El bloqueo perpetuado por el PP para renovar el mandato de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo proceso debe tramitarse en el Congreso, afecta a otros ámbitos, también en el terreno parlamentario, de los que poco o nada se habla.

Desde que el pasado 3 de diciembre de 2019 tuviera lugar la constitución de las Cortes, la Comisión de Gastos Reservados todavía no se ha creado, lo que impide que el Gobierno rinda cuentas en sede parlamentaria sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores.

El texto legislativo que regula los fondos reservados desde 1995 determina un control parlamentario directo sobre estos fondos a través de dicha comisión, "a la que se atribuyen competencias para el control de la aplicación y uso de estos créditos". Asimismo, determina la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de "informar periódicamente a dicha comisión parlamentaria".

El artículo 7 de la norma recoge que el órgano parlamentario encargado de vigilar el uso de estas partidas presupuestarias estará compuesto por el presidente de la Cámara Baja, que la presidirá, y "aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Esto quiere decir que, en virtud del reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara (210 votos), en una votación secreta mediante papeleta en urna.

En todo caso, las sesiones de la comisión "serán secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas", en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 del reglamento del Congreso de los Diputados. También, la ley añade que, "con carácter anual", la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

Choque entre los dos grandes partidos

Si bien, casi dos años después de constituirse el Congreso, dicha comisión todavía no ha sido creada, como tampoco lo fue en la legislatura corta de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones. En medio del actual clima político que se respira, y ante la dificultad de llegar a acuerdos a gran escala entre los dos grupos que más diputados concentran, PSOE (120) y PP (88), esta cuenta pendiente en el Congreso duerme en el sueño de los justos a pesar de que supone un incumplimiento de la ley.

En este sentido, fuentes socialistas denuncian que "el PP ha dejado de atender incluso los temas de Estado". Y es que, en palabras de su portavoz en la Cámara Baja, Héctor Gómez, el partido que dirige Pablo Casado está estancado en un "bloqueo permanente" a toda la gestión del Gobierno. "Atienden únicamente a un criterio táctico político... vemos una deriva de confrontación que no responde a la posición de un partido político que ha gobernado España", relató en una entrevista a Efe.

Por su parte, el grupo popular reclama que tiene que ser la presidenta del Congreso, en este caso, la socialista Meritxell Batet, "la que inicie los trámites formales" para su puesta en marcha en cada legislatura, ya que es quien preside el órgano parlamentario. En este sentido, fuentes conservadoras señalan que "no tienen ningún problema en que la presidenta active su constitución conforme a las reglas vigentes". 

Desde presidencia se desmarcan de estas afirmaciones, y aclaran que Batet pondrá en marcha dicha comisión "cuando los grupos lleguen a un acuerdo", algo que en un contexto de vetos cruzados entre partidos se vuelve cada vez más complicado.

Vetos cruzados

Y es que para que los representantes de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural) y EH Bildu puedan estar presentes en dicho órgano, se requiere de los votos de la derecha. Lo mismo ocurre con la ultraderecha, que necesita recabar apoyos de una mayoría progresista que ejerce un cordón sanitario contra la formación de Santiago Abascal.

El PNV afea que la falta de entendimiento "no debería ser un obstáculo para cumplir con el reglamento y constituir una comisión establecida en el reglamento del Congreso". Por ello, califica de "inadmisibles" los vetos de algunos grupos, como ocurrió en legislaturas pasadas tras la negativa del PP de incluir a representantes de ERC o CiU en la Comisión de Gastos Reservados.

Además del desconocimiento expresado por el resto de grupos consultados acerca de este asunto, Cs se remite a las palabras de su portavoz, Edmundo Bal, quien manifestó hace varias semanas su sospecha de un posible pacto entre PSOE y PP para dilatar en el tiempo la activación de la comisión.

En una entrevista a Europa Press, Bal aseguró además que ha preguntado varias veces por esta comisión en la Junta de Portavoces sin obtener respuesta: "Lo reclamamos en numerosas juntas de portavoces y la presidenta, Meritxell Batet, dice ya veremos y sigue dando largas", sostuvo.

Secretos bajo llave

La última vez que se reunió la también conocida como comisión de secretos fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes por los comicios generales de abril. Ese día, el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, detalló el uso de los gastos reservados que gestionaba su departamento, como en jornadas anteriores habían hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). 

Desde entonces, el Gobierno no ha rendido cuentas en sede parlamentaria sobre el destino de estas partidas presupuestarias protegidas por la Ley de Secretos Oficiales, pendiente de modificarse también a iniciativa del PNV. Casi tres años después sigue sin someterse al control parlamentario una realidad encerrada bajo llave y que suele levantar polémicas. La última, la desvelada por ABC, que recogía que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, daba fondos reservados a la Casa del Rey en metálico "para no dejar rastro".