la insuficiente inversión en infraestructuras en Catalunya es una constante desde hace muchos años de organizaciones como Foment del Treball o la Cambra de Comerç. Ambas han coincidido en presentar informes en las últimas semanas sobre la cuestión, donde cifran en decenas de miles de millones de euros la infrafinanciación acumulada en esta cuestión. En el estudio El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2022, Foment lo cuantifica en 39.369 millones en el conjunto de este período.

La patronal parte de la base de que para situarse en la media europea, la licitación en infraestructuras en el territorio debería equivaler al 2,2% del PIB, pero en toda la etapa analizada esto sólo se cumplió en 2009, cuando alcanzó el 2,9%, mientras que el peor año fue en el 2016, cuando se quedó en el 0,5%. El informe analiza el conjunto de la inversión en infraestructuras de todas las administraciones, si bien el mayor déficit inversor lo acumula el Estado, responsable de buena parte de las principales instalaciones.

De hecho, Foment señala a los servicios ferroviarios como uno de los que más han sufrido este déficit, con incumplimientos flagrantes sobre todo del Plan de Rodalies 2008-2015 elaborado por el Ministerio de Fomento. En este sentido, la patronal considera que con una inversión adicional de 10.000 millones en los últimos 14 años se pudo actualizar la red ferroviaria de Catalunya y evitar buena parte de los recurrentes problemas de Rodalies. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha pedido una cumbre urgente entre ambos gobiernos tras el 23J para acordar el "traspaso total de Rodalies" a la Generalitat.

A su vez, la Cambra de Comerç considera que Catalunya necesita una inversión de 50.900 millones hasta 2040 para corregir el déficit "sistémico" de infraestructuras. La cifra supera los 45.000 que la institución había calculado en el 2019 como consecuencia de la "cronificación del bajo nivel de inversión", en palabras de Alícia Casart, directora del gabinete de estudios de infraestructuras de la Cambra.

"La raíz del problema son los incumplimientos sistemáticos que existen en la ejecución de infraestructuras por parte del Estado español", denunció la presidenta de la organización, Mònica Roca, en la presentación del estudio, realizada el pasado 20 de junio. Según la Cambra, el 80% de las actuaciones en infraestructuras dependen del Gobierno. Y es por eso que las relaciones entre ambos ejecutivos son primordiales para revertir o, al menos, paliar esta situación crónica.