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El CGPJ archiva el expediente disciplinario abierto al magistrado crítico Ruiz de Lara

Es el portavoz de la Plataforma por la independencia Judicial y uno de los jueces que llevó al tribunal europeo las cláusulas abusivas bancarias. La investigación inicial fue abierta sin su conocimiento y en secreto.

El portavoz de la Plataforma por la independencia judicial, Manuel Ruiz de Lara

JULIA PÉREZ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente disciplinario abierto al al titular del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona, Manuel Ruiz de Lara, por impulsar y patrocinar de su bolsillo y de manera altruista unos torneos de oratoria jurídica entre ex alumnos de su colegio y estudiantes de universidades españolas.

El CGPJ ha tenido bajo la lupa al juez crítico durante un año y dos meses, para concluir que no cometió faltas disciplinarias

El nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha acordado el archivo del expediente disciplinario abierto el pasado 19 de junio, pero que parte de una investigación iniciada en secreto contra Ruiz de Lara el 22 de mayo de 2015, diligencias informativas que no fueron comunicadas al afectado hasta el 2 de agosto de 2016 por dicho servicio, que dependía entonces de Antonio Fonseca-Herrero.

Esta investigación secreta fue revelada por Público, frente a la que los decanos de toda España expresaron la "generalizada inquietud" de los jueces españoles al igual que las asociaciones judiciales.

Manuel Ruiz de Lara es el portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una organización de especialistas jurídicos que ha puesto en evidencia diversos nombramientos de la cúpula judicial decididos por el CGPJ presidido por Carlos Lesmes.

Es más, el Promotor dedicó buena parte de su interrogatorio a Ruiz de Lara para preguntar por la identidad de quienes elaboran esos informes críticos con la gestión del CGPJ.

"Esos informes que emite la Plataforma, ¿quién los hace?"; "¿Son personas individuales o es la propia Plataforma?", preguntó una y otra vez Fonseca-Herrero a Ruiz de Lara a lo largo de ocho minutos. El interrogatorio se produjo el 24 de febrero de 2017 y duró casi una hora.

Ruiz de Lara se negó a revelar la identidad de los autores de estos informes que cuestionan algunos nombramientos de Lesmes. Este magistrado es, además, uno de los jueces que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diversas cuestiones prejudiciales sobre las cláusulas abusivas bancarias.

El CGPJ ha tenido bajo la amenaza de sanción al juez crítico durante un año y dos meses, para concluir finalmente que no existe ninguna infracción disciplinaria.

Las diligencias fueron abiertas por la posible de una infracción disciplinaria porque el juez se dirigió a la embajada en Estados Unidos para exponer la iniciativa universitaria. Sin embargo se amplió en forma de causa general hasta por un total de tres supuestas faltas disciplinarias, ahora archivadas.

En concreto, el expediente siguió adelante por una supuesta falta muy grave consistente en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado; otra falta muy grave de abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios y profesionales; y una falta grave por el ejercicio de actividades consideradas compatibles con el cargo sin haber obtenido la pertinente autorización. Todas han sido archivadas.

Descarta que abusara de su condición de juez

El Promotor concluye que no ha quedado acreditado que Ruiz de Lara abusara de su condición de juez cuando pidió por correo electrónico a la Embajada de España en Estados Unidos su apoyo para celebrar un debate de estos estudiantes españoles frente a alumnos de universidades norteamericanas, como Harvard.

Los estudiantes crearon una asociación denominada Consejo General del Debate Judicial (CGDJ). El Promotor sostiene que, aunque Ruiz de Lara se identificaba como juez para presentar la iniciativa en ese mensaje, lo hacía, "más que como una ostentación orientada a conseguir un fin, como una manifestación dirigida a dar autenticidad al origen y autoría del correo".

El Promotor tampoco considera acreditada la comisión de una falta muy grave de ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, ya que la organización, participación, promoción y financiación de debates jurídicos "se trata de una actividad docente", que figura entre las que según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial puede ser ejercida por los miembros de la Carrera Judicial que hayan solicitado y obtenido del CGPJ autorización para ello.

El magistrado declaró al Promotor que siempre actuó de manera gratuita y altruista para ayudar a 17 estudiantes, cuyos viajes a Bruselas, París y Madrid para los torneos costeó de su propio bolsillo en agosto de 2015.

Ahora, el Promotor considera que el magistrado sólo solicitó la compatibilidad para ejercer de jurado y no de docente, actividad que considera que ejerció por el mero hecho de implicarse en los debates estudiantiles financiados con dinero de su bolsillo. Dicho esto, archiva esta supuesta falta porque está prescrita y se habría cometido antes de que se comunicara al afectado la apertura del expediente. 

El expediente reconoce que el magistrado tenía desde 2014 concedida la compatibilidad para ser portavoz de la Plataforma, funciones entre las que se encuentra la de promover o realizar actividades formativas relacionadas con los fines de la propia asociación, que en su web difundió estos debates.

Desde Julio de 2016, fecha de apertura oficial de las diligencias Informativas hasta la apertura de expediente disciplinario el 19 de Junio de 2017 transcurren más de once meses.  Se da la circunstancia de que los expedientes disciplinarios sólo pueden durar seis meses, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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