El frente abierto por la caducidad del mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años va camino de convertirse en uno de los principales asuntos que estudiará el Tribunal Constitucional en los próximos años. En el trasfondo no solo está la limitación de las funciones del Gobierno de los jueces cuando esté en funciones, como en la actualidad, sino el propio método de elección de los vocales del CGPJ, porque las dos cuestiones están ligadas, según tres de las cuatro asociaciones de jueces,que prevén un "aluvión" de recursos de amparo.

Ahora el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa un recurso por el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ, que habría perjudicado a los seis magistrados que firman el recurso  y a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a la que pertenecen. Pero a este recurso podrían sumarse más. El portavoz de esta asociación, la segunda en número de jueces, con 850, el juez Jorge Fernández Vaquero explica que el recurso de amparo, presentado el pasado mes de octubre, pretende "desbloquear y despolitizar al mismo tiempo" la situación en la que se encuentra el CGPJ desde hace ya dos años. "Le pedimos al Constitucional que inste al Parlamento a votar de una vez los nuevos vocales del CGPJ y que inste a la presidenta del Congreso a no seguir retrasando una votación que es competencia suya", dice Fernández Vaquero.

Es la primera vez que una asociación de jueces pide al Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del sistema de elección de vocales del CGPJ. Los veinte miembros son elegidos por el Congreso y el Senado. El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria se pregunta: "Por qué todo un país tiene que resignarse a esperar que dos señores se pongan
de acuerdo por Whatsapp para repartirse un órgano constitucional que es clave para el buen funcionamiento de un servicio público tan importante como la Justicia: eso es una falta de respeto a la separación de poderes inherente a cualquier democracia".

Recuerda el magistrado Jorge Fernández Vaquero la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, "que decía justo lo contrario: que es todo el Parlamento, no sólo Sánchez y Casado, el que debe elegir a esos vocales y no en proporción a las mayorías políticas de cada momento, lo cual es un disparate cuando se trata de un órgano independiente de un poder del Estado independiente, como son el CGPJ y la Justicia, pues eso provocaría la politización total y definitiva de lo que
nunca debió politizarse". Esta asociación piensa volver a recurrir al Constitucional "si el PSOE y el PP vuelven a repartirse el CGPJ con afinidades partidistas". 

Los dos años que lleva el  Gobierno de los jueces en funciones han erosionado la institución, que ha seguido nombrando cargos para la cúpula judicial. De hecho, este martes inicia las entrevistas con los magistrados y magistradas que optan a una de las dos plazas vacantes en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Son puestos codiciados que no siempre acaban en manos de los candidatos con más méritos, sino en los más afines ideológicamente a un CGPJ de mayoría conservadora. 

El Gobierno de coalición propone modificar el sistema de elección y rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado para elegir a los vocales del CGPJ, en un intento de desbloquear la renovación, porque el Partido Popular se niega a llegar a un acuerdo si Unidas Podemos entra en el reparto de vocales. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han anunciado que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional si finalmente prospera esta propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para que los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ sean elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada de tres quintos.

Y mientras llega la ansiada renovación del Consejo presidido por Carlos Lesmes, PSOE y Unidas Podemos han instado a una limitación de las competencias del CGPJ cuando está en funciones para que no pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial. La Mesa del Congreso está tramitando la Proposición de Ley de los dos partidos en el Gobierno por el procedimiento de urgencia y ha rechazado recabar los  informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al Consejo de Estado y al propio CGPJ, que el pasado 17 de diciembre pidió  ser partícipe en la propuesta haciéndoles llegar un informe con sus consideraciones. El CGPJ también solicitó al Parlamento que escuchara las sugerencias del Consejo de Europa -a través de la Comisión de Venecia- y las de las asociaciones de jueces y fiscales. 

El frente ha llegado al seno del CGPJ. Los cinco vocales que votaron en contra del último acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que reprochaba a la Mesa del Congreso no haber respetado la separación de poderes por no pedirle un informe sobre la reforma, acusan a sus compañeros de haberse extralimitado y de ser ellos quienes no respetan ese principio democrático. Según los vocales progresistas, "el acuerdo es una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso" y consideran que con su aprobación se ha perdido "toda apariencia de imparcialidad". Así lo manifiestan estos cinco vocales - Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez [los cuatro primeros propuestos por el PSOE y la última por IU]- en un voto particular en el que critican el acuerdo suscrito por los otros 16 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial.

Los vocales contrarios a la proposición de PSOE y Unidas Podemos han anunciado que "se darían las condiciones para presentar un recurso por conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional si acuerda impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tampoco descarta recurrir al Constitucional si finalmente prospera la propuesta planteada por los socios en el Gobierno. Su presidente,  Manuel Almenar, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aún sin contestar, en la que le pide que les notifique formalmente el acuerdo que dispuso tramitar la iniciativa por la vía de urgencia y del que, dice, se ha enterado por los medios de comunicación. "Estamos a la espera de la notificación para saber si vamos al Constitucional o a instancias europeas. Esto es muy grave", dicen a Público fuentes de la asociación.

Respaldo de la Comisión Europea

Las asociaciones Francisco de Vitoria, la APM, y Foro Judicial Independiente han suscrito un comunicado conjunto ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jouvá, que pedía que cualquier reforma del CGPJ cumpliera con los "estándares europeos" en materia de independencia judicial. Se refería en concreto a la recomendación del Consejo
de Europa que "determina que no menos de la mitad de los miembros del CGPJ
deben ser jueces elegidos por sus pares". Las asociaciones firmantes sostienen que "ni es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que desde Europa se advierte a España de que no está cumpliendo los estándares europeos en lo referente a la defensa del Estado de Derecho. Reiteramos la necesidad de que con carácter inmediato se proceda a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los jueces, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europa y el espíritu de la Constitución de 1.978".

Sin embargo, el pasado mes septiembre, el Congreso tumbó la propuesta de Ciudadanos para precisamente modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ y que doce de ellos fueron elegidos por los jueces.

La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) es la única de las cuatro asociaciones de jueces que se ha posicionado a favor del Gobierno es su lucha para frenar los nombramientos de altos cargos de la cúpula judicial por parte de un CGPJ caducado. "Creemos que, como cualquier otro órgano colegiado cuando está en funciones debe tener limitadas sus competencias. Lo primero que hay que afrontar es la renovación del CGPJ y después vendrá el debate de cómo hay que elegir a los vocales; ahora lo urgente es renovarlo y que se renueve según el sistema actual", explica la portavoz de JJpD, Ascensión Martín. 

Queja ante el Parlamento Europeo

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, integrada por jueces, fiscales y juristas, ha hecho llegar al Parlamento Europeo una queja sobre la "politización del Poder Judicial en España". Habla esta plataforma de "corrupción jurídica". "Se vislumbra el riesgo de pervertir la mentalidad de los jueces españoles, hasta ahora un cuerpo de integridad y honradez intachables. Y es que se les transmite la idea de que, para progresar profesionalmente, no queda más remedio buscar padrinos ideológicos. Se forma, de este modo, una minoría de magistrados que medran a la sombra del poder, los "políticos togados". Dado que impera una normativa que favorece las puertas giratorias, los jueces colaboracionistas tienen asegurado un camino de ida y vuelta entre la política y la judicatura que favorece una simbiosis de intereses inconfesables. Mientras tanto, la casi totalidad de la carrera judicial se enfrenta a un techo de cristal, una línea infranqueable en su promoción y ascenso, a menos que decidan rebajarse a un juego de negociaciones entre pasillos conocido como "intercambio de cromos".

El portavoz de esta plataforma, el juez Jesús Villegas, explica a este diario que en estos momentos se está traduciendo al inglés una denuncia que será presentada ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y que profundiza en el "funcionamiento irregular de la Justicia española en base a su politización" y que ya se ha trasladado a varios europarlamentarios españoles. "Este panorama quedaría incompleto sin una referencia a los escasos recursos financieros que el Estado español dedica a la Justicia, cuya proporción de jueces por habitante está por debajo de la media de la Unión Europea. De esta penuria se prevén como especialmente damnificadas la jurisdicción mercantil y social, pues la contracción de la actividad económica derivada de la epidemia mundial acarreará una avalancha de pleitos relativos a empresas en dificultades que amenaza con colapsar los tribunales", consta en la denuncia de la Plataforma por la Independencia Judicial.