OVIEDO.- La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres activistas a los que considera "miembros" del colectivo Anonymous, acusados de organizar ataques informáticos contra la Junta Electoral Central, la web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011.

La vista oral se celebrará este miércoles, 18 de mayo de 2016, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, a las 09.30 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar en España el 22 de mayo de 2011, y con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, los tres acusados utilizaron la identidad colectiva Anonymous para preparar dos ciberataques.

Pese a que la Policía e instituciones del Estado como la Fiscalía se refieren a Anonymous como una organización o grupo de personas determinado dirigido por una cúpula, diversos investigadores que han analizado su forma de actuar señalan lo contrario: "Es un seudónimo que cualquiera puede hacer suyo, posibilitando la acción de una colectividad indeterminada sin estructura jerárquica de ningún tipo", explica Estela Mateo, investigadora especialista en movimientos sociales que actúan a través de Internet.

"Anonymous es en primer lugar un vocablo que representa la ausencia de la fuente o la imposibilidad para identificarla, un recurso útil cuando, por ejemplo, se quiere realizar una denuncia con riesgo de represalias o simplemente se busca manifestar una opinión minoritaria", concreta Mateo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, los tres acusados utilizaron la identidad colectiva de Anonymous, del que formaban parte los tres acusados, para preparar dos ciberataques

El 18 de mayo de 2011, bajo el nombre de operación Spanish Revolution, organizaron un ciberataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central (JEC), residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la JEC, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral. 

De esta forma, los buzones del Secretario General y del Director de la Secretaría Técnica de la Junta, así como el de la propia Junta, recibieron el día 19 un total de 130.841 mensajes y, el día 20, un total de 214.103, colapsando su funcionamiento.

Asimismo, la página web recibió un gran número de peticiones simultáneas sin esperar respuesta, que en algunos momentos alcanzaron la cifra de dos millones de paquetes de comunicación en menos de un minuto desde una misma dirección IP. Ello ocasionó su bloqueo, impidiendo su normal funcionamiento, al quedar inaccesible para los usuarios de forma intermitente durante dos días.

El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la JEC fue de 700 euros, correspondientes a dos jornadas de un consultor externo en seguridad, si bien fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, al no poder utilizar las herramientas informáticas ni accederse a la página web de forma normal, lo que ocasionó mayores perjuicios.

Para facilitar estos ataques, el acusado XXX, que utilizaba los apodos (nicks) de Tuerinator y Devnuller, creó una red de servidores casera, desde la cual se coordinaban los atacantes y se daban instrucciones sobre los ataques.

El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la JEC fue de 700 euros, correspondientes a dos jornadas de un consultor externo en seguridad, dice la Fiscalía

La línea telefónica a la que se había asignado esta dirección IP correspondía a la del domicilio del acusado XXX, en Gijón. Practicada entrada y registro el 20 de mayo de 2011 en este domicilio, se encontraron los equipos que soportaban los servidores caseros creados por el acusado XXX y utilizados para dar soporte a los ataques. Para poder llevar a cabo estos ataques, la coordinación y dirección se realizó también a través del servidor de chat Anonnet.

El acusado ZZZ, con los apodos de Mugen, Seraf y Sipias, era uno de los principales administradores del canal de IRC de 'Anonymous anonnet', donde se ejecutaban los ataques previamente planificados. De esta forma, bajo el apodo Seraf, coordinó como administrador el 'hive' durante el ataque a la página web de la JEC y dio la orden de iniciar el ataque.

Por su parte, el acusado YYY, con los apodos o nicks de Wicker, Némesis e Irae, entre otros, era también otro de los principales administradores de ese canal de IRC de Anonymous anonnet, donde se ejecutaban los ataques previamente planificados. Entre sus funciones estaban, además de las mismas que realizaba el acusado ZZZ, gestionar los servidores y crear y regular canales (salas de chat), fijar objetivos, analizar vulnerabilidades de las páginas web para facilitar los ataques y dirigir los ataques planificados.

El 20 de mayo de 2011, a las 16.00 horas, estaba preparada la llamada operación 'V de votaciones', contra las páginas web del PP, PSOE, y CiU. Este ataque no llegó a ser realizado por la intervención policial que lo impidió. A los acusados les fueron intervenidos diversos dispositivos informáticos usados para la realización de estos hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de grupo criminal y de un delito continuado de daños. En el acusado ZZZ concurre la atenuante de confesión.

El 20 de mayo de 2011 estaba preparada la llamada operación 'V de votaciones' contra las páginas web del PP, PSOE, y CiU. Este ataque no llegó a ser realizado por la Policia lo impidió

Y solicita que se impongan las siguientes penas: A cada uno de los acusados XXX e YYY, un total de 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.600 euros. Al acusado ZZZ, un total de 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 4.200 euros. 

Además, el Ministerio Fiscal solicita que los tres acusados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, con 700 euros, más los intereses legales correspondientes, al Congreso de los Diputados, como órgano que provee los medios materiales de la Junta Electoral Central.