El auto del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por el que se abre juicio oral contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid; Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL; y el empresario Adrián de la Joya, entre otros, califica la colaboración de este último como "esencial" para facilitar el flujo de la comisión de 1,8 millones de euros que supuestamente OHL desembolsó para hacerse con la licitación, en octubre de 2007, para la construcción del trazado ferroviario entre Móstoles y Navalcarnero. 

En esta pieza del caso Lezo está imputado Adrián de la Joya por el presunto delito de cohecho activo y la Fiscalía pide para él 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 1,8 millones de euros. También está imputado en la macrocausa Tándem o Villarejo. De la Joya es amigo del comisario jubilado y ha compartido con él varios negocios. Una amistad que llevó presuntamente al empresario a actuar como testaferro de Villarejo. 

También en la pieza por el tren a Navalcarnero la amistad ha jugado un papel clave. En 2007 Adrián de la Joya mantenía una estrecha relación de amistad con Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora. El empresario y López Madrid acordaron, según el auto de García-Castellón, que los fondos de OHL para la comisión ilícita que debían repartirse altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos, supuestamente el vicepresidente González, serían abonados a través de una cuenta de De la Joya en Suiza, a nombre de una sociedad panameña suya llamada Lauryn Group. 

A su vez, Javier López Madrid mantenía una estrecha relación personal con Ignacio González, que en aquella época además de la vicepresidencia madrileña, ocupaba la presidencia del Canal de Isabel II. Por negocios relacionados con este ente público, González también está imputado en otra pieza del caso Lezo. 

La amistad entre el consejero de OHL y el vicepresidente madrileño propició que convinieran en utilizar la posición de González como alto cargo de la Comunidad de Madrid para influir sobre Jesús Trabada, consejero delegado del ente público Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que era el órgano licitador para el proyecto del tren a Navalcarnero. Según el auto, necesitaban que Trabada adjudicase el concurso a OHL y más tarde aceptara una modificación al alza del proyecto para compensar los reducidos ingresos que la constructora iba a obtener al presentar la oferta más ventajosa de las siete que se presentaron.  

Sin embargo, no sería el único alto cargo en haber sacado tajada de esa concesión. El consejero de Transportes que ideó el proyecto en 2004 y que después llegó a vicepresidente, gran enemigo de Ignacio González, el amigo del comisario Villarejo y exempleado de Sociètè Gènèrale, Francisco Granados, también es investigado en Púnica por las mordidas que sacó del tren de Navalcarnero, como apuntó en su agenda junto a las iniciales JLM de Javier López Madrid, según la Guardia Civil. 

La ruta de la mordida

Una vez adjudicado el concurso público a OHL, Felicísimo Ramos, director de Control de Gestión de OHL, "siguiendo instrucciones de su superior, Rafael Arturo Martín de Nicolás" (ambos están acusados en esta causa), transfirió, bajo un concepto ficticio de devolución de préstamo, 2,5 millones de dólares a dos cuentas de la constructora en México. Después elaboró, según el juez, dos facturas falsas emitidas por la sociedad de Adrián de la Joya Lauryn Group, por valor de 2,5 millones de dólares. Como conceptos, consignó servicios de búsqueda de personal local y estudio de mercado, ambos trabajos supuestamente en México, auqnue Layryn Group, dedicada a la intermediación financiera, no tenía herramientas para prestar dichos servicios ficticios. Felicísimo Ramos transfirió el dinero desde las cuentas de OHL en México a la cuenta que Lauryn Group tenía en la entidad Anglo Irish Bank en Ginebra (Suiza).  

Adrián de la Joya y López Madrid habían acordado, según el auto judicial, que fuera Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II, el depositario del dinero de la mordida, por lo que recibiría  una comisión de 833.000 dólares. Los 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros) llegaron a la cuenta de De la Joya el 30 de noviembre de 2007 y no fue hasta el 18 de julio de 2008 cuando el empresario imputado retiró en efectivo 2,3 millones de dólares, según el auto judicial. Esa cuenta fue clausurada por De la Joya el 2 de abril de 2009 y el saldo, casi 13 millones de euros, fue transferido a una cuenta en ABN Bank en Zurich a nombre de una sociedad suya llamada Frankford Trade, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas.

Inconsistencias del auto judicial

En el auto, la acusación concreta contra Ignacio González no parece estar apuntalada. García-Castellón indica que "no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el reparto de la comisión entre Ildefonso de Miguel e Ignacio González", después de asegurar que antes de julio de 2008 se hicieron llegar en efectivo a Ildefonso en Madrid entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros "para que hiciera frente al pago de las comisiones". 

No señala el juez si hay indicios claros para afirmar que el concurso público estuviera amañado, aunque indica que "los acusados consiguieron el informe y los votos favorables necesarios para ello presentando la oferta económica‒financiera más ventajosa de todos los licitadores, al incluir las siguientes propuestas a la baja que, si bien aparentemente resultaban compatibles con el pliego de condiciones, impedían claramente la normal ejecución de la obra". 

Proyecto estrella de Dolores de Cospedal

Hay que recordar que el tren entre Móstoles Central y Navalcarnero fue el proyecto estrella de Dolores de Cospedal en su etapa como consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid (diciembre de 2004-junio de 2006) y así lo anunció en varios medios justo meses antes de ser destituida en el cargo, que ocupó Elvira Rodríguez.

Sin embargo el auto de García Castellón no dedica ni una línea a los pormenores de la redacción de las bases del concurso ni del pliego de condiciones, publicados en mayo de 2007. Sí indica que fue durante la tramitación del concurso cuando presuntamente Javier López Madrid ideó un plan para ganar el concurso público mediante la inyección de una mordida.

Navalcarnero sigue sin tren

Las obras se paralizaron cuando la modificación del proyecto al alza no fue aprobado, en octubre de 2011, "pese a la actividad desplegada por Jesús Trabada", dice el auto, que también indica que no hay pruebas de que el entonces consejero delegado del organismo público Mintra hubiera cobrado comisión ilícita. La entidad creada por OHL para gestionar el proyecto fue declarada en quiebra por auto judicial en 2016. El proyecto inacabado del tren a Navalcarnero costó a las arcas públicas madrileñas en torno a 123 millones de euros.