Las negociaciones de los Presupuestos cambian de fase y se trasladan del Gobierno al Congreso

Las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos del próximo año cambian de terreno de juego. Toda vez que los partidos que sostienen el Gobierno de coalición han llegado este martes a un acuerdo para elaborar las cuentas públicas y desbloquear la ley de vivienda, las conversaciones del Ejecutivo con sus socios parlamentarios entrarán en los próximos días en una fase avanzada para que el proyecto de ley reciba el beneplácito de la mayoría del Congreso y del Senado antes de final de año. 

El inicio del curso político arrancaba con el compromiso expreso del presidente del Gobierno de comenzar el 2022 con unos nuevos Presupuestos, esenciales para garantizar la senda de la recuperación ante la llegada de los fondos europeos. Un compromiso que, por otra parte, ya se atisbaba desde los dos flancos del Ejecutivo antes del verano.

A medida que las dos partes se sentaban a negociar, el optimismo exhibido desde las filas socialistas contrastaba con el de sus socios en el Gobierno, que en varios momentos han enfriado las perspectivas al supeditar esta cuestión a los avances en lo relativo a la regulación de los precios del alquiler y la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Y, de fondo, tanto antes de que estas incógnitas fueran despejadas en el seno del Gobierno como ahora, los grupos que dan apoyo al Ejecutivo en el Congreso, y que facilitaron la aprobación de las actuales cuentas, han advertido de que su voto favorable no será un cheque en blanco.

Conscientes de que la aritmética parlamentaria empuja hacia una mayoría progresista en el Parlamento, y pese a no querer hablar de líneas rojas, estas formaciones han avisado de que las negociaciones no solo se basarán en cifras económicas, sino en avances sociales ante cuestiones pendientes de dirimir y que no pueden esperar.

Los socios hacen valer sus posibles apoyos

La ley de vivienda es una de las exigencias más compartidas entre los llamados socios del Gobierno. Si bien, a pesar de que el Ejecutivo llevará el proyecto legislativo al Consejo de Ministros en unas semanas (acumulará previsiblemente más de nueve meses de retraso desde el primer plazo que se dio para aprobar esta norma), "que nadie cuente por lo menos con el voto de ERC", ha señalado este martes el portavoz del grupo republicano en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

El diputado, que ha conocido el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos en plena rueda de prensa tras la junta de portavoces, ha afirmado que "también a Unidas Podemos hay que obligarle a hacer cosas", ya que sus 13 parlamentarios son "imprescindibles" para llegar a acuerdos en otras iniciativas que se tramitan en el Congreso y que por ahora cuentan con el no de ERC, como la primera pata de la reforma de las pensiones o la Ley de Memoria Democrática e, incluso, la futura ley Audiovisual.

Previamente, había afeado nuevamente las pretensiones del PSOE de "plantear una negociación exprés de 24 horas", algo que cree "una mala manera de negociar" en el marco de la estrategia de presentarse como "lo mejor dentro de lo peor".

Por su parte, el PNV, reticente a desvelar los escollos en sus negociaciones con el Ejecutivo en público, sí ha deslizado en varias ocasiones que su apoyo a los Presupuestos estará ligado, entre otras cuestiones, al acuerdo sobre la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante la "dificultad" de convencer al ministro ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que realice este traspaso comprometido en el último pacto presupuestario. "Habrá que convencer por arriba", sostuvo este lunes el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Reformas pendientes

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha repetido esta mañana en una entrevista radiofónica que las cuestas públicas deben estar "en sintonía" con el rumbo progresista emprendido por Gobierno de coalición. Por ello, además de la ley de vivienda y del impuesto de sociedades, "toca derogar la reforma laboral, la Ley Mordaza y la Ley de Secretos Oficiales". "Tienen que demostrar que un Gobierno escorado a la izquierda hace políticas diferentes a la derecha. No ponemos líneas rojas, pero tampoco damos cheques en blanco", ha apostillado.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, aunque ha restado este martes importancia a la aprobación de los Presupuestos de 2022 ("no sería el fin del mundo prorrogar los actuales"), sí ha indicado que las reivindicaciones que su formación pondrá encima de la mesa son medidas compensatorias para la infrafinanciación tras el apoyo extraordinario a las comunidades por la pandemia y un reparto territorial en las inversiones ajustada al peso poblacional.

Con todo, los portavoces de los diferentes grupos han tenido la oportunidad de adelantar estas cuestiones en la primera toma de contacto con el Gobierno, a través de las reuniones mantenidas en las últimas semanas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Si bien, estos encuentros (continuarán esta semana) han sido y serán el preludio de una negociación que, con el cambio de escenario y la entrada de lleno de los diferentes actores, incrementará la tensión en el Congreso.