El Gobierno encara en el Congreso un nuevo 'todo o nada' en manos de Podemos

Si no es Junts per Catalunya, es Podemos, y viceversa. Es muy raro que el Gobierno llegue a un Pleno con la tranquilidad de sacar adelante las votaciones que aparecen en el orden del día y casi siempre son los de Carles Puigdemont o los de Ione Belarra los dos eslabones más díscolos de lo que un día fue el bloque de investidura. Tanto es así que a medida que han ido sucediéndose las derrotas parlamentarias —y también las victorias agónicas— esa concepción de mayoría más o menos de confianza para el Gobierno ha ido desvaneciéndose. Para muestra, el embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, que se votan este martes y miércoles, respectivamente, en el Congreso.

En este caso es Podemos la formación que ha avisado al Ejecutivo de que no apoyará ninguna de las dos iniciativas con las condiciones actuales. La convalidación del Real Decreto-Ley del embargo de armas a Israel se decide este martes, mientras que la votación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible (tras superar todo el proceso de enmiendas) se producirá este miércoles. Ambas presentan una situación muy parecida.

Si Podemos se decantara por un voto a favor, las dos saldrían adelante. Lo mismo ocurriría si los morados optaran por una abstención, siempre y cuando los diputados José Luis Ábalos (independiente), Cristina Valido (Coalición Canaria) y Àgueda Micó (Compromís) no votaran en contra. Pero en el caso de que Podemos se oponga, ambas iniciativas solo podrían salir adelante si el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, se abstuviera o votara a favor.

En el caso del decreto para efectuar un embargo de armas a Israel (que también contiene preceptos para acabar con el comercio con empresas israelíes), en Podemos consideran que tiene demasiados "agujeros" para que finalmente pueda ser efectivo. Los de Ione Belarra creen que el embargo del Ejecutivo es, en realidad, "un anuncio para generar un titular mientras se sigue comerciando y se permite el tránsito de armas hacia Israel".

En concreto, la formación morada ha pedido al Gobierno de coalición tres modificaciones sustanciales de la norma. La primera es que se elimine la cláusula que permite interrumpir el embargo en casos que afecten a la seguridad y al interés general, siempre que el Consejo de Ministros lo decida. La segunda tiene que ver con extender la prohibición de comerciar con empresas israelíes a empresas españolas que sean filiales de corporaciones de Israel. Y la tercera es garantizar el control de los buques que pasen por España con destino a este país y, también, prohibir que se usen las bases norteamericanas de Rota y Morón como puntos de tránsito.

Podemos ha exigido al Ejecutivo que retire el decreto y apruebe uno nuevo que ya incluya estas modificaciones. Los de Belarra trasladan en privado que no se fían de que, si aceptan convalidar el decreto y piden que se tramite como proyecto de ley (una vía apoyada por el resto de partidos de izquierdas de la Cámara), posteriormente sea posible modificarlo vía enmiendas: "Hemos visto cómo Sánchez lograba la convalidación de decretos que luego se tramitaban como proyectos de ley y que, a día de hoy, duermen el sueño de los justos en un cajón del Congreso bajo el pretexto, defiende el PSOE, de que no hay una mayoría para aprobarlos", denuncian.

A juicio de la formación morada, las protestas ciudadanas de la pasada semana (por la detención de los miembros de la Flotilla y para pedir el fin del genocidio) deberían empujar al Gobierno a reelaborar el decreto para "hacer un embargo de verdad, y no un embargo fake como el que se plantea ahora". En Sumar, sin embargo, advierten de que la aprobación del decreto por parte del Congreso es, precisamente, la "respuesta institucional a la movilización ciudadana" y confían en que "todas las formaciones que apoyan a Palestina y se sitúan frente al genocidio estarán a la altura".

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"Lo que vamos a vivir mañana es una votación muy importante y no hay lugar para matices a la hora de apretar el botón. Esta norma se puede y se debe mejorar, pero para ello debe ser convalidada en el Congreso. Votar a favor del embargo es votar a favor de la humanidad, votar en contra es apoyar a los genocidas. No hay espacio posible para ponerse de perfil", advertía este lunes Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar.

Respecto a la Ley de Movilidad Sostenible, Podemos ha puesto al Gobierno dos condiciones para brindar su apoyo a la norma: la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat de Barcelona y del Puerto de València. La formación morada ha advertido que, si no se cumplen estos dos requisitos, no darán su "sí" a la ley. Sin embargo, al igual que sucede con el decreto de embargo de armas, no está claro si su opción final pasaría, en caso de que el Ejecutivo no cumpla con estas exigencias (lo que parece muy probable), por un voto en contra o una abstención.

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Desde la formación morada trasladan que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para negociar ninguna de las dos normas que el Congreso debatirá y votará esta semana. En privado, en Podemos recuerdan que cuando se votó el traspaso de competencias migratorias a Catalunya (una iniciativa tumbada por el voto contrario de PP, Vox, Podemos y dos diputados del grupo de Sumar), el Ejecutivo negoció hasta el último momento. "Ahí también se pueden ver las prioridades de cada uno", afirman voces de la organización.

Pero la ley también podría decaer por otro flanco. La diputada de Compromís Àgueda Micó, que se escindió del grupo de Sumar en el Congreso, tampoco ha asegurado su voto a favor. Según ha podido saber Público, sus razones son parecidas a las de Podemos. Tampoco ella quiere facilitar la aprobación de dicha iniciativa si el Gobierno no se compromete a frenar la ampliación del puerto de València. Su voto sería relevante en el caso de que Podemos termine quedándose en el "no" y, en un giro de los acontecimientos, UPN se moviera a la abstención. En ese escenario, con el "no" en 174 votos, el "sí" en otros 174 y la abstención de Alberto Catalán, sería necesario el apoyo de Àgueda Micó para decantar la balanza hacia el sí.

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Pero, de acuerdo con lo que trasladan fuentes de UPN a este medio, entre los navarros y el PSOE no existiría "ningún tipo de negociación". Al menos, así era hasta el cierre de la edición de este lunes. Está por ver si a lo largo del martes o incluso el miércoles por la mañana se produce algún movimiento.

El Congreso abrirá la puerta a la ILP antitaurina

Mucho más claras están las cosas en lo referente a la iniciativa legislativa popular (ILP) para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural y, así, las distintas regiones del Estado puedan decidir si prohibirla o no. Se trata de una iniciativa, que ha llegado al Congreso con más de 664.000 firmas oficiales y que pretende dejar sin efecto otra ley votada en 2013 que fue, precisamente, la que convirtió la tauromaquia en patrimonio cultural, con todo lo que ello implica. 

Fundamentalmente, el principal cambio que introdujo aquella ley, que también partió de una iniciativa legislativa popular, fue que las comunidades autónomas no pudieran decidir el tratamiento que debían darle a las corridas de toros o incluso si debían prohibirlas, como había hecho Catalunya en 2010. De hecho, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley catalana en 2016 precisamente porque la tauromaquia había sido declarada patrimonio cultural tres años más tarde de su prohibición.

Ese estatus que se le dio a la tauromaquia no es trivial en absoluto. El artículo 3 de la norma especifica que "los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución". Es un precepto de la Carta Magna que especifica que "la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio". De modo que, desde 2013, va contra la ley que una región decida no proteger los toros o prohibirlos.

Desde el primer momento, quedó claro que el voto que iba a decidir si la actual ILP podía empezar su tramitación parlamentaria iba a ser el del PSOE. Tal y como adelantó Público, los socialistas empezaron a allanar el terreno a mediados de septiembre para apoyar la toma en consideración de la iniciativa y una semana más tarde deslizaron que votarían favorablemente. Por lo tanto, la ILP echará a andar gracias a los votos de la mayoría de investidura y con el PP y Vox totalmente desmarcados. Como también contó este medio, las asociaciones promotoras de la ILP trataron de reunirse con ellos —como hicieron con el resto de fuerzas políticas—, pero, siempre según los promotores, ninguno de los dos partidos accedió.

En cualquier caso, a partir de este punto a la iniciativa le espera un largo y arduo camino en el Congreso. Para muestra, un dato muy poco esperanzador. Solo se han aprobado cuatro de las 137 iniciativas ciudadanas presentadas en los últimos 38 años.

La ley de EH Bildu para acabar con los alquileres ilegales

Este martes también se votará una proposición de ley de EH Bildu para que las plataformas de alquiler turístico tengan la obligación de asegurarse de que solo se anuncien y se alquilen "alojamientos con licencia verificada". La norma incluye sanciones para las plataformas que la incumplan. Con esta ley, los abertzales quieren "acabar con los pisos turísticos ilegales, que no se podrán ni anunciar ni alquilar" y, por ende, con un "negocio que gentrifica y expulsa a la gente de sus barrios".

Lo que se decide este martes, como en el caso de la ILP, es la admisión a trámite de la propuesta y fuentes de EH Bildu se muestran, en conversación con Público, confiadas de que el partido que podría hacer peligrar la votación, Junts per Catalunya, acceda al menos a permitir el debate de la iniciativa. Los posconvergentes rara vez adelantan el sentido de su voto. De todas formas, los abertzales solo necesitan una mayoría simple, con lo que, contando con los votos en contra de PP, Vox y UPN, una abstención de los de Carles Puigdemont sería suficiente para que los síes sean más que los noes.