Caso 'Altsasu': el rechazo del TEDH a los recursos de los jóvenes no ensombrece la "victoria social", según los afectados

La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que inadmitió el pasado mes de noviembre los recursos de los ocho condenados en el caso 'Altsasu' tiene apenas unas líneas pero provocan una enorme decepción. El tribunal con sede en Estrasburgo suponía la última esperanza de que la palabra 'justicia' se materializara tras cinco años de dolor inmenso de unas familias de la pequeña localidad navarra de Altsasu, que de la noche a la mañana vieron cómo sus hijos, tras salir una noche de fiesta, se convertían en acusados de terrorismo e ingresaban en prisión. 

Sucedió la madrugada del 15 de octubre de 2016, en el concurrido bar Koxka, donde se inició una bronca entre varios jóvenes y dos guardias civiles de paisano que se encontraban en el local con sus novias. La pelea siguió fuera del bar. Los dos agentes denunciaron agresiones por parte de un nutrido grupo de jóvenes en el contexto de animadversión contra la Guardia Civil. 

La repercusión política y mediática del caso, del que se encargó en un primer momento un juzgado de Pamplona, fue tremenda. La asociación de víctimas Covite denunció a los jóvenes por terrorismo y el caso pasó irremediable a la competencia de la Audiencia Nacional. El horizonte era  desolador para el futuro de los ocho jóvenes acusados. La Fiscalía pidió 62 años de cárcel para uno de ellos y 50 para el resto, salvo para la octava procesada para la que pidió doce años y medio de prisión; un total de 375 años por lesiones y amenazas terroristas contra los dos guardias y sus parejas.

A las denuncias por parte de las defensas de los jóvenes sobre irregularidades en la instrucción, la inadmisión de pruebas y los errores en la identificación de los acusados, entre otras, se sumó la recusación de Concepción Espejel como miembro del tribunal que juzgaría a los chicos; una recusación basada en su afinidad con la Guardia Civil, tanto porque está casada con un mando del cuerpo como por haber sido condecorada por la Benemérita. La recusación cayó en saco roto. 

La sentencia de la Audiencia Nacional descartó finalmente el delito relacionado con el terrorismo pero les condenó, en junio de 2018, a penas entre los dos y los trece años por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo rebajó ligeramente las condenas a entre un año y medio y nueve años y medio porque suprimió la agravante de superioridad. 

Tras la inadmisión de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, los ocho condenados recurrieron al TEDH, que tampoco ha admitido sus demandas por vulneración de derechos contemplados en el Convenio de Derechos Humanos europeo.

Aunque la inadmisión ocurrió en noviembre pasado, la noticia se conoció este miércoles gracias a un mensaje en las redes sociales de Iñaki Abad, uno de los jóvenes condenados: "Frente al desamparo de todas las instituciones judiciales, queda una sociedad que lo ha entendido perfectamente, pese a perder en el TEDH, seguiremos denunciándolo siempre", ha señalado en su cuenta de Twitter.

Despertando conciencias

Se cierra así el recorrido judicial de uno de los casos más trascendentales de los últimos años. Algunos de los jóvenes han cumplido ya la condena y otros están en tercer grado. El balance, pese a la dureza de las penas, también tiene un elemento positivo para los afectados: el "gran apoyo social" recibido y la "conciencia de la injusticia y de déficit democrático en el Estado español", según sostiene la asociación 'Altsasu gurasoak', formada por madres y padres de los jóvenes condenados.

Antxon Ramírez de Alda, padre de Adur, uno de los jóvenes, afirma que "tenían esperanza en Estrasburgo". Destaca la "enorme solidaridad que hemos sentido en todo este tiempo".  Según cree este padre, "el caso ha ido calando en la sociedad, creando conciencia de que ha sido injusto y de cómo se puede fabricar un caso desde ciertas instituciones del Estado para favorecer unas determinadas tesis políticas". Insiste Ramírez de Alda en que "el rechazo de Estrasburgo no empaña ese logro de haber despertado conciencias, lo que nos llena de satisfacción". 

Coinciden en esta valoración algunos de los abogados que defendieron a los chavales de Altsasu. A la abogada Amaia Izko, que representó en el proceso a la joven Ainara Urquijo y a Jokin Unamuno, no le ha sorprendido la decisión del tribunal de Estrasburgo. "No es sorprendente sabiendo lo difícil que es que se admitan a trámite este tipo de recursos. Lo lamentamos, por supuesto, porque creemos que había materia para que el TEDH hubiera valorado las irregularidades del procedimiento". 

Conciencia política

No obstante, Amaia Izko cree que la respuesta negativa del TEDH no ensombrece uno de los grandes logros del movimiento popular generado en torno al caso: "Muchos sectores de la sociedad han entendido que el caso Altsasu fue un montaje perpetrado por 'lobbies' y medios de comunicación para darle una dimensión que no tenía". 

El abogado Jaime Montero, defensor de Oihan Arnanz, centró su recurso en Estrasburgo en la vulneración del derecho a un juez imparcial. Según cree, si la condena hubiera sido finalmente por delito de terrorismo, Estrasburgo sí hubiera admitido los recursos. "Una vez que la Audiencia Nacional desestimó el terrorismo, el caso perdió interés en Europa", dice Montero. 

¿Qué hubiera pasado si el TEDH hubiera admitido los recursos? "En ese caso, la sentencia se hubiera declarado nula y si el juicio se hubiera tenido que repetir ya no hubiera sido en la Audiencia Nacional, pues el delito de terrorismo estaba descartado, sino en un tribunal de Pamplona", explica Jaime Montero. 

Amaia Izko destacó en su recurso precisamente la vulneración que habían sufrido sus representados a su derecho al juez natural. "Nunca había tenido que llegar el caso a la Audiencia Nacional. Se había tenido que enjuiciar en Navarra como lo que fue: una pelea de bar", dice la letrada. 

En los ocho recursos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la idea central era que "ningún órgano del sistema judicial español con competencias para ello ha demostrado tener voluntad de frenar este montaje, demostrando graves carencias democráticas y violando los derechos fundamentales más básicos".