Sumar puso octubre como límite para que el Gobierno diera con la tecla para activar una regularizacion extraordinaria de migrantes. El tiempo está a punto de terminar y no se atisba, por el momento, que la cuestión se vaya a resolver. La propuesta para regularizar la situación de medio millón de personas migrantes parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) que fue admitida a trámite en el Congreso, pero que se encuentra totalmente estancada desde hace meses. Por eso ha ido ganando peso la posibilidad de que el Gobierno apruebe la regularización vía Real Decreto —no Real Decreto-Ley— y así pueda evitar llevar la votación a la Cámara Baja y esquivar a los siete diputados de Junts per Catalunya, el partido que en estos momentos comprometería el éxito de la iniciativa. Sobre todo, después de que una mayoría parlamentaria tumbara la cesión de competencias migratorias a Catalunya.

Esas son, en cualquier caso, las dos opciones que hay sobre la mesa en este momento: seguir apretando a Junts para que, en algún momento, la ILP —ya convertida en proposición de ley— termine sometiéndose a una votación con garantías en el Congreso; o apostar por la vía del Real Decreto.

Fuentes parlamentarias del PSOE conocedoras de la negociación, al ser preguntadas por Público acerca del punto en el que se encuentra, insisten en que "en estos momentos, las conversaciones se centran en Junts" y que una vez se logre encauzar la cuestión con los posconvergentes se acometerán con el resto de grupos parlamentarios. Por lo tanto, parece evidente que los socialistas no renuncian en este momento a ninguna de las dos vías. No en vano, fuentes parlamentarias explican a este medio que hace alrededor de un mes el Gobierno les sugirió la posibilidad de estudiar la opción del decreto.

Victoria Columba, portavoz de Regularización YA, promotora de la iniciativa, no valora negativamente ensayar esa vía. De hecho, insiste, en conversación con Público, en que "por Real Decreto, la regularización no tendría que pasar por el Congreso, por lo que si el Gobierno quiere sacarla adelante, puede". De modo que, para los promotores, Junts podría ser solo una excusa del PSOE.

Lo que sí que tienen claro es que no quieren llevar a Pleno la ILP sin contar con la seguridad total de que contará con los apoyos necesarios. "Para que el Gobierno tenga nuestro visto bueno para llevar la votación al Pleno queremos ver la firma de Junts en un documento". No se fían de los de Míriam Nogueras, aunque lo cierto es que a estas alturas no se fían ya casi de nadie. "El PSOE nos ha fallado por su cobardía; el PP por asimilarse a la extrema derecha y las izquierdas por no haber hecho lo suficiente para que salga adelante".

Algunas voces han deslizado en los últimos tiempos que la ILP debería llevarse a la votación definitiva al menos para que todo el que vote en contra de regularizar la situación de medio millón de personas se retrate. Pero es una postura que no comparten los promotores. "En todo este tiempo ya se han retratado bastante todos los partidos del Congreso", aseveran.

Pero más allá de la negociación en el Congreso, también parece estar moviéndose algo en el Gobierno. Fuentes de Sumar han deslizado en los últimos días que la discusión entre los dos socios del Ejecutivo de coalición se centra, en estos momentos, en el dilema de si apostar o no por el decreto. Los de Yolanda Díaz tienen muchas dudas a ese respecto porque no están convencidos de que se pueda aprobar un decreto normativo sin haber aprobado antes una ley en la Cámara Baja que lo sustente. 

Fuentes del grupo que lidera Verónica Martínez Barbero subrayan que una regularización extraordinaria "debe llevarse a cabo con una norma con rango de ley porque afecta a derechos fundamentales". Dicho de otro modo, en Sumar creen que una regularización tiene que tener "el mayor rango legal posible" porque "varía la situación jurídica de personas que estaban en situación irregular; toca derechos reconocidos, como el deresidencia, trabajo, protección frente a la expulsión o acceso al mercado laboral y además tiene incidencia directa en la esfera personal, económica y social de las personas, también en la dignidad y los derechos inherentes".

Además, añaden que "las decisiones que afectan a situaciones jurídicas y derechos previos tienen que estar habilitadas por ley" y por otro lado subrayan que un Real Decreto "puede modificarse en tres meses con una facilidad pasmosa", algo que puede "generar inseguridad jurídica y riesgo de arbitrariedad". Por eso prefieren seguir presionando en el Congreso a Junts.

Relacionado con este tema

El Supremo da 15 días al Gobierno para acoger a menores solicitantes de asilo de Canarias

EFE

Es una posición que no contemplan en Podemos. Los servicios jurídicos de los morados explican a Público que la ley de extranjería establece que "la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente". Esas circunstancias se determinan en el Reglamento de Extranjería.

"Y ese reglamento", completan los morados, "se modifica por Real Decreto, no por Real Decreto-Ley, como se hizo por ejemplo con la última reforma del Reglamento de Extranjería, en 2024". Las fuentes consultadas de Podemos insisten, en esa línea, en que "modificando ese Real Decreto se puede establecer el procedimiento de regularización que se quiera".

Tras tantos meses de bloqueo, también en Esquerra Republicana está de acuerdo con apostar por la vía del decreto. "Nosotros podríamos estar a favor de que se tramitara vía decreto, pero siempre y cuando se negociara con los grupos parlamentarios y, sobre todo, asegurando que los promotores de la ILP formaran parte del proceso y estuvieran de acuerdo con el texto", explican a este medio. Por lo tanto, al menos a juzgar por lo que trasladan las distintas fuentes consultadas, va ganando fuerza la posibilidad de esquivar al Congreso para sacar adelante la regularización por decreto, aunque todas las voces de entre los aliados del Gobierno con las que ha hablado Público ven difícil que salga adelante de la iniciativa. Fuentes de EH Bildu lamentan que el PSOE no esté poniendo más ímpetu en ello.

El decreto de Zapatero

Fue José Luis Zapatero quien promovió la regularización de migrantes más amplia de la historia de España nada más aterrizar en Moncloa. Era 2005 y se llevó a cabo vía Real Decreto, así que no tuvo que pasar por el Congreso. En aquel caso, era necesario que los migrantes que quisieran optar a la normalización de su situación aportaran un contrato de trabajo. Hasta 576.506 personas se beneficiaron de la regularización de Zapatero. La de 2005 ha sido la última, pero nates de ella se habían llevado a cabo otras cinco.

José María Aznar promovió dos. En 2000 y 2001. Entre ambos procesos, el presidente popular regularizó a más migrantes que Zapatero. En su caso, la Ley de Extranjería sí le mandataba de forma específica, en la disposición transitoria primera, aprobar procesos de regularización. Pero las fuentes jurídicas de Podemos consultadas recuerdan que la de Zapatero no tuvo ningún mandato legislativo específico y que, de todas maneras, el presidente socialista la llevó a cabo con un Real Decreto.