FranquismoCinco episodios de la represión franquista en Zaragoza

“Ya era hora de que las instituciones diera un paso adelante y reivindicaran los derechos de las víctimas”, dijo este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza, emocionado, Fidel Ibáñez, fundador de CCOO en Aragón y represaliado por la dictadura por su actividad sindical.

Su caso, de torturas, es uno de los 108 que narra la querella presentada por el consistorio, en nombre de los 70 cargos públicos y municipales represaliados tras la sublevación militar de julio de 1936 y en los primeros años de la dictadura franquista, y por 33 familiares de víctimas contra siete policías y 17 gobernadores civiles y militares, algunos de ellos fallecidos, a los que la denuncia señala como presuntos responsables, por acción, por omisión o por dar cobertura institucional, de delitos de genocidio y de lesa humanidad que se concretarían en 108 asesinatos (52), detenciones ilegales (46, con 42 desaparecidos) y torturas (11) presuntamente perpetrados en la ciudad y en otras de su partido judicial como Belchite, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, Leciñena, Magallón y Quinto de Ebro. Entre ese centenar largo de crímenes destacan estos cinco por distintos motivos.

El sindicalista al que le rompieron los tímpanos

“Me rompieron los dos tímpanos a golpes, todavía tengo tres agujeros en uno de ellos”, recuerda Fidel Ibáñez. Ocurrió en la primavera de 1968, poco después de ser detenido con otros 53 de los más de 500 participantes en una asamblea preparatoria del 1 de mayo en una explanada de los montes de Torrero, junto al cementerio municipal.

Después de 30 días en prisión preventiva, tras tres de detención en los que fue torturado por agentes de la brigada Político-Social, explica, fue condenado a tres meses y un día. “Nos ‘invitaron’ a cumplir a finales de noviembre, de forma que no pasáramos en casa las navidades, año nuevo, reyes ni San Valero (29 de enero, patrón de Zaragoza)”, recuerda.

A finales de 1971, tras otro episodio de torturas y cuando “llevaban un año buscándome” porque “viví en la clandestinidad, cambiando de refugio cada semana, durante el estado de excepción”, la Guardia Civil lo intercepta cuando regresaba de una reunión de CCOO en Madrid con su esposa y con Floreal Torguet. “Me pidieron que bajara del coche y me pusieron una metralleta en la espalda”, narra.

Fue condenado a cuatro años, tres meses y un día, de los que cumplió más de tres en varias prisiones españolas. “Al salir me integré en el movimiento obrero y en la Plataforma, donde seguí hasta la legalización del PCE” en abril de 1977, anota. Para entonces llevaba once años militando.

El cadáver de un alcalde liberal flotando en el canal

Manuel Pérez Lizano es un testigo de lo indiscriminado de la represión de los sublevados en Zaragoza. Conocido médico, alcalde entre 1932 y 1933 y presidente de la Diputación Provincial en 1936, militaba en el partido Derecha Liberal Republicana, ajeno al Frente Popular aunque después pasaría por Izquierda Republicana, y era un destacado miembro de la burguesía liberal de la ciudad.

Tras ser cesado por el gobernador militar en julio de 1936, pasa diez días detenido y queda en libertad hasta que el 10 de agosto reclaman su presencia las fuerzas de seguridad. Tres días después, su cadáver aparecía flotando en las aguas del Canal Imperial: le habían volado la cabeza de un disparo cuyo proyectil se alojó en su colon, según la autopsia realizada en la Facultad de Medicina.

Dos semanas después de morir, la Comisión Provincial de Incautaciones le incoaba un expediente en el que le reclamaban 50.000 pesetas de la época, con lo que fueron incautados su clínica, sus ahorros y los muebles de su casa.

Félix Tundidor, detenido junto con otras ocho personas acusadas de militar en el Partido Comunista en 1963, fue presuntamente torturado en las instalaciones que la Brigada Político-Social utilizaba en el número 4 de la calle Dato de Zaragoza por cinco agentes, a los que señala directamente en la querella, durante los tres días que permaneció allí.

Fue “golpeado y torturado de manera sistemática” mientras los policías intentaban sonsacarle el paradero de una copiadora manual (una “vietnamita”, en el argot de la época) con la que el PCE imprimía propaganda. Sin embargo, no dijo nada, por lo que los agentes optaron por “someterle a diferentes torturas durante los tres días que estuvo detenido”: golpes en los pies con una vara de hierro, ‘el pino’ (colocarse en esa posición gimnástica para tirarlo al suelo a base de patadas en los brazos), porrazos en las costillas y golpes en los testículos con un tintero mientras estaba sentado en una mesa, narra su testimonio, que anota cómo el último día fue apaleado de nuevo, hasta perder el conocimiento, por uno de los denunciados al que, tras ofrecerle la libertad a cambio de derrotarse, le preguntó si iba a contarle a su hija cómo se ganaba la vida.

Durante las agresiones que denuncia “se encontraba presente Antonio González Pacheco, conocido posteriormente como ‘Billy el niño’, pero no participó en los golpes ni las torturas”, señala su testimonio incorporado a la querella.

Una pintada, un disparo en la cabeza

Miguel Basanta Lopéz murió con 32 años el 5 de febrero de 1977 después de que le atravesara la cabeza una bala disparada por el agente de la Policía Armada que le había encañonado tras sorprenderlo cuando estaba pintando “Trabajo sí. Policía no” en una pared de la calle Santa Gema, en Torrero. Eran las nueve de la noche y moría tres cuartos de hora después en el cercano hospital de San Juan de Dios.

La querella reseña cómo el policía, que estaba paseando por la zona, “presumiblemente a la vista de la ‘pintada’, a modo de represalia, encañonó” al joven. Este, “en reacción instintiva de defensa le volvió la espalda protegiéndose la cabeza con la mano izquierda, momento en el cual el agente disparó un tiro que atravesó la mano con la que se protegía la cabeza”.

El “acometimiento fue súbito, imprevisto, desproporcionado y sin posibilidad alguna de defensa del fallecido, dada la obvia posición de espaldas que ocupaba con respecto al policía”, señala la querella, que califica jurídicamente los hechos como asesinato.

Un jornalero desaparecido en Magallón

Julián Navarro Gil es uno de las decenas de vecinos de Magallón que desaparecieron en los primeros meses de la sublevación militar en el pueblo, en el que hace unos meses fueron rescatados de una fosa común los restos de 81 víctimas de la represión originarias de 19 localidades de Aragón y de Navarra.

Navarro, jornalero del campo y activista, estaba afiliado a UGT y a Izquierda Republicana. Tenía 26 años cuando fue detenido por agentes de la Guardia Civil en el verano de 1936. Fue conducido a Ejea de los Caballeros, en cuya cárcel ingresó el 14 de agosto y de la que salió el mismo día. “Estuvo 24 horas detenido, donde fue golpeado y torturado, desconociéndose su paradero desde entonces”, relata la querella.

Su breve ficha tiene anotada la palabra “salida”, expresión que, según indica la denuncia, “aludía a que el destino del reo fuese su asesinato, especialmente, dado el escaso tiempo que estuvo en prisión”.

Posteriormente, añade, el Ministerio de Justicia certificó que “sufrió persecución por sus ideas políticas, y violencia por sus creencias ideológicas”.

“Hubo miles de víctimas, si no millones”

“Hubo una sistemática persecución y eliminación de miembros de esta sociedad”, explicó Javier Checa, uno de los seis letrados de ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) que ha participado en la elaboración de la querella a partir de los 136 testimonios de víctimas y familiares de estas recogidos en la Oficina de Denuncias abierta por el ayuntamiento tras aprobar el pleno la iniciativa. ”Víctimas en el franquismo hubo miles, si no millones. Estos casos son una cantidad ínfima”, añadió.

El salón de recepciones del ayuntamiento acogió este jueves un concurrido acto institucional de presentación de la querella en el que participaron víctimas, familiares de represaliados y representantes de las asociaciones memorialistas.

El alcalde, Pedro Santisteve, que señaló que la querella tiene como objetivo “la justicia, la verdad y la reparación para las personas que fueron asesinadas y represaliadas”, explicó que la denuncia “apela a esa nueva generación de jueces, formados, valientes y preparados, para que apliquen el derecho a la justicia universal” dentro de “los niveles de ética y moralidad” que está marcando el derecho internacional.

“Este país ha sufrido una enorme amnesia, esa amnesia constituyente que nos hizo olvidar que nuestra legalidad viene de la anterior legalidad”, añadió, tras aludir críticamente a “la tradición histórica española de la exterminación del disidente”.

“Una sociedad democrática no cubre con velos”

Por su parte, el portavoz de Cha, Carmelo Asensio, impulsor de la moción que dio origen a la querella, destacó que “lo que estamos haciendo hoy es reclamar justicia, pero no revancha ni venganza. Hablamos de un genocidio sistemáticamente organizado”.

Y, en este sentido, añadió que el Zaragoza “más de 3.500 personas fueron vilmente fusiladas por defender la democracia”, tal y como indican investigaciones históricas como las del profesor Julián Casanova. “Una sociedad no es democrática si cubre con un velo lo que ocurrió en su época pasada”.

Por último, el historiador Hermino Lafoz, que también ha intervenido en el trabajo de documentación previo a la presentación de la querella, incidió en que “lo fundamental es devolver a las víctimas sus ojos, su cara, su vida. Esa es la labor de un historiador”.

La querella inició este jueves si tramitación judicial con el registro por vía telemática en el Juzgado Decano de Zaragoza, que los turnará por reparto a uno de los doce de Instrucción de la capital aragonesa. Si es admitida a trámite, será la tercera del país, tras las de los ayuntamientos de Valencia y de Rivas-Vaciamadrid.