Parecía que la larga amistad que mantienen el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario del ramo dentro del PP, Enrique López, iba a dar sus frutos para encauzar el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace un año y cinco meses. Pero no ha sido posible.

Su presidente, Carlos Lesmes, ha decidido retomar los nombramientos de la cúpula judicial, a pesar de que deberían ser realizados por el nuevo Consejo, en vista de los tres avisos en forma de carta que ha remitido a las Cortes Generales durante este casi año y medio de espera.

Lesmes optó por paralizar los nombramientos el pasado 16 de enero, con la esperanza de que se produjera la ansiada renovación. No en vano él mismo se postula para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional, que tiene a su vez cuatro plazas vacantes incluida la de su presidente.

Esta decisión llegó después de que Lesmes consiguiera nombrar a 46 cargos, la mayoría afines al presidente del CGPJ y el PP. Y condicionara así la Justicia para los próximos 20 años ya que varios de estos altos cargos fueron magistrados del Supremo, que es una plaza vitalicia.

El Consejo retoma ahora el nombramiento de cinco plazas que paralizó y aprueba las bases de otros 25 puestos de altos cargos de la cúpula judicial. En total, 28 plazas.

Puestos clave en la cúpula judicial

Entre los 25 cargos cuyas bases ha aprobado este jueves se encuentran las presidencias en el Tribunal Supremo de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, Social y Militar, por expiración de mandato -en el primer caso- y jubilación de los presidentes de las otras dos salas.

Son cargos vitalicios e importantes, al igual que otra plaza de la Sala de lo Social del Supremo que se convocará por el fallecimiento del magistrado José Manuel López García de la Serrana.

En enero Lesmes y su mayoría de confianza dejaron en suspenso cinco plazas ya convocadas: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia de Ourense.

Vacantes en la Sala de lo Penal del Supremo

Cubrir las tres vacantes de la Sala de lo Penal del Supremo es importante para el funcionamiento de dicha Sala, en especial ante la celebración de un posible juicio al expresident Carles Puigdemont ya que sus magistrados han participado en su mayoría de una u otra manera en el juicio del ‘procés’ o en los recursos interpuestos por los líderes independentistas condenados.

Entre las 25 plazas que se van a convocar figuran además las presidentas de los tribunales superiores de justicia de Cantabria, Illes Balears y el País Vasco, los dos primeros por fin del mandato de sus titulares y el último por la jubilación de Juan Luis Ibarra.

¿Dimitir para forzar a las Cortes?

Varios líderes políticos, entre ellos Enrique Santiago, diputado secretario general del PCE, han exigido a los vocales y al presidente del CGPJ que dimitan para así obligar a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo para su renovación.

"Eso sería un gesto antisistema que tendría interpretaciones políticas porque han sido voces políticas las que lo han pedido. Yo no soy partidario de crear una crisis institucional", explica un vocal del órgano constitucional. “

"Esperábamos un gesto de que la negociación iba en serio, pero no hay avances", sostiene otro vocal consultado.

La dimisión ya fue utilizada por un presidente del CGPJ de otro mandato: Pascual Sala, posteriormente presidente del Constitucional.

Ocurrió en 1996. Sala aceptó la dimisión de seis vocales que no había aceptado previamente y dejó así al órgano constitucional sin quorum necesario para celebrar plenos. Fue la forma que encontró para forzar a José María Aznar, recién nombrado presidente del Gobierno, a emprender la renovación. "Y sólo llevábamos cuatro meses de interinidad". Sala aún se recuerda la cara seria que se le quedó a Aznar. Hubo renovación del órgano consitucional.

Actualmente, los 20 vocales del órgano constitucional son elegidos directamente por el Parlamento, incluidos los 12 de procedencia judicial.

Renuncia y ariete

El mandato del CGPJ es por cinco años y el actual caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste renunció a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó alardeando de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala de lo Penal del alto tribunal. Marchena se quedó en la Sala de lo penal y presidió el famoso juicio del 'procés'. 

Ahora, Pablo Casado quiere utilizar el CGPJ como ariete del Gobierno. Fue allí donde se forjó la amistad de Juan Carlos Campo y de Enrique López, cuando ambos fueron vocales durante siete años, dos más de los marcados por la Constitución porque tampoco se pudo renovar a tiempo.

Se precisa una mayoría reforzada para designarlos. Y hay quienes ha apostado con Lesmes que en diciembre seguirán siendo vocales y él presidente.