MADRID.- Las instituciones como una inmensa jaula de hierro. En este caso, la Asamblea de Madrid. El grupo parlamentario de Podemos lleva más de un mes reclamando tener acceso a varias actas de la Mesa de la Asamblea para saber, entre otras cosas, por qué el máximo órgano de dirección de la Asamblea no aceptó la comparecencia de Aznar Junior en la sesión de la comisión sobre la corrupción que trataba de poner luz en la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 2.935 viviendas sociales a un fondo de inversión.

Parece una tarea fácil. Buscar el documento, fotocopiarlo y entregarlo al diputado. Es lo que se llama transparencia. Sin embargo, nada es fácil cuando la burocracia así lo desea. Tras varias negativas por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid a proporcionar a los diputados el acta de su reunión donde se decidió rechazar la comparecencia de Aznar Jr., la secretaria general de la Mesa, nombrada a propuesta del Partido Popular, realizó un informe en el que se decidió que los diputados sólo tienen derecho a "consultar" estas actas, previa autorización de la Mesa, y no a tener una copia de las mismas, tal y como plasmó en el documento al que ha tenido acceso este diario. 

Los rechazos, primero, y los inconvenientes, después, de la Mesa de la Asamblea han sorprendido al grupo parlamentario de Podemos porque el artículo 19 del Reglamento del parlamento madrileño establece como "derecho" de los diputados el "recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea, salvo las que correspondan a actuaciones que según lo dispuesto en el Reglamento tengan carácter secreto". Un carácter secreto que, obviamente, no se da en este caso, y que sorprende aún más cuando, tras varias reclamaciones, la Mesa aceptó finalmente la comparecencia de Aznar Jr. en calidad de "experto". 

El artículo 19 del Reglamento del parlamento autonómico madrileño establece como "derecho" de los diputados el "recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea

Sin embargo, la letrada que ocupa la secretaría general de la Mesa, que ha sido nombrada por el Partido Popular como primera fuerza parlamentaria, considera que no se trata de "un derecho absoluto" e interpreta que, en este caso, los diputados sólo pueden ver el documento y no disponer del mismo utilizando para este fin una sentencia del Tribunal Supremo que restringe el acceso a las actas a los trabajadores de la cámara, pero no a los diputados. 

Tras la sorpresa inicial, el grupo parlamentario de Podemos solicitó asesoramiento profesional a un profesional de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid que fue tajante en sus conclusiones: "Los diputados deben poder recibir las actas físicamente para poder desempeñar con corrección su labor parlamentaria". Asimismo, el informe jurídico del profesor señala que la Mesa "se ha extralimitado" en sus funciones con esta esta interpretación que califica de "equivocada" y taña de "torticera y errónea" la lectura que realiza de la sentencia del Tribunal Supremo.

Ahora, tras la presentación de este informe jurídico por parte del grupo parlamentario de Podemos, la Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir si rectifica su decisión de no permitir a los diputados recibir las actas de la Mesa de la Asamblea o, por el contrario, mantiene la consideración de que se trata de un derecho no absoluto, que debe ser limitado a la exhibición del mismo previa autorización de la Cámara. Sea como fuere, lo cierto es que para dilucidar un tema que no debe tener más importancia, la Asamblea lleva más de un mes de cruce de informes y deliberaciones. 

Todo comenzó cuando el grupo parlamentario de Podemos pidió, entre otras muchas, la comparecencia de Aznar Junior en la Asamblea de Madrid para dilucidar si tenía algún vínculo con los fondos de inversión que se han hecho con las viviendas sociales vendidas en 2013 por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, tal y como denunció ante la la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil. 

El órgano de gobierno de la comisión abierta en la Asamblea de Madrid aprobó todas las peticiones de los grupos parlamentarios menos la del hijo del expresidente del Gobierno porque, según señalaron fuentes parlamentarias, la mesa consideró que la relación del hijo de Aznar con esta operación no está probada. Desde Podemos, por su parte, alegaron que la existencia o no de estos vínculos denunciados es lo que se quería dilucidar en la comisión de investigación. 

Tras las reclamaciones de Podemos, la Mesa aceptó finalmente que Aznar Jr., el hijo de Ana Botella y José María Aznar, participara en esta comisión de corrupción en calidad de experto y no como posible implicado en esta venta.