Autopistas de peajeUn alcalde del PP denunciará a Fomento ante la Audiencia Nacional

El Ayuntamiento de Arteixo, el industrioso municipio limítrofe con A Coruña donde tienen sus sedes y fábricas empresas como Inditex y que gobierna el Partido Popular, ha anunciado que denunciará al Ministerio de Fomento ante la Audiencia Nacional por su negativa a suprimir el peaje de la autovía que une la localidad con A Coruña. El Consistorio cree que esa solución es mucho más lógica y razonable que la costosa inversión prevista por el departamento de De la Serna para construir un nuevo vial para conectar el puerto exterior de A Coruña, ubicado en Arteixo, con la autovía a Madrid.

El Ayuntamiento, que preside Carlos Calvelo considera que la decisión del departamento de Íñigo de la Serna de construir un nuevo enlace entre la carretera de salida del puerto y la autovía a Madrid, en vez de suprimir el peaje de la autopista que ya une ambos puntos, es un gasto inútil y además ilegal, ya que incumple la normativa europea que prohíbe usar financiación comunitaria –la infraestructura prevista la tendría- para ejecutar obras que no resulten imprescindibles. Tras varios meses de litigios, sin conseguir que el ministro lo recibiera, y tras ver rechazado su último recurso por la vía administrativa, el alcalde ha decidido iniciar un procedimiento contencioso-administrativo contra Fomento.

El peaje de Pastoriza -0,55 euros para turismos, 0,80 para vehículos pesados de primera categoría y 1,05 para los de segunda- grava la circulación por un tramo de apenas dos kilómetros de longitud entre la salida sur de A Coruña y la entrada a Arteixo por la autopista de la Costa da Morte, la AG-55. El titular de esa vía es el Estado, pero su explotación está en manos del Grupo Itínere, que tiene su concesión hasta el año 2045.

Cuando se proyectó el puerto exterior tras la catástrofe del Prestige como dársena de cabecera y refugio para el tránsito de hidrocarburos que aún hoy siguen llegando a la terminal de petroleros del puerto de A Coruña, en el centro de la ciudad, el Estado escogió Punta Langosteira, en Arteixo. Pero no diseñó una salida por autovía que se hacía evidentemente necesaria para acoger el previsible tráfico de vehículos pesados que soportaría el puerto.

Pasado el tiempo, y con la dársena exterior aún sin terminar pero ya en funcionamiento, Fomento planificó la construcción de un enlace con la autopista. Ante la necesidad de liberar del pago a las empresas usuarias del puerto para dotar a éste e una salida rápida por autovía o autopista, y en vez de levantar el peaje para todos los usuarios, optó por invertir 27,3 millones de euros en construir dos carriles de conexión que circulan paralelos a la AG-55 hasta conectar con ella una vez superadas las cabinas de peaje. “Nosotros los llamamos los carriles de la vergüenza”, dice Calvelo.

Fomento advirtió que tenía la obligación legal de conectar el puerto exterior con la red de carreteras de interés general de Estado

Tras la ejecución de esa obra, Fomento advirtió que tenía la obligación legal de conectar el puerto exterior con la red de carreteras de interés general de Estado. Es decir, con la autovía A-6 Madrid-A Coruña, que desemboca en Arteixo y que ya cuenta con una salida hacia a la ciudad precisamente por la AG-55. Para que el tramo resulte gratuito, la solución de sentido común es levantar el peaje, como el Ayuntamiento planteó al Ministerio de De la Serna. Éste, sin embargo ha optado por aprobar un estudio informativo que prevé otro colosal proyecto para conectar el puerto con la A-6 desaprovechando la AG-55 y la ampliación libre de peaje con los carriles que ya está en uso.

Según el regidor de Arteixo, los propios datos del Ministerio estiman que en el año 2037 habrá un tráfico de 2.064 vehículos diarios por esa futura vía, para la para entonces se habrán gastado 80 millones de inversión inicial más otros 32 millones que presupuestan en este nuevo estudio, en lugar de aprovechar la inversión “para que beneficie al tráfico ciudadano en general, y no sólo al portuario”. Además, se desaprovecharán los 27,3 millones ya invertidos en los “carriles de la vergüenza”, que quedarían inutilizados. Y todo cuando indemnizar a Itínere por la supresión del peaje supondría 22,3 millones.

Calvelo niega intencionalidad política alguna en el recurso que planea presentar en la Audiencia Nacional, y cuando se le advierte de que es el primer alcalde del PP que denuncia en el juzgado a un Gobierno del PP para reclamar la supresión de un peaje, advierte de que sólo protege los intereses de los ciudadanos de Arteixo y de las empresas instaladas en su municipio.

El regidor cree que los argumentos de Fomento para descartar su propuesta adolecen de “inconsistencia legal y funcional”. Y los contrapone a los suyos, que, según asegura, están lo suficientemente fundamentados como para ganar el recurso, sea en la Audicencia Nacional o, si hace falta, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a donde no descarta recurrir. Entre otras cosas porque la decisión de Fomento incumple el principio de desarrollo sostenible de las actuaciones públicas que establece la normativa comunitaria, y que debe cumplirse especialmente en el caso de que éstas gocen de financiación de la UE.

Construir una autovía entre dos puntos cuando ya existe una conexión por autovía que los une no parece la solución más sostenible. Más aún cuando Arteixo es el único municipio gallego pegado a una gran ciudad cuyos habitantes deben pagar peaje para usar una circunvalación. Y algunas piensan que detrás de la negativa a suprimirlo sólo están los intereses de Itínere. El polígono de Sabón es uno de los más importantes de Galicia y en él trabajan miles de personas, pero no tiene conexión por ferrocarril –en la comunidad no existe red de cercanías- y ni siquiera hay una línea de autobuses que lo conecte directamente con A Coruña y con otros municipios cercanos, donde viven muchas de ellas.