Este jueves arranca en el Congreso de los Diputados la investigación sobre la financiación presuntamente irregular del PP durante el tiempo que ha estado bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. La presidenta de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, ha comunicado en la Junta de Portavoces a los grupos parlamentarios esta tarde su intención de constituir esta comisión el jueves tras la conclusión de la sesión plenaria.

Ese mismo día y de forma paralela, según ha confirmado la presidenta, se constituirá la comisión que investigará las circunstancias del rescate del sistema bancario español, con especial dedicación a la privatización del grupo Bankia conformado por importantes cajas de ahorros. La creación de ambas comisiones ya habían sido aprobadas con anterioridad por el pleno del Congreso de los Diputados a instancias de los grupos de la oposición, principalmente el socialista y de Unidos Podemos.

Con la puesta en marcha de estas dos comisiones serán ya tres las investigaciones especiales puestas en marcha en la actual legislatura, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria española. Han que tener en cuenta que la última comisión parlamentaria de investigación – una instancia contemplada en la Constitución y en el reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado – fue creada en 2004, al inicio de la VIII Legislatura, para investigar los trágicos atentados del 11-M.

Fuentes parlamentarias han explicado a Público que “no está acordado quien presidirá esta comisión; hay que seguir negociando”. El nombre del diputado Jordi Xuclá, del PDeCAT, “no tiene el consenso necesario”, agregaron las citadas fuentes. Sin embargo, parece ser que sí hay un amplio acuerdo en el nombre de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, para ocupar la presidencia de la comisión de investigación sobre el rescate bancario.

En lo que sí hay un amplio consenso en la necesidad de llamar al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, para que comparezca ante la comisión que investigará las presuntas cuentas irregulares de su partido tal como se ha puesto de manifiesto en las investigaciones judiciales sobre las diferentes piezas del caso Gürtel.

Según la Constitución y los reglamentos parlamentarios, todos los llamados a comparecer deben hacerlo presencialmente y además con obligación de decir verdad, so pena de incurrir en un posible delito penal. Existe un precedente: en la comisión de investigación sobre los atentados del 11-M compareció José Luis Rodríguez Zapatero cuando ya era presidente del Gobierno. También lo hizo José María Aznar, ya como ex presidente, pero para dar cuenta de su actuación mientras fue inquilino de La Moncloa cuando se produjeron los atentados.

Tras su constitución, los comisionados – en estas dos comisiones serán en torno a 17 sus integrantes, aunque las votaciones siempre son ponderadas en función de su peso en el hemiciclo – fijarán su primera reunión para establecer un calendario de trabajo, con solicitud de documentación y las comparecencias.

Junto a la comisión de investigación sobre el uso partidista de los recursos del ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz para interferir en el proceso soberanista y sus promotores, serán tres las comisiones de este tipo que funcionen de forma paralela.

Además, en el Senado ya se ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos, con la que el PP, que cuenta en esta cámara con una sólida mayoría absoluta, quiere contrarrestar los efectos de la que se va a constituir en el Congreso sobre las presuntas finanzas ilegales del PP.