Cuando todo estaba previsto para que este martes el Consejo de Ministros aprobara en un real decreto el plan de ayudas a empresas por un importe de 11.000 millones de euros, las diferencias sobre cómo emplear dicho fondo entre la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Unidas Podemos ha empantanado su aprobación y todo está en el aire.

A última hora de la noche del lunes, ambas parte seguían negociando un documento para concretar estas medidas extraordinarias de apoyo a las empresas más afectadas por la pandemia, especialmente todas las vinculadas al sector turístico.

Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se avanzó hace unos días que dicho fondo iba a ser destinado a la recapitalización de las empresas más afectadas por la pandemia, conversión de créditos ICO y ayudas directas canalizadas a través de las comunidades autónomas.

Sin embargo, Unidas Podemos planteó el pasado viernes otra propuesta para la utilización de esos 11.000 millones, incidiendo más en las ayudas directas (piden que asciendan a 8.000 millones de euros) y que, además, estas no pasen por las comunidades autónomas, entre otros aspectos.

La agencia Reuters avanzó que en el documento en el que se está trabajando, la vicepresidencia que ostenta Nadia Calviño se apuntó que esas ayudas directas a Pymes podrían ascender a 5.000 millones de euros, pero no se precisa si seguirán siendo canalizadas por las comunidades autónomas.

Fuentes consultadas apuntaron que la negociación está siendo compleja y se retrasará la aprobación de este real decreto, aunque la intención del Ejecutivo es que estas ayudas lleguen cuanto antes porque, según dicen, se considera urgente esta inyección del dinero al tejido empresarial.

Por ello, la intención es convocar un Consejo de Ministros de carácter extraordinario el próximo viernes, 12 de marzo, siempre que se logre el consenso que este lunes no se logró alcanzar y que, según fuentes consultadas, sigue estando complicado.

Las observaciones  de Unidas Podemos

En Unidas Podemos defienden desde que se abrió el debate la necesidad de dar ayudas directas a empresas para que la crisis de liquidez que sufren como consecuencia de las restricciones no se convierta en un futuro próximo en una crisis de solvencia y acaben quebrando. En este sentido, la Vicepresidencia de Derechos Sociales presentó el pasado viernes en el seno del Gobierno la propuesta de los de Pablo Iglesias en esta materia.

En un documento con observaciones y comentarios al real decreto-ley de apoyo a la solvencia empresarial que prepara el Ministerio de Economía, Unidas Podemos insistió en que, aunque los mecanismos que plantea Calviño pueden ser positivos para las empresas, la norma debe centrarse en dar ayudas directas.

"De los tres instrumentos que plantea el Real Decreto-Ley para apoyar la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, los tres parecen pertinentes y necesarios en este momento, pero con importantes matices: la restructuración de las deudas del ICO y el mecanismo de recapitalización deben ser instrumentos secundarios, mientras que el fondo de ayudas directas debe ser el prioritario", reza el documento.

En este sentido, para la formación morada estas ayudas deberían tomar la forma de transferencias corrientes a las empresas y suponer, al menos, 8.000 de los 11.000 millones previstos en el mecanismo diseñado por el Ministerio de Economía. Además de abogar por que las ayudas directas deberían ser el núcleo del decreto, la Vicepresidencia de Derechos Sociales también establece unas pautas y criterios sobre condiciones de accesibilidad a estos fondos y sobre cómo sería el reparto.

"Las ayudas directas a empresas no se deben realizar por sectores, aun sabiendo que hay algunos que han experimentado caídas de ingresos mucho más fuertes que otros. Las ayudas directas deben ser accesibles para todas las empresas, al margen del sector en el que se encuentran, y la condición para acceder debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30%- 40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019", reza el texto.

También se aconseja regular las ayudas en una única norma estatal que permita que sean "homogéneas" en todo el territorio, y que no se ceda a las comunidades autónomas el desarrollo de los criterios para efectuar el reparto. "La Administración General del Estado debe garantizar el acceso en igualdad de condiciones para todas las empresas, de forma que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional".

Por último, con el objetivo de evitar abusos o casos de mala utilización de los fondos públicos por parte de las empresas, desde Unidas Podemos se aboga por condicionar las ayudas al mantenimiento del empleo (en concreto, que se mantenga un 70% u 80% del empleo actual en las empresas receptoras en 2021 y 2022).