El próximo lunes el Govern y el Gobierno se reunirán con motivo de la comisión bilateral, en la que los catalanes tienen previsto exigir al Ejecutivo un traspaso de responsabilidades en distintas áreas que la Generalitat todavía no tiene, pero espera conseguir, "los queremos todos y los queremos ya", ha advertido la Generalitat. Algunas de sus exigencias tienen que ver con la transferencia de la gestión del Aeropuerto de El Prat, así como abordar las comunicaciones electrónicas e inspección de telecomunicaciones.

En materia laboral, propone la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo en inmigración y la creación del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona, así como la gestión del Fondo de Garantía Salarial. Además, quiere proponer la posibilidad de ejercer las funciones de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De esta manera, exigirá algunas funciones como las relativas a las prestaciones por desempleo, las funciones y servicios de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con dicha entidad. Además, apremia a aprobar las ofertas públicas de plazas para funcionarios habilitados.

A nivel económico, reclamará que la Junta de Tributos de Cataluña asuma la competencia para resolver reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en aplicación de tributos cedidos por el Estado, así como las funciones no traspasadas del Instituto Social de la Marina y las funciones relativas a entidades gestoras de planes y fondos de pensiones, entre otras. También exigirá las funciones y servicios relativos a la delegación de competencias del impuesto especial sobre medios de transporte y reclamará ejercer la defensa de la competencia.

Asumir la seguridad en el Aeropuerto de Alguaire

Por otro lado, atendiendo al Departamento de Interior, el Govern propondrá que los Mossos d’Esquadra asuman las funciones de protección de la naturaleza en sustitución de la Guardia Civil, además de que ejerzan como policía ordinaria en el Puerto de Palamós (Girona).

Siguiendo en esta línea, el Ejecutivo catalán pretende asumir la seguridad en el Aeropuerto de Alguaire y, atendiendo a la Protección Civil, quiere otorgarle competencias en materia de seguridad nuclear y otras "funciones residuales" que ejerce el Estado.

Otras medidas que propondrá al Gobierno central tienen que ver con la memoria histórica, como que los fondos documentales sobre Cataluña que están depositados en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca, vuelvan a la comunidad catalana; o con los residuos, pues reclamará poder autorizar el traslado de residuos hacia o desde países de fuera de la UE y las autorizaciones de vertidos, obras y funciones sancionadoras de recaudación de tasas y cánones por actividades relacionadas con vertidos de aguas superficiales y subterráneas.

Aragonès, el gran ausente en la Conferencia de Presidentes

Según fuentes de El País, el principal foco de tensión en las negociaciones entre la parte catalana y Política Territorial se encuentra en la gestión de los fondos europeos, que no forma parte del núcleo de temas a tratar. Desde el ministerio que preside Isabel Rodríguez insisten en que el reparto de estos recursos se abordará en la Conferencia de Presidentes de este viernes, en Salamanca. Sin embargo, el líder catalán, Pere Aragonès, descarta ir a ese encuentro, que ha valorado como una simple "foto". Será el único mandatario autonómico que no asistirá a la cita.