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Ayudas anticovid La cumbre de la UE logra que Hungría y Polonia levanten el veto a las ayudas anticrisis

El resto de los socios del bloque ha dado luz verde al texto propuesto por la presidencia alemana, con pequeñas concesiones, en aras de un acuerdo.

Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, y Victor Orba,  primer ministro húngaro
Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, y Víctor Orbán, primer ministro húngaro. REUTERS

Varsovia y Budapest han relajado el pulso que mantenían con el resto de las capitales desde hace tres semanas, ante su rechazo frontal a relacionar el respecto al Estado de Derecho al acceso al paquete presupuestario.

Una actitud que ha mantenido secuestrado el fondo anticrisis durante el último mes y que hoy cesa después de que el Consejo Europeo haya aprobado un texto propuesto por la presidencia alemana, donde ofrece ciertas concesiones a los Estados díscolos a cambio de que levanten el veto y aprobar al fin el paquete presupuestario acordado en julio.

Con un escueto mensaje en Twitter pasadas las 19.00 horas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha celebrado el "acuerdo sobre el Marco Financiero y el Paquete de Recuperación New Generation UE. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías. El paquete liderará la transición digital y verde".

Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, y Víctor Orbán, primer ministro húngaro, han hecho el canje a cambio de una declaración interpretativa que ajuste el ámbito del mecanismo del Estado de Derecho. Esto implica que la maquinaria vuelve a ponerse en marcha para hacer efectivo el presupuesto comunitario de 1,074 billones de euros para los próximos siete años y los 750.000 millones euros para el fondo anticrisis, dirigido a paliar los estragos de la pandemia.

El compromiso ha recibido el visto bueno de los líderes europeos por unanimidad. A pesar de que el mecanismo no sea tan ambicioso con en origen, sí será la primera vez que se establezca una condicionalidad para la recepción de ayudas basada en el respeto al Estado de Derecho. Este instrumento servirá para controlar posibles conductas autoritarias dentro de la UE, aunque Bruselas estará atada de pies y manos y no podrá sancionar económicamente a ningún país hasta que el Tribunal de la UE determine si puede ligarse el mecanismo a los fondos o no.

Esta es la principal concesión que recoge el texto, y la que más interrogantes ha despertado. De hecho, Países Bajos ha pedido a los servicios jurídicos del Consejo un análisis en profundidad para garantizar la consistencia del pacto. Y, una vez estudiado, los Veintisiete han acordado que, "en el caso de que se interpusiera un recurso de anulación en relación con el Reglamento, las orientaciones se ultimarán tras la sentencia del Tribunal de Justicia para incorporar los elementos pertinentes derivados de dicha sentencia". "Hasta que se finalicen dichas directrices, la Comisión no propondrá medidas con arreglo al Reglamento", concluye el párrafo.

Además, según el documento propuesto por la presidencia alemana, "la aplicación del mecanismo de condicionalidad debe de ser objetivo, justo, imparcial y basado en hechos, asegurando que el proceso sea no discriminatorio y garantice un trato justo entre los Estados Miembros". Así, defiende que las medidas del mecanismo "deberán de ser proporcionales al impacto de las infracciones del Estado de Derecho" y que "la mera constatación de que se ha producido una infracción del Estado de Derecho no basta para activar el mecanismo".

Entre las primeras reacciones tras el desbloqueo del veto por parte de Hungría y Polonia en Twitter están la de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y la del primer ministro galo, Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión ha celebrado que "Europa avanza", para enviar un sonoro "bravo" a la presidencia rotatoria de la UE. "Acabamos de aprobar un acuerdo sólido sobre el mecanismo que se aplicará, respetando el Estado de Derecho. Europa avanza unida y lleva sus valores", ha escrito en la red social el líder francés.

Una alegría que también han exteriorizado en la misma plataforma los ponentes del Parlamento Europeo del mecanismo del Estado de Derecho, Petri Sarvamaa y Eider Gardiazabal. Para la socialista, "nuestra línea roja fue respetada, ya que el reglamento permanece intacto, y ese es el instrumento legislativo acordado con el PE" y para el popular es un hito que "el gasto esté vinculado al respeto del Estado de Derecho por primera vez".

¿Cuándo llegará el dinero a España?

El levantamiento del veto por parte de Hungría y Polonia no implica que los fondos vayan a fluir de inmediato. Con el visto bueno de los líderes, los embajadores han recibido luz verde para continuar este mismo viernes con el procedimiento, que consiste en aprobar el tema de recursos propios y lanzar el procedimiento escrito sobre el mecanismo del Estado de Derecho.

Por lo que respecta al primer punto, los Estados miembros deben aprobar por unanimidad este punto en el seno del Consejo de la UE. Una vez que reciban luz verde, la pelota pasará al tejado de los parlamentos nacionales, que tendrán que aprobarlos siguiendo los procedimientos internos de cada país. Esta es una condición sine qua non para que Bruselas pueda emitir deuda para financiar el fondo de recuperación y se espera que pueda llevar hasta en tres meses, lo que implicaría que, como pronto, los desembolsos no lleguen hasta verano de 2021.

Para acceder al fondo anticovid, los Estados miembros tienen que enviar a Bruselas sus planes nacionales de reforma antes de finales de abril de 2021, explicando cómo van a utilizarse los desembolsos. Unas ayudas que llegarán de forma paulatina, conforme cada país demuestre que está cumpliendo con los objetivos marcados. España es uno de los países más beneficiados, ya que ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, y espera acceder a 140.000 millones de euros. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez ya ha contado con 27.000 en su presupuesto para el año próximo.

Así, los 27 y el Parlamento Europeo deben continuar con el procedimiento para aprobar formalmente el mecanismo del Estado de Derecho. Un acuerdo que los eurodiputados y eurodiputadas estarían dispuestos a aprobar en el Pleno de la semana que viene.

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