El pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona acordó ayer, por unanimidad, crear una comisión para esclarecer la polémica recalificación urbanística de 2008 a partir de la cual se autorizaba a la fundació del Palau de la Música a construir un hotel de lujo en un terreno destinado inicialmente a equipamientos educativos.

Desde el jueves, el presidente de la fundació, Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, duermen en la cárcel acusados de haber utilizado sus influencias para presionar a los políticos del ayuntamiento y la Generalitat para lograr sus fines. Con la orden de prisión que la jueza decretó el jueves, se dieron a conocer también las cartas que los dos imputados mandaron a los partidos políticos para 'desbloquear' el proyecto.

La comisión de investigación, que la integrarán todos los grupos municipales y se celebrará a puerta cerrada, se aprobó gracias a una propuesta de ERC, el único partido que en todo el proceso nunca votó a favor de la recalificación. Todos los demás aseguraron ayer que la apoyaron porque consideraban el cambio urbanístico positivo para la ciudad y no por las presuntas presiones que recibieron.

La propuesta de ERC también reclama al consistorio que inicie los trámites para anular la recalificación y devolver el uso educativo al terreno que adquirió el Palau.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, defendió ayer que el acuerdo alcanzado 'honra esta institución' y que ha llegado el momento de 'revisar y rectificar'.

Una de las dudas que urge despejar es cómo es posible que el ayuntamiento tardara tres años en darse cuenta de que el terreno que el Palau compró (a cambio de unas obras de reforma) era propiedad de la empresa hotelera Olivia Hoteles. En esta operación, la fundació del Palau sólo hizo de intermediaria, presuntamente para llevarse una comisión de la empresa hotelera.

La estrategia de los letrados

El conseller de Economia, Antoni Castells, deberá 'desayunar bien' cuando el lunes se presente como testigo ante la jueza que instruye el caso del hotel del Palau. O, al menos, esto es el que le aconsejó ayer el abogado de Fèlix Millet, Pau Molins, en declaraciones a Racc1.

Molins también le pidió, a través de las ondas, que diga 'toda la verdad' sobre el convenio que firmó en 2006 y por el que se culminaban las ambiciones de los dos imputados: convertir de educativos a residenciales los terrenos que había adquirido el Palau.

La estrategia de los letrados es demostrar ante la jueza que las gestiones que hicieron sus clientes para conseguir edificar el hotel fueron las habituales teniendo en cuenta las circunstancias: los dos disfrutaban de la confianza de lo más granado de la sociedad catalana.

Y siguiendo esta argumentación, el abogado de Montull, Jordi Pina, explicó ayer que ambos hombres se dirigieron al Ayuntamiento de Barcelona no para lucrarse sino porque creían que el proyecto hotelero era 'lo mejor' para la ciudad. D