La campaña comenzó oficialmente la semana pasada pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace tiempo que proclama su enmienda a la totalidad a la obra de gobierno de Pedro Sánchez. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la expresión acuñada por los populares de "derogar el sanchismo" toma un nuevo significado ante los pactos que puedan alcanzar con Vox.

No son pocas las leyes sociales y económicas impulsadas por PSOE y Unidas Podemos que Feijóo ha anunciado que suprimirá si gobierna. La ley de memoria democrática, la ley de cambio climático, la ley de vivienda, la ley trans y la ley Celaá de educación son algunas de ellas.

Pero, ¿qué impacto tendrá esto sobre Catalunya? Con legislación propia sobre muchas de las materias, las consecuencias pueden estar algo amortiguadas, pero esto no evita ciertos retrocesos. Por ejemplo, dificultar los avances en memoria, evaporar una regulación de precios de los alquileres que todavía no ha entrado en vigor o recuperar el 25% de castellano obligatorio en las aulas. Lo analizamos.

La ley de Memoria Democrática

La memoria democrática ha sido uno de los caballos de batalla de Pedro Sánchez y la nueva ley, que sustituye a la de 2007, ha permitido la exhumación del Primo de Rivera y el cambio de nombre del Valle de los Caídos en el Valle de Cuelgamuros, entre otros.

Previsiblemente será de las primeras legislaciones que modificará un PP que se ha mostrado absolutamente en contra de cualquier condena al franquismo. Sin embargo, fuentes del Departament de Justícia apuntan a que la memoria es "competencia exclusiva" de la Generalitat y queda regulada en el Estatut d'Autonomia, por lo que minimizan el efecto de esta hipotética derogación en Catalunya.

"La Generalitat seguiría exhumando fosas, haciendo políticas de reparación y el Memorial Democrático continuaría con su labor", destacan. Todo esto ya se hacía con anterioridad a la aprobación de la ley estatal.

Sònia Olivella, abogada de Irídia, añade que el marco normativo catalán sobre memoria "se ha reproducido e incluso mejorado en otras comunidades autónomas" y que ahora la nueva ley catalana -en trámite parlamentario- lo actualizará. El objetivo es también "fundir" las diferentes normas de este ámbito en el nuevo texto.

Sin embargo, de la derogación sí saldrían afectadas cuestiones estatales, como la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática o el censo de víctimas.

Por otra parte, también están en entredicho las querellas por los crímenes del franquismo. En Catalunya, Irídia, Òmnium Cultural y otras entidades memorialistas interpusieron una en noviembre por el caso del militante sindicalista Carles Vallejo. La Generalitat se ha personado también como acusación popular.

Ni Justicia ni Irídia ven en la modificación de la 20/2022 una estocada a estas querellas, de las que se han presentado más en todo el Estado. "La obligación de no amnistiar crímenes de lesa humanidad no deriva de la ley sino de tratados internacionales", sostienen las fuentes del Departament.

Olivella apunta a que la ley "da más fuerza y consenso social" a las querellas para que estos crímenes no queden impunes, pero que en cualquier caso esto también se deriva de la propia Constitución y el Código Penal. "El marco jurídico ya permite y obliga al Estado a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Otra cosa es que el poder judicial es como es", afirma, en relación con la negativa judicial a admitir a trámite la mayoría de estos casos, escudándose en la prescripción de los hechos o en la ley de Amnistía de 1977.

Ante la modificación de la ley de memoria, la abogada sostiene que "difícilmente podría sacarse adelante una ley que diga que no se pueden investigar estos crímenes", porque esto contravendría la propia legislación y el derecho internacional.

La ley de cambio climático

La ley de cambio climático fue una de las primeras que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, pero la tramitación parlamentaria prolongó su entrada en vigor hasta mediados de 2021.

Esta norma marca objetivos de reducción de emisiones y descarbonización, siendo una de las medidas más destacadas la que fija la obligatoriedad de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Es decir, planes de movilidad que limiten el acceso a los vehículos más contaminantes.

Más allá de Barcelona, que ya tiene desde 2020, esto afecta a L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona, Lleida, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Sant Boi de Llobregat, Girona, Cornellà de Llobregat, Manresa, Rubí, Sant Cugat del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Castelldefels y Mollet del Vallès.

En principio, las ZBE debían estar en vigor antes de 2023, pero en la práctica no ha sido así y muchas aún están en despliegue. La ley también incluye que tendrán que tener una aquellos municipios de 20.000 o más habitantes que superen los máximos de contaminación atmosférica.

Si se deroga la ley, como el PP ya ha avanzado que hará si gobierna, de entrada las ZBE dejarán de ser obligatorias. Sin embargo, esto no quiere decir que desaparezcan, ya que Catalunya también las regula en su propia legislación.

Es el caso del Plan Director de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona y del Plan de Calidad del Aire, donde, además, se amplían las ZBE a todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, independientemente de su nivel de contaminación.

"Las ZBE podrían seguir aplicándose. Sería difícil echarlas para atrás porque ya están vigentes en muchos municipios", apunta Nacho Guilera, responsable de Ciudad y Territorio en la consultoría ambiental Anthesis Lavola.

Además, Catalunya también plantea unos objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática ligeramente más ambiciosos que los españoles. En ese sentido, la derogación de la ley estatal tendría unos efectos limitados.

"Alguna afectación puede tener, pero tienes que alinearte con las directivas europeas y eso complica ir hacia atrás", sostiene Guilera. Sin embargo, en materia de transición energética y despliegue de energías renovables sí que se podrían realizar cambios en la ley que hicieran el proceso "más dificultoso".

La ley de vivienda

Es una de las últimas leyes aprobadas antes de convocar elecciones y se ha gestado prácticamente durante todo el mandato, puesto que formaba parte del mismo acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos. Pese a las limitaciones denunciadas por los colectivos de la vivienda, esta ley materializa la regulación de los precios de los alquileres y también establece medidas de protección frente a los desahucios.

En Catalunya ya había una ley que fijaba un tope en los alquileres, pero la tumbó el TC por invasión de competencias del Estado. Desde entonces, en marzo del 2022, no ha habido regulación y los precios han subido a máximos históricos. En Barcelona cuesta ya 1.087 euros de media.

En Catalunya, esta ley regulará los precios en 140 municipios. El Govern ya ha iniciado los trámites para declararlos "zonas tensionadas", es decir, aquellas en las que hay dificultades para acceder a un inmueble y la oferta de vivienda asequible es insuficiente.

Dado que esta tramitación depende de los gobiernos autonómicos y los del PP ya han anunciado que no la pedirán, previsiblemente la regulación sólo se aplicará en Catalunya. Sin embargo, todavía no está en vigor y, si un hipotético gobierno del PP la derogara tras el 23J, seguramente moriría sin haberlo estado.

Si se deroga, no habría regulación y también decaerían unas herramientas para frenar desahucios que la PAH aspiraba a que sirvieran para firmar "miles de alquileres sociales". Y, si la Generalitat sacara adelante nueva legislación, previsiblemente también decaería ante el TC porque se trata de competencias estatales.

La 'ley trans'

Catalunya dispone de varias leyes propias que regulan los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+. En este sentido, la derogación de la ley trans, una norma que también tardó en ver la luz por las reticencias que generaba en el seno del PSOE, no afectaría a la mayoría de derechos adquiridos.

Por ejemplo, fuentes del Departament d'Igualtat explican a Público que los servicios de atención a personas trans, como el Trànsit, no resultarían afectados en caso de que se derogara esta normativa. Catalunya ya disponía de estas leyes y servicios de antes de que se aprobara la ley trans, hace apenas unos meses.

"Sí que afectaría a cuestiones de competencia estatal, como el cambio de sexo registral o permisos de refugio en caso de personas trans migradas", señalan las mismas fuentes.

Es decir, volvería a ser difícil cambiar el sexo registral y el nombre del DNI, entre otros. Pero el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria, al ser una cuestión que gestiona Catalunya, podría seguirse haciendo.

La ley Celaá

La actual ley que rige el sistema educativo español es la LOMLOE, aprobada en el 2020, que también se conoce como ley Celaá porque en ese momento la ministra de Educación era Isabel Celaá. Esta ley sustituyó a la ley Wert, muy polémica en cuanto al papel que otorgaba a las lenguas cooficiales, entre otros.

La ley Celaá fue clave en la articulación de la respuesta a la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a las escuelas catalanas a impartir un 25% de los contenidos en castellano.

En el momento en el que salió la resolución -a instancias de un recurso del PP- el entonces conseller de Educació Josep Bargalló ya avanzó que ese 25% quedaría "sin efecto" con la nueva ley estatal.

Además, la Generalitat también salió adelante varias reformas legislativas para garantizar que no se podían aplicar porcentajes en las lenguas en las aulas. Todo esto quedaba blindado con la ley Celaá, que no sólo no establecía porcentajes sino que finalmente

Recientemente, el TC avaló la ley Celaá rechazando el recurso presentado por Vox en el que sentenciaba que de la Constitución no deriva la fijación necesaria para el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo.

Manifestación en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la sentencia del 25% en castellano y en defensa de la escuela en catalán. Sin embargo, la derogación de esta ley podría ser una estocada por la inmersión en Catalunya. De hecho, el líder del PP ya avanzó en el primer acto de campaña, en Castelldefels, que junto al catalán quiere convertir al castellano en lengua vehicular. Si sacara adelante una nueva legislación, podría fijar los porcentajes de castellano que considerara.

Podrían ser del 25%, pero también del 50%, de gobernar un Vox que se está haciendo con las consejerías de Educación en las comunidades donde está accediendo al poder. En este escenario, quedaría en cuestión la ley catalana que establece específicamente que no se aplicarán porcentajes en la escuela. Las sentencias que podrían producirse derivadas de nuevas denuncias por incumplir la ley estatal, previsiblemente irían en la dirección de esta norma española.

La Generalitat podría apelar al Tribunal Constitucional, pero nada hace pensar que el tribunal dictara en contra de una ley aprobada por el propio Gobierno.