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Cincuenta días acampada frente al chalé de Monago por "una vivienda digna"

El martes Isabel María Rodríguez cumplirá cincuenta días acampada frente a la casa del presidente de Extremadura reclamando un hogar para ella y sus tres hijos. A su protesta se ha unido otra mujer de 48 años y cinco hijos. La acampada llegó a albergar a siete familias. 

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Isabel Rodríguez, izquierda, e Isabel Pintado, derecha, en el automóvil donde duermen cada noche frente al chalé de Monago

MADRID.- El 13 de enero Isabel María Rodríguez decidió acampar frente al chalé de José Antonio Monago en Badajoz. Era el último recurso que le quedaba ante la "desesperada" situación que atraviesa esta mujer. Tiene 32 años, tres hijos, es víctima de violencia de género y ha sufrido hasta nueve desahucios. Todos ellos por impago del alquiler. Isabel, sin embargo, no reclama nada extraordinario. Hace cuatro años rellenó una solicitud para acceder a una vivienda pública, pero su expediente, según señala a Público, desapareció. La acampada es su última bala y advierte de que no piensa abandonar hasta que el Gobierno de Extremadura le conceda una vivienda pública.  

"No he venido aquí a reclamar una limosna sino lo que es mío. Tengo derecho a una vivienda pública como mujer maltratada y llevo reclamándolo desde hace cuatro años", relata esta mujer en conversación telefónica con Público. 

Isabel no está sola. La acompaña en la lucha otro mujer de idéntico nombre desde el 6 de febrero. Isabel María Pintado, de 48 años, tiene cinco hijos y ha sufrido cinco desahucios, cuatro por impago de alquiler y otro por ejecución hipotecaria. El 17 de abril, asegura, sufrirá el sexto. Pintado conoció a Rodríguez el año pasado "por casualidad" y le pidió la amistad en Facebook. Fue a través de esta red social donde descubrió que su amiga había acampado frente al chalé de Monago y se unió a su lucha. 

"Llevo dos años pidiendo comida en la calle y pasando calamidades. Tengo una niña de 9 años que está en el comedor del colegio y esa es la única comida que hace en el día", relata a Público Isabel María Pintado, que afirma que recibe ayuda de Cáritas en forma de macarrones, garbanzos y otras legumbres pero que "sin luz ni gas" no puede cocinar en casa. 

Juntas, estas dos mujeres aguantan frente al chalé de José Antonio Monago. Duermen en una furgoneta de segunda mano que compraron gracias a la aportación de un "conocido estadounidense". Ahí se cambian por la mañana y se asean. Para la ducha y para comer acuden a casa de dos vecinos que ayudan a estas mujeres de manera desinteresada. Abandonar la acampada es una posibilidad que ni se plantean. 

"Nosotras no vamos a abandonar esta acampada porque es lo único que tenemos. Tenemos que estar aquí hasta después de las elecciones. No vamos a consentir que pisoteen nuestros derechos", señala Pintado a Público, que denuncia que la Policía les hace la vida imposible: "Nos piden los papeles del coche por la noche para despertarnos y hasta nos requisaron unas sillas de plástico porque decían que en la vía pública uno no se puede sentar". 

En la memoria, clavado a fuego, tienen los dos encuentros que Isabel Rodríguez mantuvo con Monago antes de acampar. En sendos encuentros, el presidente autonómico prometió encontrar una rápida solución para ella y su familia. Sin embargo, ésta no llegó e Isabel decidió ocupar. 

Siete familias

A pesar de que ahora sólo quedan dos mujeres frente al chalé de Monago, la acampada llegó a albergar a siete familias con el apoyo de Campamento Dignidad Extremadura. La primera fue Isabel María Rodríguez, que fue seguida dos días después por Juliana, que vivía en el trastero de la casa de la que fue desahuciada; le siguió Jennifer, de 28 años, que también tenia una orden de desahucio; y Victoria en idéntica situación a la de Jennifer. De esta manera, poco a poco, llegaron a ser hasta siete las familias acampadas. 

La Fiscalía pide para Juliana una sanción económica de 1.170 euros por ocupar una vivienda pública vacía

La asamblea de Campamento Dignidad trató de buscar una solución conjunta al problema habitacional y "de miseria" de estas mujeres. No era fácil. Se plantearon varias alternativas y se decidió que la mejer solución pasaba por intentar ocupar viviendas vacías de la Sareb o de la Junta de Extremadura, como primer paso, y más adelante, montar una corrala en Badajoz donde pudieran alojarse las siete familias. 

Fue en este momento cuando el grupo se rompió. Isabel Rodríguez e Isabel Pintado decidieron continuar acampadas, mientras que las otras familias siguen acudiendo a las asambleas de Campamento Dignidad batallando por encontrar una solución a su situación pero abandonaron la calle de Monago. "No todo el mundo puede estar acampado tanto tiempo. Tratamos de buscar una solución colectiva al problema", relata a Público Manuel, de Campamento Dignidad Mérida. 

Multada por ocupar

Una de estas familias fue la de Juliana, quien apostó por ocupar una vivienda social en la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz. Sin embargo, fue detenida inmediatamente por la Policía por un delito de usurpación de un inmueble y trasladada a la comisaría, donde prestó declaración, y posteriormente fue puesta en libertad con cargos.

Momento en el que detienen a Juliana, al fondo a la izquierda, tras ocupar una vivienda vacía.- CAMPAMENTO DIGNIDAD

De hecho, Juliana fue juzgada este viernes. La Fiscalía pide para ella una sanción económica de 1.170 euros: 900 de responsabilidad civil más 270 euros de multa. "Yo no sé de dónde quieren que saque el dinero. No tengo ni trabajo, ni subsidios ni nada. Lo único que tengo es necesidad. No lo hice por gusto. Mi familia y yo llevábamos viviendo cuatro meses en la calle", explica Juliana a Público en conversación telefónica. 

Esta mujer de 55 años, con problemas depresivos por la situación que está atravesando, se lamenta de que su familia esté más distanciada que nunca. Cada miembro está en casa de diferentes amigos y conocidos que les han acogido en sus casas. "Llegamos a estar cuatro meses sin ducharnos", recuerda ahora Juliana, que pese a tener un lugar donde ducharse se lamente de no poder ver a sus hijos todos los días. 

"Lo único que le pido a Monago es que nos dé una solución. Somos extremeños y tenemos derechos", denuncia Juliana, que aún no sabía que su presidente es el que más gasta en autobombo en la historia de la Comunidad Autónoma mientras no encuentra un euro en el presupuesto público para dar solución a estas personas ni a las cerca de 1.350 familias que corren el riesgo de ser desahuciados de viviendas públicas en Extremadura.

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