El caso Iliass Tahiri, el joven que murió el 1 de julio de 2019 en un centro de menores infractores de Almería en manos de unos guardias que le aplicaban lo que ha venido a llamarse una contención mecánica –un eufemismo para no decir lo que es realmente: atar a una persona con correas o bien boca arriba o bien boca abajo– ha abierto un debate sobre la abolición de semejante método, utilizado en España, con cobertura legal, para calmar a adolescentes en estado de agitación.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha exigido su supresión, y el fiscal Carlos Castresana, en un contundente escrito en el que reclamó la reapertura del caso Tahiri, que en este momento permanece archivado en un Juzgado de Purchena (Almería), ha puesto el foco en la responsabilidad penal de quienes establecieron el protocolo que permitía a los guardias del centro Tierras de Oria –de titularidad pública, de la Junta de Andalucía, que gestiona la Asociación Ginso– donde murió el joven, atar boca abajo a un menor.

"La contención es una experiencia muy traumática. Hay varios estudios que demuestran que, para la persona que la ha sufrido, ha sido una experiencia que rompe la confianza con el sistema de salud o con el de protección de menores. Sobre personas con deterioro cognitivo importante puede que no cause el mismo efecto, pero para la inmensa mayoría de personas es una experiencia que produce un daño psicológico: ver que por la fuerza te atan a una cama", afirma a Público en conversación telefónica Pau Pérez-Sales, director del Centro SiR[a] de Atención a Víctimas de Violencia y asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

A Tahiri le practicaron una contención boca abajo. "La contención boca abajo favorece la tortura y los malos tratos. En el centro de Almería no debería haber contenciones mecánicas. No hay ninguna razón para hacer una contención mecánica de un menor. Hay muchos centros de menores que no han tenido contenciones en años. Es evidente que en algunos existe un talante de diálogo. Y en otros, se avisa a seguridad de inmediato. Y lo que hacen es una intervención de castigo, el aislamiento o las contenciones. Y no son contenciones educativas", afirma Pérez-Sales, quien es autor de numerosos trabajos de investigación en su campo, entre ellos uno dedicado específicamente a estos asuntos: Tortura Psicológica: Definición, Evaluación y Medidas. 

Al respecto del debate sobre las contenciones efectuadas boca arriba y boca abajo, Pérez-Sales aporta varias reflexiones. Primero asegura: "Hay quien dice de manera errónea que la contención boca arriba es peligrosa, porque la persona puede vomitar, aspirar el vómito y morir por asfixia. Eso es falso. Se levanta el cabecero de la cama 20-25 grados y se resuelve. Boca abajo, la persona tiene la cabeza contra la almohada, presión en el pecho. La contención boca abajo provoca más mortalidad. Eso son datos basados en revisiones epidemiológicas, no son opiniones o intuiciones".

Y luego añade: "Si a ti te contienen boca arriba, puedes ver, te pueden explicar, te pueden dar una medicación, un vaso de agua, hay una forma humana de relacionarse. Boca abajo, no puedes defenderte. Ni puedes orinar, ni te pueden dar medicación, ni de comer ni de beber. Es una situación de indignidad. O es un proceso terapéutico para ayudar a alguien o es un puro castigo. Cuando dejas atado a alguien tres, cuatro, seis horas, es evidente que la función no es que se tranquilice, sino un castigo".

Pérez-Sales remacha: "El caso de Almería tiene un precedente: Ramón Barrios [quien murió en 2011 en un centro de Madrid]. Fue lo mismo y no se aprendió nada. Esto ha vuelto a ocurrir. Se utilizan procedimientos inadecuados".

Un mínimo de 360 sujeciones en dos años

La sujeción mecánica es un procedimiento que solo debe aplicarse, según las instrucciones de la Junta de Andalucía, en una situación de extrema gravedad en la que el diálogo y la intervención educativa son inviables y con el único fin de evitar que el menor o el resto de personas del centro puedan sufrir daño alguno.

En el año 2016, tres años antes de la muerte de Tahiri, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó el centro Tierras de Oria y, aunque manifestaba que la situación general era normal –"los episodios de violencia entre los internos no eran muy frecuentes y el personal normalmente intervenía adecuadamente"–, documentó al menos el uso de restricciones mecánicas en 24 ocasiones entre enero y septiembre de ese año.

"Esta medida normalmente duraba entre una y dos horas. A los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño (pese a pedirlo) y en algunos casos se habían orinado encima", se puede leer en el informe del CPT.

Esta es la descripción que hizo el Consejo de Europa de las contenciones con medios mecánicos en Tierras de Oria: "El centro disponía de una habitación específica para la restricción mecánica, que estaba equipada con una cama (que no estaba anclada al suelo) equipada con tres pares de asas a lo largo del borde para atar las correas. Los menores eran atados a la cama boca abajo, con las muñecas y los tobillos (y a veces el torso) atados a la cama con correas y con las piernas bien abiertas. El menor que se encontraba atado era constantemente vigilado por un miembro del personal a través de una ventana con barrotes, pero no había ningún miembro del personal continuamente presente en la habitación".

Los centros de internamiento para menores infractores en Andalucía aplicaron sujeciones mecánicas a jóvenes al menos en 360 ocasiones durante 2017 y 2018, según los datos que maneja la Junta de Andalucía. En el primer año, fueron 106 chavales diferentes los que soportaron esta práctica; y en el segundo, 121.

Esta cifra supone una cada dos días y es solo una referencia mínima, porque al menos hasta la muerte de Tahiri, la existencia de libros-registro de estas actuaciones, obligatorios en los centros de reforma, no eran de uso común. En Tierras de Oria, donde murió Tahiri de hecho, no existía, según un informe del Defensor del Pueblo. Por tanto, pueden ser más.

Reformas de la normativa

El Defensor Marugán señaló en un comunicado hecho público en fechas recientes que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia, y recomendó "una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas", lo que "exige la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores": "[Hay] técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas".

La Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental España y las federaciones catalana y andaluza de Asociaciones de Salud Mental firmaron en junio de 2016 el manifiesto de Cartagena,  en el que instan a la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican "un sufrimiento psíquico traumático" y "pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación".

"El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio e incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción. Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas; de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles", se lee en el manifiesto.

Al respecto de la mejor manera de afrontar una crisis, afirma Pérez-Sales: "Si tienes un adolescente agitado, tienes que tenerle en una habitación, con psicólogo, con educador, conversando con él e intentando hablar una, dos o 5 horas hasta que la situación se calme. Se le puede dar medicación. Hay alternativas, lo que pasa es que requiere un personal formado en situaciones de crisis. Hay gente que tiene entrenamiento en desescalada de crisis. Aíslas a la persona y haces una intervención con los profesionales que hagan falta".

El director del Centro SiR[a] de Atención a Víctimas de Violencia y asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alerta sobre las razones, reales, que hoy en día dificultan la erradicación de las sujeciones: "La realidad es que cuando eso ocurre [cuando se afronta correctamente una crisis] tienes a la mitad del personal hablando con un joven. Falta [por tanto] formación, falta de claridad técnica y también falta personal".