La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, como actualmente se encuentra desde hace dos años, y también ha rechazado recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se celebraran sesiones extraordinarias en enero para poder avanzar con la reforma, que recibió el visto bueno del Pleno el pasado 15 de diciembre.

Pero también pidieron, antes de las Navidades, que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esta segunda decisión debía ser aceptada por la Mesa de la Cámara, que así lo ha decidido este miércoles gracias a los seis votos de los dos grupos del Gobierno, que se han impuesto a los tres representantes de PP y Vox, según informaron a Público fuentes parlamentarias.

Plazos de enmiendas

Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.

Los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.

En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.

Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.

El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales -todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años-, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".