El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular, que quiere instar al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes en España, que cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035.

Con 349 votos emitidos, la propuesta ha contado con 171 votos a favor, entre ellos los de PP, Vox y UPN; y 164 votos en contra, del PSOE, Sumar, PNV y Grupo Mixto, además de 14 abstenciones, de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

El diputado popular Guillermo Mariscal, que el pasado martes se encargó de presentar la iniciativa para su debate en la Cámara Baja, acusó al Gobierno de diseñar un marco legal que "estrangula" la energía nuclear para que no sea competitiva y que las empresas no tengan más remedio que cerrar.

También se preguntó el motivo por el que el Ejecutivo quiere cerrar las centrales nucleares –que proporcionan, afirmó, energía "segura y abundante"– teniendo en cuenta las consecuencias económicas, laborales y sociales que sufrirán las comarcas donde están instaladas y acusó al Ejecutivo de no tener alternativas ni propuestas.

Cerrar estas centrales es "un error, un suicidio energético" y una decisión "basada en la ideología" y no en razones económicas ni de sostenibilidad medioambiental, aseguró Mariscal.

Ricardo Chamorro, diputado de Vox, ha asegurado que la propuesta de alargar la vida de las centrales nucleares es "de sentido común" y ha calificado de "psicópatas" y "ecofanáticos" a quienes defienden cerrarlas y "destruir" la industria española.

La decisión fue acordada por Enresa y las eléctricas

Por otro lado, Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, afirmó hace escasos días que la decisión de cerrar el parque nuclear fue acordada por las eléctricas junto a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).

Por otro lado, algunos socios parlamentarios del Gobierno se han posicionado a favor de este cierre. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha anunciado el voto en contra de su formación y ha asegurado que la PNL se basa en premisas falsas sobre la "limpieza" de la energía nuclear. También Javier Sánchez Serna, de Podemos, que ha afirmado que la PNL contiene tantos datos erróneos que, a su juicio, parece que se los ha pasado el lobby nuclear.

Por el grupo parlamentario vasco, Idoia Sagastizábal ha considerado "superado" el debate sobre la energía nuclear y ha explicado que, aunque es cierto que es una opción estable para satisfacer la demanda energética, no está exenta de riesgos y tiene también el problema de la gestión segura de los residuos radioactivos.

También ha destacado que son las empresas las que deciden y, a día de hoy, ninguna ha solicitado la ampliación de su vida útil, al tiempo que ha pedido al Gobierno que diseñe planes de reconversión en las comarcas afectadas para minimizar el impacto del cierre y que los trabajadores tengan alternativas.

Por su parte, Pilar Calvo Gómez, diputada de Junts per Catalunya, no anunció el pasado martes su intención de abstenerse en la votación, pero sí recordó la importancia que la energía nuclear tiene para Catalunya, donde hay tres reactores y una de cada dos personas consume electricidad de origen nuclear.

"Nadie puede garantizar" que en pocos años los catalanes vayan a poder renunciar a la energía nuclear. "No podemos prescindir de la energía nuclear sin caer en nuevas dependencias o asumir riesgos de falta de suministro", insistió.

Por parte del grupo parlamentario socialista, Isabel Pérez Ortiz afirmó que las centrales nucleares no son baratas ni limpias porque dejan residuos muy difíciles de gestionar y acusó al PP de no creer en las energías renovables ni en la transición energética justa, así como de alinearse "una vez más" con los "intereses privados".

"El Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar"

Según el calendario de cierre fijado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la primera central en cerrar sería la de Almaraz (Cáceres), que aporta el 7% de toda la energía que se genera en España y supone 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, explican desde la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro.

Además, desde el punto de vista de la política energética, la energía nuclear que suministra Almaraz aporta una estabilidad al sistema "imprescindible para los planes de reindustrialización que quieren impulsar tanto el Gobierno español como la Comisión Europea".

Tras esta decisión del Congreso, "el Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar", asegura el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, que añade que es el Ejecutivo el que fija la política energética y no las empresas, como defiende Moncloa.

Por tanto, y sobre todo ahora que ha recibido un mensaje contundente del Poder Legislativo, el Ministerio de Transición Ecológica debe abrir el diálogo con las empresas para acordar la continuidad de Almaraz, según afirma Sánchez, que es también alcalde de Belvis de Monroy, uno de los municipios del área 1 de la central de Almaraz.