Cárcel, tortura y homofobia: el paraíso de Juan Carlos I en Emiratos, un infierno para opositores y activistas

Las críticas a los anfitriones actuales de Juan Carlos I tienen un alto precio. A día de hoy, Emiratos Árabes Unidos mantiene en prisión a más de 20 opositores políticos, blogueros o activistas sociales. Mientras el emérito se instalaba en ese país, la disidencia interna sufría la dura persecución de las autoridades, que al mismo tiempo rechazaron cualquier inspección externa: las puertas que en agosto de 2020 se abrieron para el exmonarca español se cerraron rápidamente para los organismos internacionales de derechos humanos. 

Ahmed Mansoor es hoy uno de los símbolos vivos de esa opresión. Este bloguero y poeta emiratí lleva preso desde marzo de 2017 por sus críticas a la monarquía absolutista, lo que ha motivado numerosas denuncias por parte de distintas organizaciones. En su último informe anual, Human Rights Watch advertía precisamente que el "continuo e injusto encarcelamiento" de Mansoor era apenas una muestra de la "feroz intolerancia a las críticas" en ese reino. 

Este caso también aparece en el documento elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la situación en materia de derechos humanos en distintos países. La prestigiosa organización destacaba precisamente que a finales de 2020 "seguían encarcelados en Emiratos Árabes Unidos más de 20 presos de conciencia".

"Las autoridades emiratíes siguieron prohibiendo la oposición política y encarcelando a sus miembros. Continuaban cumpliendo penas de prisión decenas de emiratíes por el denominado caso de 'los 94 de Emiratos Árabes Unidos', juicio colectivo contra 94 personas que había concluido en 2013 con 69 de ellas declaradas culpables de tratar de cambiar el sistema de gobierno", subraya AI.

Juan Carlos I se instaló en Emiratos a principios de agosto de 2020. La mayoría musulmana del país acababa de celebrar la festividad Eid al-Adha, que estuvo acompañada por los tradicionales indultos decretados por el régimen. Sin embargo, el perdón no llegó a ningún disidente: según denunció el Centro de Derechos Humanos de Emiratos Árabes Unidos (ECHR, por sus siglas en inglés), "indultaron a 515 presos, pero ignoraron a los defensores pacíficos de derechos humanos, blogueros, activistas y abogados".

El ECHR advirtió entonces que "los detenidos en las tristemente célebres cárceles de los Emiratos soportan un trato severo, como el aislamiento, la tortura, la negligencia médica y la denegación de las visitas periódicas de sus familiares". 

El último informe anual de AI alerta además que durante 2020 "el Estado continuaba restringiendo la libertad de expresión y tomó medidas para silenciar a personas de ciudadanía emiratí o residentes en el país que expresaban opiniones críticas sobre la COVID-19 y otras cuestiones sociales y políticas", mientras que "varias personas seguían en prisión sin justificación legal tras haber cumplido su condena". 

Las denuncias internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de Emiratos no condicionaron a Juan Carlos I a la hora de elegir ese reino como refugio. Allí vive en medio del lujo más absoluto, algo  que contrasta con las penurias que, según coinciden en señalar distintos organismos de derechos humanos, sufren los opositores en las distintas cárceles del régimen.

"No hubo ninguna mejora en las condiciones de los presos y sus familias durante 2020", destaca un informe del Centro Internacional para la Justicia y los  Derechos Humanos, una organización con sede en Ginebra que realiza estudios periódicos sobre la situación en Emiratos. "Las autoridades siguen deteniendo a activistas y defensores de los derechos humanos por cargos relacionados con su derecho a la libertad de expresión, sin que se investiguen ni rindan cuentas por las violencias cometidas contra ellos", señalaba en enero pasado.

Persecución a homosexuales

AI destaca que durante 2020 "se continuaron enjuiciando las conductas sexuales consentidas, en aplicación del artículo 356 del Código Penal, que autorizaba un mínimo de un año de prisión por 'violación consentida del honor', cláusula que podía utilizarse para castigar tanto la actividad homosexual como la extramatrimonial". En tal sentido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés) sitúa a Emiratos en el listado de países donde "podría potencialmente imponerse la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo". 

La cara homófoba del régimen también aparece citada en las "recomendaciones de viaje" que publica el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicho documento, actualizado este mismo mes, señala que "las relaciones entre personas del mismo sexo no se encuentran permitidas ni aceptadas socialmente por lo que debe evitarse cualquier gesto de afecto en público".

Subraya además que "la transexualidad no está permitida ni aceptada socialmente y pueden efectuarse controles –incluso íntimos– en el mismo aeropuerto a la llegada si existen fundadas dudas al respecto". Exteriores advierte que "los actos homosexuales y la transexualidad se encuentran recogidos en el Código Penal emiratí", que establece "desde la privación de libertad hasta la pena de muerte".

Gas lacrimógeno español

Esas vulneraciones a los derechos humanos tampoco impidieron que el Gobierno español autorizase la venta de distinto tipo de armamento a Emiratos, que en marzo de 2015 se sumó a los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen junto a Arabia Saudí.

En 2019, el Ejecutivo aprobó el envío de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad emiratíes "pese a las restricciones a la libertad de expresión y la detención, encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de personas críticas", según denunció la plataforma Armas Bajo Control –integrada por AI, Intermón Oxfam, Greenpeace y FundiPau– en un informe. 

"¿Qué evaluación de riesgo hizo en esta operación y qué medidas de mitigación barajó el Gobierno español para evitar un uso indebido de este material tan sensible?", se preguntaron entonces las ONG. El Gobierno, que se ampara en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista para proteger esa información, nunca lo explicó.