Se presenta como el líder del partido de los "moderados", pero condiciona su apoyo al presidente del Gobierno a que este cumpla toda una batería de propuestas económicas, sobre Catalunya y hasta en materia de política internacional propias del Partido Popular.

Tan del Partido Popular, que Pablo Casado asegura que son las mismas que trasladaría a Pedro Sánchez de girar las tornas, de estar La Moncloa en manos de los conservadores. 

El líder del PP ha negado este lunes que su formación esté instalada en el bloqueo, y ha detallado las medidas que ha reclamado al presidente del Gobierno, y que incluyen la ruptura con las formaciones independentistas. A ellas condiciona el hipotético respaldo del PP a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Casado, con frecuentes intentos por venderse como "moderado" y por distinguirse de los ultraderechistas de Vox -sin citarlos-, ha comparecido tras reunirse con el presidente del Gobierno durante hora y media. Lo ha hecho escasos minutos después de que el Ejecutivo de coalición criticase en un comunicado que el PP se mantenga en su "estrategia de bloqueo". 

Con estos mimbres, Casado ha presentado su oferta como una propuesta "generosa", para que Sánchez pueda dejar de depender de los "socios" que ha elegido "libre y voluntariamente": "Separatistas","batasunos" y "radicales". "El problema no es que el PP bloquee", incidía. 

​Así, entre esta batería de medidas ha destacado la necesaria renuncia a la mesa de diálogo del Gobierno con el Govern sobre Catalunya, que Sánchez "garantice la inhabilitación de [Quim] Torra", o que no modifique el Código Penal para rebajar -"actualizar", en palabras del Ejecutivo- el delito de sedición, con la consiguiente rebaja de las penas de los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo por su rol en el procés. 

En esta línea, Casado ha destacado otras propuestas, en este caso asumidas por el propio Sánchez durante la campaña electoral al 10-N: la tipificación del delito de referéndum, el combate del "adoctrinamiento" en Catalunya, el fin de la "propaganda" en TV3 y la modificación de la euroorden.  

También ha reclamado al jefe del Ejecutivo que reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela; que aporte información sobre el encuentro entre el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o que renuncie a nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Eso, por no hablar de las propuestas en materia económica: le exige que renuncie a derogar la reforma laboral del PP, que desista de subir los impuestos -el incremento está contemplado para las clases más altas-, o que preserve la caja única de la Seguridad Social. Y hasta que retome las negociaciones comerciales para un tratado comercial con EEUU -aunque esto es competencia de la Comisión Europea-. Incluso le exige que desista de su "contrareforma" educativa. 

Tampoco acepta el llamamiento del PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos institucionales. El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018, pero el PP mantiene la mayoría conservadora, y condiciona cualquier acuerdo sobre su renovación a que se modifique la forma de elegir a los vocales. 

Todo, además, entre esfuerzos por presentar al PP como una fuerza de centro, por vender su interés por el diálogo: "Pinchan en hueso", decía, quienes hoy querían tildar al PP de "radical", de "estar en los extremos".