Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
'Público' pidió a expertos que investigan habitualmente causas de corrupción que analizaran el informe de la UCO. Su conclusión es clara: "O existe falta de interés en la investigación o quienes redactaron el informe desconocen cómo funcionan estas tramas".
Entre otras lagunas cabe destacar que la UCO no analiza todas las operaciones bancarias de Equipo Económico y sus socios, no identifica a algunos beneficiarios de fondos o pagadores, y no intenta localizar otras cuentas de los investigados pese a los indicios claros de que existen.
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El último informe de la UCO en el caso Montoro se hizo esperar durante casi dieciséis meses… y al final la montaña parió un ratón. La unidad de la Guardia Civil conocida por la perspicacia e intensidad de sus investigaciones en muchos escándalos con impacto mediático –el caso Cerdán es el ejemplo más reciente– entregó al juez de Tarragona un informe lleno de lagunas. Público pidió a expertos que investigan habitualmente causas de corrupción que analizaran dicho informe de la UCO. Su conclusión es rotunda: "O existe falta de interés en la investigación, o quienes redactaron el informe desconocen cómo funcionan estas tramas".
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y algunos de sus más estrechos colaboradores impulsaron reformas legislativas para favorecer a determinadas empresas a cambio del pago de mordidas al bufete Equipo Económico, creado por el propio Montoro en 2008 y controlado desde entonces por personas de su confianza. El exministro y otras 27 personas –además de seis empresas– están imputadas por la presunta comisión de delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
El 23 de octubre de 2023, el magistrado Rubén Rus dictó un auto en el que ordenaba a la UCO que realizara un análisis de 339 cuentas bancarias relacionadas con la investigación. Como desveló Público, la Guardia Civil comunicó a la fiscal del caso, en junio de 2024, que aún no había iniciado el análisis de la información remitida por las entidades bancarias, a pesar de que ya tenía los datos de 321 de las 339 cuentas. Ello provocó que la fiscal, Carmen García Cerdá, enviase un escrito al instructor pidiendo que la UCO analizase las cuentas "con carácter urgente". Así lo hizo el magistrado y, finalmente, la UCO entregó su informe en el juzgado el 19 de febrero de 2025. Habían transcurrido un año, tres meses y 27 días desde el auto del juez ordenando que se realizara dicho análisis.
A continuación se detallan los agujeros más evidentes del informe, según el análisis de los expertos en tramas de fraude fiscal consultados por Público.
1. En los ingresos bancarios no aparecen 160.580 euros
El informe de la UCO, de 77 páginas, se centra en los pagos realizados por una serie de empresas gasistas a la sociedad Equipo Económico –y a su sucesora, Global Afteli– a cambio de lograr una reforma legislativa que les beneficiaba fiscalmente.
Los investigadores de la Guardia Civil tuvieron a su disposición los datos de los ingresos y pagos registrados en las cuentas de los investigados y también las declaraciones del modelo 347 tanto de Equipo Económico (EE) y Global Afteli (GA) como de sus clientes y proveedores. Este último documento es una declaración que deben presentar todas las empresas en Hacienda, en febrero de cada año, indicando las operaciones con terceros por un importe superior a 3.005 euros que han tenido en el ejercicio anterior. Deben declarar tanto ingresos como gastos.
Pues bien, en el informe de la UCO podemos leer lo siguiente: "Según la información tributaria, EE/GA habría recibido pagos de las sociedades gasistas investigadas por un importe total de 834.155 € entre los años 2011 y 2019. Sin embargo, del análisis realizado sobre sus cuentas bancarias, únicamente se han identificado abonos que ascienden a un total de 673.575 €". Y ahí lo dejan, sin explicar por qué no han hecho las gestiones necesarias para aclarar una discrepancia de 160.580 euros.
"Es absurdo que Equipo Económico declare más ingresos de los que tuvo. Una compañía se puede inventar gastos, para desgravarlos y pagar menos a Hacienda, pero no ingresos", indican los expertos consultados. Además, se da la circunstancia de que los ingresos declarados por Equipo Económico coinciden con los pagos efectuados por las empresas gasistas, tal y como destacó la propia UCO en un informe anterior incorporado al sumario del caso Montoro.
"La UCO debió sospechar que no disponía de la totalidad de las cuentas bancarias de Equipo Económico", explican las fuentes, "porque lo que es evidente es que las empresas gasísticas abonaron ese dinero en algún sitio". Y, por tanto, los investigadores de la Guardia Civil tenían que haber indagado para averiguarlo.
2. Beneficiarios de dinero que no se identifican y traspasos de fondos que no se encuentran
En el informe de la UCO se incluye la siguiente afirmación respecto a una empresa pantalla (Tutman Fiscalía SL) utilizada por uno de los socios de Equipo Económico (Manuel de Vicente-Tutor): "Entre los adeudos realizados a partir de ese momento, destaca un traspaso efectuado el 02/09/2013 a otra cuenta de Tutman, según consta en los comentarios del movimiento, por un importe de 15.000 €. Sin embargo, al analizar las cuentas de Tutman, no se ha localizado el ingreso de estos fondos".
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Un comentario casi idéntico se produce respecto a la sociedad pantalla (Econodos SL) utilizada por el presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico: "Transferencia de 36.300,60 € ordenada el 28/08/2013, con el comentario 'FACT. 13/08/001 '. Tras consultar las dos cuentas bancarias de Econodos incluidas en la causa, no se ha localizado el ingreso mencionado".
De nuevo, los investigadores de la Guardia Civil no explican cómo es posible que una transferencia "a una cuenta de Tutman" no sea localizada "en las cuentas de Tutman". Y tampoco indican por qué no investigaron el destino de esos fondos.
"La no identificación de estas operaciones solo tiene como conclusión que no se disponía de la totalidad de las cuentas bancarias que debían ser investigadas. De nuevo, la UCO no hizo uso de la facultad otorgada por el magistrado de requerir a las entidades bancarias información complementaria de las cuentas de destino de los traspasos o transferencias realizadas", destacan los expertos con los que habló este periódico.
Igual de sorprendente, si no más, es el caso de las hermanas Caballero. Hasta en cuatro ocasiones aparece en el informe de la UCO una referencia como esta: "Analizados los adeudos efectuados desde la misma cuenta bancaria se observa una transferencia ordenada el día 02/10/2013 por importe de 4.330,60 €, con cuenta bancaria de destino de estos fondos figura como ES2100650120… [aquí constan los 24 números del IBAN] figurando como beneficiarias Mercedes y Ana Caballero. Pese a haberse recabado información adicional de la entidad bancaria sobre este movimiento, no se han obtenido datos que permitan una identificación completa de Mercedes o Ana Caballero".
Los expertos consultados por Público ponen en duda que los agentes de la UCO hayan recabado realmente información adicional al banco. Si lo hubieran hecho, y la entidad se hubiera negado a identificar a las beneficiarias de la cuenta, estaría desobedeciendo el mandato judicial y se podría actuar contra ella. Metiendo el IBAN que figura en el informe de la UCO en cualquier buscador de Internet se sabe que corresponde a una cuenta de una oficina en Madrid de Barclays (ahora Caixabank).
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En tres de las cuatro ocasiones en que se cita dicha operación con las desconocidas hermanas Caballero, consta a pie de página una anotación destacando que se ha consultado el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), que "no arroja resultado alguno". El FTF es un registro gestionado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que reúne información aportada obligatoriamente por las entidades financieras, incluyendo los datos identificativos de los titulares y autorizados en las cuentas y las cajas de seguridad. Como es obvio, una cosa es consultar el FTF y otra muy diferente recabar información adicional a un banco para identificar a los beneficiarios de una operación financiera.
"Que la UCO confiese que no ha sido capaz de identificar a dos personas, pese a tener su nombre y primer apellido y una serie de movimientos bancarios en los que aparecen como beneficiarias, es prueba de un trabajo insuficiente e incompleto. La UCO simplemente no agotó las comprobaciones que podía haber efectuado", indican los expertos.
3. Productos bancarios que no se analizan
El informe de la UCO responde a una petición concreta del juez instructor, en su auto de 23 de octubre de 2023, en el que además de los movimientos de las cuentas bancarias, se pide "la identificación de cualquier otro producto (préstamo, crédito, tarjetas, talonarios de cheques, planes de pensiones, fondos de inversión, carteras de valores, etc…) vinculado a la persona física o jurídica sobre la cual se emite el mandamiento". Pues bien, veamos qué hicieron al respecto los investigadores de la Guardia Civil.
En cuanto a los cheques, la UCO no identifica quién los emite o sobre qué cuentas bancarias se adeudan. Y ello a pesar de que por esta vía ingresaron en las cuentas de Equipo Económico 1.999.031 euros.
Respecto a las tarjetas bancarias, no se analiza qué pagos se realizaron con ellas. En algunas ocasiones, la UCO se limita a indicar que se hicieron operaciones "sin interés para los hechos investigados".
En relación con las carteras de valores y los planes de pensiones, no hay referencia alguna en el informe de la Guardia Civil sobre estos productos.
En cuanto a los fondos de inversión, tampoco se ofrece información sobre los mismos, pese a que consta que algunos investigados invirtieron en este tipo de productos. En un caso, se llega a afirmar que en una cuenta "se efectuaron once (11) adeudos relacionados con fondos de inversión no identificados". De nuevo, operaciones que la UCO no se molesta o es incapaz de identificar.
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Por último, respecto a los préstamos, únicamente se hace referencia a una serie de abonos realizados entre dos sociedades vinculadas a Francisco Javier Aguirre Nogués, uno de los socios de Equipo Económico. Más allá de los abonos, tampoco se incluye dato alguno sobre el préstamo: ni cuándo se concedió, ni el motivo, ni el importe, ni el destino dado a los fondos, ni el periodo de amortización.
Parece difícil de creer que los 28 investigados no hayan tenido entre 2008 y 2019 –el periodo que ordena analizar el juez– ningún otro préstamo ni hipoteca.
La conclusión de los expertos con los que habló Público es inequívoca: "El informe de la UCO desoye y obvia lo requerido por la autoridad judicial en relación con los productos bancarios de las personas investigadas. La unidad adscrita de la Guardia Civil no cumplió con lo que se le había ordenado por el juez".
A una conclusión similar llegó la fiscal del caso tras leer el informe de la UCO. Solo así se explica que, en un escrito fechado el pasado 22 de abril, Carmen García Cerdá solicitara practicar una serie de diligencias de investigación que tienen la evidente intención de resolver los agujeros del informe de la Guardia Civil. Entre ellas, destacan las siguientes:
– Que las entidades bancarias aporten los documentos acreditativos de la identidad de las personas que efectúan cargos o abonos en efectivo en dichas cuentas bancarias mediante cheques, con remisión de copia completa de cada uno de los cheques (anverso y reverso).
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– Que Equipo Económico, los socios y sus instrumentales aporten la documentación que acredite la identidad de los titulares de los préstamos que están siendo amortizados desde aquellas cuentas a los que hace referencia la UCO.
– Que las entidades financieras faciliten la información sobre los titulares, autorizados y beneficiarios de los depósitos o cualquier otro producto financiero contratado con ellas que recibiera fondos desde las cuentas investigadas.
– Que las entidades bancarias aporten los documentos asociados a los planes y fondos de pensiones, tarjetas, seguros, porfolios de carteras de valores, contratos de alquiler de cajas de seguridad, así como de cualesquiera productos contratados con la entidad bancaria, identificando al beneficiario de los mismos.
Además, la fiscal pidió que el informe de la UCO y sus anexos se trasladasen a la Agencia Tributaria y a los Mossos para que, a la vista de la información bancaria disponible, completasen los informes que habían presentado previamente en el juzgado.
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En un auto fechado el pasado 12 de junio, el juez Rubén Rus rechaza solicitar dicha información a las entidades financieras porque, salvo "error u omisión", ya fueron aportados y "constan en los anexos del informe" de la Guardia Civil. Los anexos no han trascendido públicamente, pero es indudable que en el informe de la UCO de 77 páginas no consta la información solicitada por la fiscal.
Pese a rechazar la petición de Carmen García Cerdá, el juez pregunta a las dos unidades que actúan como policía judicial en la causa –los Mossos y la UCO– si resulta precisa "la emisión de mandamientos dirigidos a entidades bancarias a fin de obtener datos que precisen para completar sus informes", tal y como reclama la fiscal.
El juez, además, accede a la petición de la fiscal de trasladar el informe de la UCO y sus anexos a la Agencia Tributaria, "a fin de que completen los informes de avance a los que alude el Ministerio Fiscal e informen del análisis de las cuentas".
4. Una hipótesis de investigación absurda
En el informe de la UCO se analizan 29 entradas en cuentas de Equipo Económico de fondos procedentes de las empresas gasistas, "como punto de partida de la trazabilidad realizada para determinar el destino final de estos fondos". Pero, lógicamente, en las cuentas del bufete que fundó Montoro no se recibía únicamente dinero de las compañías gasistas. ¿Y qué hace la UCO cuando llega dinero de otro origen a esas cuentas? Deja de investigar el destino del dinero recibido de las gasistas.
Así lo explica, por ejemplo, en la "operativa 13" de las 29 analizadas: "El día 03/06/2014 se recibe un ingreso por importe de 26.883,08 € procedente de, según lo apuntado en el comentario de la operación, Beinsa Ingeniería y Control Industrial, fijando el saldo de la cuenta en 179.799,39 €. Tras este ingreso no se continúa con la trazabilidad del ingreso recibido de Praxair analizado en este apartado". Praxair es una firma gasista, mientras que Beinsa no lo es y no está siendo investigada.
"Es una hipótesis de investigación absurda. El dinero que ingresa es de Equipo Económico, forma parte de una caja única", destacan los expertos consultados por Público. Y añaden: "Era necesario realizar la secuencia de los abonos en las cuentas de Equipo Económico de los fondos transferidos por las empresas gasísticas y las consiguientes disposiciones, pero no es óbice para despreciar los adeudos efectuados durante el tiempo anterior a las mismas ni el posterior, por la simple circunstancia de producirse otros ingresos de otros clientes".
La Fiscalía, en su escrito del 22 de abril, también solicitó que los Mossos y la Guardia Civil realicen "la trazabilidad completa no sólo de las operaciones analizadas sino de los fondos obtenidos por Equipo Económico/Global Afteli y por los investigados, que permita la identificación del beneficiario real de los mismos". El juez, en el auto de junio en el que resuelve sobre la petición de la fiscal, no se pronunció sobre esa solicitud concreta, aunque sí da por supuesto que las unidades de ambos cuerpos adscritas al caso como policía judicial deben completar los informes que aportaron hasta el momento a la causa.
5. Información mínima sobre los fondos del extranjero
En el informe de la UCO se detallan hasta 40 ingresos recibidos en las cuentas investigadas desde el extranjero, por un importe total de 639.464 euros. Los investigadores no realizan un análisis detallado de los pagadores, ni mencionan cuáles son las cuentas de origen. En diez casos figura un concepto genérico: "Abono por transferencia a su favor". En el resto, en el concepto constan varios nombres de los supuestos pagadores, pero no se investiga quiénes son, por qué pagan o cuánto abona cada uno.
Los agentes de la UCO sólo detallan una operación concreta: "De los ingresos procedentes del extranjero, es preciso hacer mención al ingreso de 120.000 € registrado el 7 de marzo de 2011 en la cuenta nº 0201… de la entidad BBVA, vinculada a EE. Según información adicional proporcionada por la entidad financiera, dichos fondos fueron ingresados por la mercantil Praxair Incorporated. Este abono evidencia una relación comercial anterior entre Praxair y EE".
Parece evidente para cualquiera, aunque no sea investigador de la UCO, que si una empresa abona a otra 120.000 euros es porque existe una "relación comercial". Pero, ¿de qué relación comercial se trata? ¿Cuándo se inició? ¿Qué contratos la soportan? ¿Quién firmó el acuerdo por ambas partes? ¿Por qué se abona el dinero desde el extranjero? Ninguno de estos aspectos parece haber despertado la curiosidad de los agentes.
"Lo escueto de la conclusión obtenida hace gala de la ausencia de inquietud investigadora de la UCO referida a esa supuesta relación comercial y de cuales fueron los servicios prestados por Equipo Económico que dieron lugar al citado ingreso", indican los expertos consultados por Público.
6. Una conclusión inane
A la vista del análisis realizado por la UCO, no puede extrañar que "la síntesis" que hacen los propios agentes en su informe sea totalmente inane: "La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destino los socios de EE/GA a través de transferencias directas. Estos montos, al ser rastreados en las cuentas de destino, fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos".
Los expertos con los que habló este periódico son especialmente críticos aquí: "La síntesis, como resultado de las investigaciones efectuadas, no tiene trascendencia alguna. Que sean 'transferencias directas' los ingresos recibidos de las empresas gasísticas por el despacho… es que no podía ser de otra forma. Son empresas auditadas y los pagos junto con las facturas recibidas del despacho daban fiabilidad y consistencia a las relaciones mantenidas".
Y lo mismo concluyen respecto al destino dado al dinero: "Que se destinen los fondos recibidos a gastos corrientes personales o de despacho es lo común. ¿Qué se pensaba la UCO, que lo iban a retirar en efectivo?".
"El dinero que llega de forma transparente a Equipo Económico no se va a utilizar para pagar cohechos", explican los expertos. En una trama como esta, si se quiere pagar una mordida, hay dos vías para hacerlo: o la empresa pagadora lo abona directamente en una cuenta que tenga en el extranjero el perceptor de la mordida, preferentemente en algún paraíso fiscal o jurisdicción que no facilite información tributaria a España, o la trama utiliza las empresas pantalla para generar dinero B que se pueda entregar en un destino seguro al receptor de la mordida. Esto último se logra, por ejemplo, mediante la emisión de facturas falsas.
En consecuencia, concluyen, lo que debería haber hecho la UCO es "analizar las cuentas de Equipo Económico como una caja única y no limitarse a la trazabilidad de algunos ingresos; ver si los socios del bufete se enriquecieron de forma ilícita, y comprobar si las operaciones que declaran las sociedades pantalla de esos socios están soportadas por la realidad o si esconden negocios jurídicos falsos".
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