El Gobierno evita por sistema detallar los gastos de la seguridad de Juan Carlos I en Sanxenxo pese a la reprimenda de Transparencia

No hay manera. Tampoco parece que vaya a ser esta la legislatura en la que el Gobierno informe sin cortapisas sobre los gastos que representan para las arcas públicas los viajes de los reyes o el coste que, por ejemplo, tiene la seguridad que se despliega en torno al rey emérito, Juan Carlos I, cuando se escapa a Sanxenxo (Pontevedra). La última vez que se ha dejado caer por el litoral gallego ha sido este mismo noviembre. Desde las filas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Compromís o Bloque Nacionalista Galego (BNG) han remitido al Ejecutivo varias preguntas por escrito desde el Congreso de los Diputados, pero la respuesta han sido evasivas, la Ley de Secretos Oficiales o directamente el silencio. 

Ello, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido al menos dos resoluciones, a las que ha tenido acceso Público, en las que se instó al Gobierno, por un lado, a informar sobre el coste de los "viajes de la Casa Real desde el año 2000"; a detallar "el presupuesto dedicado anualmente desde ese año a la protección de los miembros de la Casa Real" o a dar información sobre los gastos que representó el "dispositivo de seguridad" que se puso en marcha en la "visita del rey Juan Carlos I a Sanxenxo en mayo de 2022".

Sin embargo, a pesar de que dicho organismo dejó clara su posición con respecto a las peticiones de información sobre los gastos que representan para los fondos del Estado actividades de la monarquía como las descritas anteriormente, el Gobierno ha vuelto a evitar dar respuesta a diputados como Gabriel Rufián (ERC), Alberto Ibáñez (Compromís) o Néstor Rego (BNG).

Rego e Ibáñez preguntaron —el primero, en septiembre de 2023  y el segundo, en junio de 2024— por los costes de dos visitas distintas del rey emérito a Sanxenxo para participar en sus tradicionales regatas. "¿Cuál fue el coste del dispositivo policial y de seguridad desplegado en el mes de agosto en la anterior visita del rey emérito a Sanxenxo?", preguntó el diputado del BNG. "¿Han costado dinero a las arcas del Estado las visitas del rey Juan Carlos a España?", cuestionó el de Compromís. 

Ambos realizaron preguntas por escrito al Gobierno desde el Congreso, una herramienta que tienen los diputados para obtener información del Ejecutivo y que, a no ser que la Mesa de la Cámara Baja inadmita a trámite, el Gobierno está obligado a contestar, tal y como fija el Reglamento del Congreso.

La respuesta que recibieron ambos, en todo caso, fue la misma y es la explicación de una de las grandes reivindicaciones de un sector amplio de la política española. "Los planes de protección de todas aquellas personas sometidas [a la Ley de Secretos Oficiales] están clasificados como reservados". La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo, en 1968, es una reforma pendiente, aunque lo cierto es que el Ejecutivo ya prevé sustituirla por otra ley más moderna y menos restrictiva, todavía en un punto muy primigenio de su elaboración, que se llamará Ley de Información Clasificada.

En cuanto al coste de los viajes de Felipe VI, por el que han preguntado diputados como el propio Ibáñez o Gabriel Rufián, la suerte es la misma. "¿Cuál es el coste detallado, desglosado por año y por viaje, de los 192 desplazamientos oficiales realizados por el rey Felipe VI entre junio de 2014 y diciembre de 2023?", preguntó Rufián en junio de 2025. "¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar la necesidad y la duración de los viajes oficiales del monarca?", insistió.

Son unas preguntas que se fundamentan en una investigación de Público en la que se explica que Felipe VI realizó 192 viajes entre junio de 2014 y diciembre de 2023 y en la que se evidencian las dificultades —imposibilitantes en algunos casos— de conocer el detalle de los gastos que representan.

En su respuesta a Rufián, el Gobierno dice lo siguiente. Por un lado, subraya que la Casa Real "da cumplida cuenta del desarrollo de los viajes realizados". Por otro, explica que el Ministerio de Exteriores "es responsable de la organización de estos viajes" en coordinación con la propia Casa Real, Presidencia del Gobierno y otras instituciones. 

Además, detalla que hay un programa que se llama Acción del Estado en el exterior que da "cobertura financiera para garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la implementación de la acción del Estado en el exterior" y, por lo tanto, a los viajes del rey, cuyas "cuentas justificativas" son "objeto de control interno" en el Ministerio de Hacienda. No hay, con todo, una contestación concreta para que el diputado Gabriel Rufián, en una respuesta pública y por ende al alcance de la ciudadanía, pueda conocer el coste de los viajes.

En el final de su respuesta, el Gobierno también recuerda a Rufián que la Ley de Transparencia "determina en su artículo 2 el ámbito de su aplicación subjetiva, entre los que se encuentra la Casa de su majestad el rey". No obstante, asegura estar dispuesto apoyar medidas para mejorar esa transparencia.

En cuanto a la solicitud del presupuesto destinado a los viajes del rey, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno explicó en una resolución en 2020, emitida tras la reclamación de respuesta a una solicitud parecida, que con la publicación del coste de los viajes "no se impide el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, poniendo en riesgo su integridad física, ni se trata de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar". 

"El Gobierno actúa como cómplice"

Pese a la continua resistencia del Gobierno a responder en el Congreso sobre el dinero invertido en los viajes o el dispositivo de seguridad de los reyes, desde la Cámara Baja se sigue preguntando por ello. "El Gobierno, al negarse a responder, actúa como cómplice de una ocultación injustificable en un sistema que dice ser democrático (pero que no lo es). Y lo hace contraviniendo además el criterio del propio Consejo de Transparencia, lo que demuestra que existe una voluntad deliberada de evitar el control parlamentario", dicen a Público fuentes del BNG. 

Y continúan: "Estamos hablando de dinero de toda la ciudadanía, destinado a proteger a una persona investigada por irregularidades fiscales y que ni siquiera ocupa ya la jefatura del Estado", en el caso del coste de la seguridad del rey en sus visitas a Sanxenxo. Los nacionalistas gallegos, en esa línea, critican que "al preguntar al Gobierno por esas visitas en cuestión, en muchas ocasiones afirman haber adoptado las medidas y el despliegue policial necesario y preciso", pero en realidad "nunca publican el coste de dicho despliegue".

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Público

También en conversación con Público, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, acepta que en algunos casos se impongan criterios de seguridad nacional, pero no para conocer el coste ni de los viajes del rey ni de la protección que se le brinda. "Que el Gobierno no responda es un mal síntoma", concluye.

Fuentes de ERC enfatizan que la "Ley de Transparencia trata de forma especial a la Casa Real no considerando a sus miembros como altos cargos y, por lo tanto, dejándolos fuera de la obligatoriedad que marca la norma de declarar sus bienes y enriquecimiento". "Por lo tanto", lamentan, "ya queda claro el sentido de los legisladores cuando promulgaron esta ley, que es que la Monarquía no sea fiscalizada".