La Cámara de Cuentas de Madrid no ve irregularidades en la tramitación del contrato del hermano de Ayuso

La adjudicación directa que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el 1 de abril de 2020, respecto a un contrato con la empresa Priviet Sportive SL, para el suministro de 250.000 mascarillas por un importe de 1.512.500 euros para el pabellón 10 de IFEMA ha pasado el filtro de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que no menciona ni a Daniel Alcázar, dueño de la mercantil, ni a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, que intermedió presuntamente y que cobró casi 280.000 euros de ese dinero público presuntamente en concepto de comisiones.

El organismo público ha fiscalizado toda la contratación de emergencia de la región en 2020 por la pandemia, tal y como aprobó la Asamblea de Madrid en septiembre de ese año. 

En total, 4.448 contratos suscritos en 2020 y, salvo varias excepciones, todos  cumplen  "las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación  [de emergencia]". "Solo en contadas ocasiones, en los expedientes número 259 y 260, se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP", indica el informe. 

"Se comprueba que algunos expedientes carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia. Ello ocurre en los expedientes número 105 al 114, 196, del 214 al 221 y el 254, en los que no se ha aportado justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno, y los números 157 y 194, respecto de los que no consta la fecha de inicio de la prestación", consta en el citado informe. Es decir, una veintena de contratos con alguna irregularidad en el expediente. 

El contrato de Priviet Sportive SL no presenta ninguna de estas dos irregularidades, es decir, se tramitó de emergencia para adquirir material con el combatir el virus, aunque las mascarillas recibidas no se adecuaran en su conjunto a las que especificaba el contrato, FFP2 y FFP3. Y su expediente fue tramitado conforme al ordenamiento jurídico. 

Que la Cámara de Cuentas madrileña no observe irregularidades en la tramitación de este contrato no significa que no pueda haber sido adjudicado por ser quién era el dueño de la mercantil, amigo de la presidenta regional, y haber intermediado presuntamente su propio hermano; algo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción.