La crisis del coronavirus tiene una dimensión económica al menos tan desconocida hasta el momento como la sanitaria. Muchos de los Gobiernos de los distintos países han optado por paralizar su producción y su actividad económica para centrar todos los esfuerzos y crear el mejor escenario posible para luchar contra la pandemia. El objetivo prioritario es salvar vidas y, para ello, los expertos insisten en la necesidad de frenar los contagios entre la población.

Parar un país no sale gratis, y desde hace semanas se habla de las consecuencias económicas que la crisis del Covid-19 puede provocar. Ante esta situación, muchos de los países europeos (y también de fuera de la Unión Europea) han aprobado medidas para paliar la gravedad de posibles escenarios que puede dejar la pandemia.

Estas medidas suelen tener un doble objetivo: por un lado, se busca el estímulo de los mercados en un contexto más que complicado (incertidumbre de las bolsas, paralización de muchas de las exportaciones y las importaciones...) y, por otro, se busca un amparo efectivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En una situación como la actual, uno de los factores de riesgo es el desempleo, ya que muchas empresas pueden optar por despedir a sus trabajadores para ahorrar costes durante el periodo de inactividad. Este factor, ligado a otros que provocan pérdida de ingresos pueden llevar a escenarios de auténtica vulnerabilidad social en determinados sectores. Los países ya han empezado a tomar medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia, mientras que el Gobierno español estudia su propio plan.

Italia

Es el país europeo más afectado por el Covid-19 y el segundo país del mundo. Ante el gran incremento de los contagios el Gobierno italiano ha decidido paralizar el país y asumir el coste económico inevitable de la emergencia sanitaria, pero también se han establecido una serie de medidas de protección social y económica de los más vulnerables.

Una de las medidas más importantes es la suspensión de pagos de hipotecas hasta un máximo de 18 meses en todo el país. A este plan se pueden acoger las personas que se hayan quedado sin empleo o hayan sido despedidas de forma temporal por sus empresas, así como las que tengan una reducción de su jornada de trabajo durante al menos 30 días.

Cuando finalice la moratoria, el pago se reiniciará donde se había interrumpido, con la misma cuantía y periodicidad, y sin ningún tipo de recargo adicional. Los contratos hipotecarios seguirán bajo las mismas condiciones que tenían antes de la congelación.

En materia de protección laboral, el Ejecutivo italiano ha aprobado este martes la prohibición del despido objetivo durante 60 días, a contar desde el 23 de febrero. De esta manera, las empresas no podrán despedir por causas económicas durante este plazo, aunque sí podrán hacerlo alegando negligencias.

En un decreto bautizado como Cura Italia, el Gobierno ha destinado 10.000 millones a medidas relacionadas con la protección del mercado laboral, una cifra que forma parte de una partida mayor, de 25.000 millones, destinada a la lucha contra el Covid-19.

Con este dinero, el Ejecutivo ha aprobado un abono de 600 euros para aquellos autónomos que hayan perdido su trabajo por culpa de la crisis sanitaria. Los padres con hijos que no superen los 12 años de edad podrán solicitar una baja parental de 15 días con una indemnización por valor del 50% de su sueldo, siempre que en una pareja, uno de los padres siga trabajando y no sea beneficiario de una ayuda o subsidio a los ingresos.

Además, se ha establecido una ayuda de 600 euros para las familias destinados a la contratación de niñeras, y de 1.000 euros en caso del personal sanitario, investigadores y policías, como alterativa a la baja parental. Italia también busca el alivio fiscal de las pequeñas empresas y por ello ha paralizado el pago de impuestos de las pymes y las cotizaciones de los autónomos.

Alemania

Con casi 6.000 contagiados, Alemania es el tercer país más afectado por el coronavirus en Europa. Más allá de la crisis sanitaria, la paralización de buena parte de la producción y del comercio puede acarrear un importante impacto negativo en un país con un motor económico basado en gran medida en las exportaciones.

El Gobierno de Angela Merkel es uno de los que se ha centrado en paliar el previsible desempleo que se puede producir en el país. Además, el Ejecutivo germano quiere aplicar algunas de las fórmulas de protección laboral que se emplearon durante la crisis económica que se originó en 2008.

Por este motivo, Alemania se volverá a acoger al denominado Kurzabeit, un plan de compensación salarial de los trabajadores vía fondos públicos ya utilizado en la crisis financiera. La agencia de empleo estatal financiará hasta el 60% de la pérdida del salario neto causada por la reducción de horas impuesta por las empresas con un límite de dos años.

Se podrán acoger a esta fórmula todas las empresas en las que al menos un 10% de su plantilla se vea afectada por la reducción de la jornada laboral. El Gobierno inyectará además 12.400 millones de euros en inversiones públicas hasta 2024. De 2021 hasta ese año, se invertirán 3100 millones al año destinados a infraestructuras como carreteras y construcción de viviendas sociales, así como al desarrollo de la digitalización del país y de la inteligencia artificial.

Francia

Las cifras de contagios en Francia no distan mucho de las de Alemania, al menos de momento. El Gobierno de Emmanuel Macron ha optado por la protección de la pequeña y la mediana empresa estableciendo un plan para garantizar el 70% de crédito a aquellas pymes que tengan problemas para obtener liquidez en sus bancos.

También se ha establecido un escalonamiento de los pagos de las contribuciones sociales de las empresas y se han destinado recursos para que los trabajadores que lo necesiten puedan reducir su jornada laboral (sobre todo aquellos que tengan hijos o familiares a cargo).

Dinamarca

A pesar de no ser uno de los países europeos que más está sufriendo el Covid-19 (el país no llega al millar de casos, por debajo de países como Suecia, Suiza, Países Bajos o Noruega), es uno de los que más se ha apresurado en tomar medidas (anunció el cierre de sus fronteras el pasado viernes, así como una batería de medidas para prevenir los contagios dentro del país).

También en el ámbito económico se han apresurado en intervenir y, al igual que Alemania, se han centrado en el riesgo de incremento del desempleo. El Gobierno se ha comprometido a pagar el 75% del sueldo de los empleados que estén en riesgo de despido a causa coronavirus, a cambio de que no se produzcan estos despidos.

La medida se aplicará desde el 9 de marzo (de forma retroactiva) hasta el 9 de junio, y está destinada a empresas que planifiquen recortes de más del 30% de su plantilla o despidos de más de 50 empleados. El Estado se hará cargo del 75% del sueldo (hasta un máximo de 3.074 euros) y el otro 25% lo pagará la empresa. En el acuerdo se incluye que los trabajadores deberán tomar obligatoriamente cinco días de vacaciones o libranzas sin sueldo. El Gobierno danés ha cifrado el plan en unos 347 millones de euros.