Desde las elecciones generales del 23 de julio han pasado ya algo más de seis meses. La noche electoral, celebrada en el PSOE por evitar que PP y Vox llegaran a Moncloa, dibujó un escenario en el que la participación de Junts era clave para formar Gobierno. Una situación compleja pero que Pedro Sánchez estaba dispuesto a abordar. Para ello era necesario mucho diálogo y muchos acuerdos con el partido de Carles Puigdemont. 

Los contactos, discretos, de los socialistas con el partido independentista realmente habían empezado tiempo atrás, como se desveló posteriormente. En Ferraz consideraban que podía ser necesaria la interlocución con una fuerza política con la que todos los puentes estaban rotos. En este contexto surgen dos nombres propios: el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. 

Ambos dirigentes han ido tejiendo una relación fluida con multitud de conversaciones y reuniones, tanto en España como fuera. Todo siempre bajo la supervisión directa de Puigdemont. En la ecuación entraron también personas como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Los actores implicados reconocían desde el día siguiente de las elecciones que partían de la desconfianza mutua pero que contaban con voluntad política de diálogo. 

El eje principal de las relaciones tenía un objetivo prioritario para Junts: una ley de amnistía. Algo que también pedían desde ERC y que desde los socios del Gobierno de Sumar avalaban. Los socialistas evitaron durante muchas semanas incluso mencionar la palabra amnistía. A la vez, trataban de "cuidar" las relaciones por igual con ERC y Junts, en eterna competición por la hegemonía independentista. 

El primer hito político que visibilizó que las opciones de armar una investidura eran reales fue la votación para elegir la Presidencia del Congreso. El PSOE proponía a Francina Armengol, una dirigente muy sensible a asuntos como el uso de las lenguas cooficiales. Ese fue el primer pacto. Se podría hablar catalán, gallego o euskera en el Congreso, y Junts, junto con el resto de socios, votaría a favor de la candidata socialista. Puigdemont ya había salido a escena para hablar de "hechos comprobables" a cambio de esa primera votación. 

La reforma del reglamento fue exprés y en la sesión de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, a finales de septiembre, ya se pudieron escuchar las lenguas cooficiales. Antes, la mayoría necesaria para la investidura ya había demostrado su viabilidad en dos votaciones, la de Armengol y la de la reforma del reglamento para el uso de las lenguas. A esta última se sumó, además, Coalición Canaria. 

La relación de PSOE y Junts era, por tanto, fluida. Otro gesto que lo dejaba claro era el favor que los socialistas y Sumar les hicieron a ambos permitiéndoles formar grupo parlamentario propio en el Congreso. Un asunto de vital importancia para su visibilidad y funcionamiento en la Cámara Baja. 

La foto de Bruselas

Pasada la investidura de Feijóo, llegaba la hora de la verdad. Sánchez se refirió por primera vez a la amnistía el 6 de octubre. La defendió con contundencia ante su partido en el Comité Federal celebrado el 28 de octubre. Y dos días después, con ese mensaje lanzado, PSOE y Junts difundieron una foto de Cerdán con Puigdemont en Bruselas. Antes, Sánchez se había reunido también en el Congreso con Nogueras. 

Una buena muestra de las intenciones de unos y otros. El líder del PSOE transmitía la necesidad de pasar página en Catalunya y de normalizar la relación con Junts. De integrarlos de nuevos en el sistema político español tras los acontecimientos del procés y sus consecuencias judiciales. Los socialistas iban engrasando el argumentario con un objetivo clave: mejorar la convivencia. 

Junts exigía en un primer momento que la ley de amnistía se aprobara, o al menos se registrara, antes de la investidura de Sánchez. Una petición imposible por los tiempos parlamentarios. Y porque, como se ha visto esta última semana, pactar el texto definitivo de la ley con consenso no era tarea fácil. 

Los hechos se precipitaron durante los primeros días de noviembre tras la foto de Bruselas. La ciudad belga se convirtió en el cuartel general de las negociaciones. Hubo fumata blanca el 9 de noviembre. Había acuerdo para toda la legislatura, según el PSOE. A cambio, la amnistía y otra serie de asuntos, como avanzar en autogobierno. El objetivo final, según firmaron ambos, era la resolución del conflicto en Catalunya.

Se pactó la figura de un mediador internacional, una suerte de notario que favoreciera los avances en las conversaciones entre ambos partidos. Hasta el momento, que se sepa, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo no entrado en acción. 

Con la derecha política y judicial en una ofensiva desde diferentes puntos, PSOE y Junts lograron un acuerdo y Sánchez salió investido como presidente del Gobierno el día 16 de noviembre. Hace apenas dos meses y medio. Desde entonces, lejos de la tranquilidad, la legislatura ha comenzado con incertidumbre. 

Primero, con la agónica votación sobre varios decretos el pasado 10 de enero. PSOE y Junts negociaron hasta el último minuto, literalmente, pero Sánchez salvó los muebles. Eso sí, a cambio de algunas contraprestaciones como el traspaso de competencias en migración a Catalunya, del que todavía falta por leer la letra pequeña. 

El siguiente paso era la votación exprés, por fin, de la ley de amnistía. Había sido registrada tres días antes de la investidura de Sánchez y los trámites parlamentarios estaban en marcha. El acuerdo se fue torciendo por la desconfianza de Junts en que las actuaciones judiciales pudieran dejar fuera a Puigdemont y otros posibles imputados por terrorismo. El partido catalán presentó sus propias enmiendas, pero los socialistas no cedieron. El resultado, que la ley volverá en 15 días o un mes a la comisión de Justicia. 

PSOE y Junts tienen una nueva oportunidad de aprobar la tan comentada ley. Sin duda será una medida histórica si llega. Pero alguno de los dos partidos (o ambos) tendrá que ceder. Sánchez tuvo un gesto público este jueves, desde Bruselas. Respaldó sin fisuras el rechazo a que los independentistas puedan ser considerados como terroristas, en una respuesta velada al juez Manuel García Castellón. Pero dijo que solo como está redactada tendrá seguridad jurídica. 

La incertidumbre en estos momentos existe. De cara a la estabilidad de la legislatura, aunque los socialistas proclaman que no está en peligro. O de cara a los Presupuestos. También entre el resto de los socios del Gobierno. En las filas socialistas, según señalan fuentes de la dirección a Público, destacan que las conversaciones ahora se han aplazado unos días. "Vamos a hablar de lo que haga falta, nuestro compromiso es claro", añaden. Febrero será un mes clave. Otro más en este camino que se inició en julio.