Todo estaba escrito en la introducción del último libro de Manuel Marchena (La justicia amenazada, Espasa), magistrado del Tribunal Supremo, expresidente de la Sala Segunda y candidato fallido a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Supremo si no fuera por la indiscreción de un portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, que en un chat (146 parlamentarios) filtrado a la prensa, se felicitó en 2018 por que el PSOE aceptase a Marchena en la cabeza del órgano de gobierno de los jueces y el Partido Popular pudiera así "controlar la Sala Segunda desde detrás", sala de lo Penal que presidía Marchena y que se encargaba de los muchos casos de corrupción de aforados del PP. "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61", fue el mensaje íntegro de Cosidó que llegó a la prensa y frustró para siempre el más alto nombramiento de Marchena, aunque no su influencia y predicamento, según constatan en el Alto Tribunal jueces y fiscales de todo pelaje.

Volviendo a la Introducción del citado libro de Marchena, y aunque sea a toro pasado, es difícil no aventurar la condena que le esperaba al fiscal general del Estado: "Es indispensable que el Gobierno, al que constitucionalmente corresponde el nombramiento del fiscal general, no vea en el designado un instrumento para ejercer presión sobre los jueces. La concepción del fiscal general del Estado como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al propio tiempo, condescendiente con los delitos atribuidos al equipo gubernamental que lo ha nombrado, pone en peligro la estabilidad de esa institución y, lo que es más grave, afecta a los presupuestos que legitiman el trabajo cotidiano de jueces y fiscales". Con lo de la condescendencia del fiscal "con los delitos atribuidos al equipo gubernamental", se refiere Marchena a los casos Ábalos, Cerdán y/o Koldo, como todo el mundo puede intuir y esta plumilla con especial lucidez, si me permiten el desahogo.

¿Ha sido condenado el fiscal general del Estado porque ha sido incapaz de probar su inocencia frente a una culpabilidad que se daba por hecha? Efectivamente, la instrucción de esta causa salvaje ha demostrado día a día que la denuncia del defraudador confeso contra García Ortiz por revelación de secretos partía con condena de culpa para éste y, ante semejante aberración pergeñada por quienes ya desnudaron su condición de salvapatrias durante el juicio al procés y su oposición a la ley de amnistía, poco podían hacer el fiscal general, su defensa o los testigos de ésta para que el instructor Hurtado y los cinco justipolíticos del Supremo –Marchena entre ellos– virasen hacia la absolución que clamaba a gritos el in dubio pro reo, inapelable en una democracia.

Con el fallo del Supremo sobre el fiscal general y su condena por revelar "datos reservados" (sic) –cuando ni se ha demostrado que tales "datos" fueran "reservados" ni se ha probado ningún delito–, la justipolítica de la España más oscura lo ha vuelto a hacer: después de las conclusiones del juicio al procés, del robo (sic) del escaño a un diputado electo (Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos) o de la protección escabrosa al rey emérito, el Alto Tribunal ha matado a un fiscal general por ser nombrado por un presidente del Gobierno que amnistió a sus condenados, ha matado al periodismo que constató con pruebas que la fuente de la filtración no era García Ortiz y va matando la democracia, por cierto, con la misma saña propia de los tiempos que vivimos. Ya pueden protegerse.