La actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha sido condenada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada.

Según el auto del juez, De Andrés es responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).

La causa no sólo afecta a la actual regidora, sino que también han sido condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa en 2010.

El auto especifica que inhabilita a los condenados a "representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada".

Por otra parte, el magistrado condena a De Andrés a la pérdida de "cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa", así como a la "devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa".

Asimismo, la condena de modo mancomunado a la "cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa".

Una gestión "culposa" 

Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del Consejo de Administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipios, que actualmente está en concurso de acreedores.

La Fiscalía entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa pública posteriormente fue consecuencia directa de una gestión "culposa" en lo referente a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.

En concreto, el juez entiende como "culposa" la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a 'reservas voluntarias' del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del CREAA.