La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Vox contra el archivo de la causa contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en la que figuraba como investigado por identificar a Vox con los crímenes del nazismo. 

En un auto de 27 de julio pasado, la jueza titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid decretó el sobreseimiento de la causa porque "no existen indicios de la comisión de ninguno de los delitos a que hace referencia el escrito de la querella", presentado por el partido de Santiago Abascal. Así, descartó que las referencias que Monedero hizo en su programa de TV a las propuestas de los dirigentes de Vox de retirar la sanidad pública a las personas migrantes irregulares en plena pandemia no son constitutivas de delitos de calumnias, injurias y odio. El politólogo manifestó que esos planteamientos de la ultraderecha se asemejan al comportamiento de los nazis.

Ahora los magistrados de la Audiencia de Madrid ratifican el fallo y recuerdan en relación al delito de calumnias denunciado por Vox que "ningún delito se imputa al partido político Vox por muy desafortunadas que sean las expresiones vertidas". Indican que para que pueda apreciarse la existencia del delito de calumnia "no bastan atribuciones genéricas o vagas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta".

Sobre el delito de injurias, el tribunal lo descarta "ya que las declaraciones del

querellado se mueven en el ámbito del ejercicio al derecho a la libertad de expresión en su modalidad de comunicación de pensamientos, ideas u opiniones". 

Por último, la resolución rechaza también el delito de odio que Vox denunciaba por expresiones como "Los ídolos de Vox terminaron en Nuremberg" o "Me recuerdan a menudo a esos delincuentes que en Medellín, queriéndose engañar a ellos mismos, van a rezar a la virgen de los sicarios para que les ayude en sus fechorías". Dice la sentencia que esas expresiones "no incitan al odio, a la hostilidad o la violencia para conseguir objetivos políticos, ni sus expresiones constituye manifestaciones del discurso del odio, que pueda alentar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".