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Elecciones 10-N El Congreso pone en marcha la Junta Electoral, el 'árbitro' de unos comicios inéditos

La Cámara renueva el órgano encargado de dirimir los conflictos del proceso electoral. Estará presidido por Antonio Jesús Fonseca-Herrero, expromotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

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Imagen de archivo de una reunión de la JEC en el Congreso / EFE

La Junta Electoral Central (JEC) volverá a estar en el ojo del huracán hasta las elecciones del 10 de noviembre, pero con nuevos miembros. El Congreso ha constituido este jueves el órgano de cara a los comicios, pero con la renovación de todos sus vocales, así como de la presidencia y de la vicepresidencia.

Este órgano es el encargado de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral desde diferentes ámbitos. Entre sus competencias está la de resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan, una atribución que marcó buena parte de la campaña de las elecciones del 28 de abril, donde los partidos quisieron recurrir al arbitraje de la JEC en cada conflicto, por pequeño que fuera.

La Junta está compuesta por 13 vocales: cinco designados por la Cámara Baja, a propuesta de los grupos parlamentarios, y ocho designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los cinco escogidos por el Congreso son Juan Montabes, Consuelo Ramón, Inés Olaizola, Silvia del Saz y Carlos Vidal.

El CGPJ ha decidido que su cupo esté formado por  José Luis Seoane Spiegelberg, Inés Huerta, Francisco José Navarro, Antonio Vicente Sempere, Eduardo de Porres, Ana María Ferrer, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y María Luz García-Peredes. La sesión de constitución del nuevo órgano se ha desarrollado este jueves en el Congreso (donde la JEC tiene su sede), y los nuevos vocales han elegido como presidente a Fonseca Herrero.

El magistrado fue promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta de la Junta Electoral será Inés Huerta. Los nuevos miembros llegan a un órgano que en las anteriores elecciones fue más que determinante durante la campaña electoral, cuyas decisiones protagonizaron buena parte de las polémicas en este periodo.

El órgano encargado de velar por la transparencia del proceso electoral irrumpió en la arena política en los pasados comicios tan solo un par de días después de la clausura de Congreso y Senado. PP y Ciudadanos elevaron una serie de reclamaciones a la institución en las que acusaban al Gobierno de utilizar recursos y herramientas de la Aministración Pública para hacer campaña electoral por el PSOE.

Los lazos amarillos de Torra y el debate paralizado

En concreto, las formaciones señalaban las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los denominados “viernes sociales” porque entendían que la publicidad de los decretos que aprobaba el Ejecutivo representaba de facto una publicidad del partido. Los de Pablo Casado llegaron a plantear incluso que se prohibiera hacer ruedas de prensa del Consejo de Gobierno durante la precampaña electoral, una reclamación que el órgano desestimó.

Otra de las actuaciones más relevantes de la JEC se produjo cuando el órgano admitió una queja elevada por Ciudadanos para instar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas de los edificios institucionales, dada la obligación de los poderes públicos a mantener la neutralidad durante el proceso electoral. La situación derivó en una querella de la Fiscalía al presidente autonómico por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un procedimiento que continúa abierto.

La Junta Electoral también atrajo todos los focos cuando paralizó un debate en Atresmedia que incluía a Vox, un partido que no tenía representación política hasta ese momento. En este sentido, la campaña que se avecina de cara al 10-N no augura más tranquilidad que la anterior para la JEC.

Estos comicios se caracterizarán por una campaña corta y frenética, dado que una disposición introducida en la ley electoral en 2016 abrevia los plazos del proceso electora, limita el gasto de los partidos y reduce las subvenciones electorales de las formaciones. También tendrá que hacer frente el órgano a la posibilidad de que los partidos independentistas catalanes incluyan de nuevo en sus listas a dirigentes encarcelados por el juicio del 1-O.

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