La atribución de responsabilidades en un estado descentralizado, como España, es sustancial. De tal forma que el premio o castigo a un gobierno se entiende en gran parte por la responsabilidad que se le achaca sobre las políticas públicas desplegadas. Se trata de dar respuesta a una pregunta: '¿quién hace qué?'. Pero los partidos dificultan algo tan lógico como conectar cada medida con su responsable. En especial cuando se trata de decisiones a todas luces positivas. 

El último ejemplo de esta pugna ha sido el relato sobre la estabilización de 67.000 sanitarios que aprobó el Gobierno. El PP salió tan rápido como pudo a arrebatarle el mérito: "Ha hecho un anuncio que no le corresponde", criticó Elías Bendodo, coordinador general de los populares. Cabreado porque el electorado identificase el plan para hacer fijos a más de 67 mil sanitarios con la gestión de Pedro Sánchez dijo: "eso de tomarle el pelo a la gente ya está bien". Es verdad que España debía adaptar su normativa para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público, pero no es menos cierto que la medida debía aprobarla el Consejo de Ministros. La medida es una continuación de una reforma anunciada en julio de 2021 por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

"Yo le digo al presidente Sánchez que el Gobierno de España no sabe ni cómo se contrata a un médico", aseguró Bendodo. En realidad la medida no significa la contratación de 67.000 sanitarios, puesto que estos puestos ya están cubiertos, algo que sí tendrían que hacer las comunidades autónomas. Se trata de que, por ley, se impedirá que haya profesionales de la sanidad que encadenen más de tres años de contratos temporales. Pero el discurso de la oposición giró en torno a quién había hecho qué.

Es una constante que la atribución o rechazo de competencias de cada administración sean la clave del relato político. Hace un mes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un anuncio grandilocuente: revisaría el contenido de los libros de texto para evitar "adoctrinamientos". No podía hacerlo porque el gobierno autonómico no tiene competencias para ello, pero aún así lanzó la propuesta. 

Estas trampas de Ayuso son recurrentes. La semana pasada se apuntó la reducción de las tasas universitarias. "Aprobamos en Consejo de Gobierno", celebró la presidenta madrileña. La realidad es que Ayuso tuvo que tomar esta decisión obligada y en su momento la Comunidad de Madrid se quedó sola entre todas las regiones votando en contra de esta medida.

A vueltas con los datos de empleo

Suma y sigue. Cada mes, con los datos de empleo, ya es costumbre que Génova y las comunidades autónomas choquen en sus análisis. De nuevo, la respuesta está en la batalla por la atribución de competencias. Mientras a nivel nacional se desprecian las buenas cifras para hacer oposición al Gobierno, sus presidentes autonómicos las celebran y sacan pecho. Siempre que sean buenas, claro.

Si Moreno Bonilla se apuró a presumir de los datos del mes de mayo- "seguimos sumando datos positivos", dijo- con los de junio no ha seguido la misma estrategia. Andalucía ha sido la única comunidad autónoma donde ha subido el paro este mes y el presidente andaluz ha bajado el perfil. Si los resultados no son buenos, es preferible esquivar la responsabilidad y si lo son tratar de identificarse con ellos. 

Lo cierto es que desde que el ministerio de Trabajo aprobó la reforma laboral los datos de contratación indefinida han experimentado un crecimiento sin precedentes y la tendencia en el empleo es positiva.

Pero sin duda el ejemplo más claro de esta estrategia en el discurso político se vio con el intento de atribuirle al expresidente Pablo Iglesias la responsabilidad sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La Comunidad de Madrid trató que fuese el entonces ministro de Derechos Sociales quien asumiera el desgaste político por las muertes a causa del Covid-19 y de una gestión que todavía ahora sigue en cuestión. Las competencias eran autonómicas. 

Descentralización y gobierno de coalición lo ponen fácil

Sobre esto se ha estudiado y escrito mucho desde los campos de la sociología y la ciencia política y, además de las interferencias de los partidos, hay evidencias de entornos o factores que influyen en la claridad con la que la ciudadanía atribuye responsabilidades. Una de las más significativas es el estado descentralizado. El nivel descentralización es España es alto y esto dificulta más identificar los poderes en cada nivel de gobierno. 

Los gobiernos de coalición y las tensiones propias de la convivencia en el ejecutivo de dos o más partidos también influyen negativamente en la correcta atribución de responsabilidades.

Y un tercer factor no menos importante: nuestra mirada política. Los votantes son propensos a culpar  a un nivel de gobierno que no está gobernado por el partido político con el que se siente identificado cuando las cosas van mal. Un mecanismo que opera mejor cuando la información es negativa, es decir, cuando se busca un culpable.