El Tribunal Constitucional, que ha votado esta tarde suspender la consulta catalana, es uno de los más conservadores de la historia del tribunal. Presidido por un juez designado directamente por el PP, del que fue afiliado durante varios años y con magistrados que pertenecen al Opus Dei y antiabortistas. El tribunal está integrado por doce juristas, de los cuales cuatro fueron elegidos por el Congreso, otros tantos por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ.

Francisco Pérez de los Cobos (presidente)

Fue designado por el Senado a propuesta del PP. De hecho, al poco de comenzar su andadura, se reveló que había pagado la cuota de afiliado de los conservadores durante tres años. Además, a comienzos de este año Público reveló que figuraba como administrador de una consultora, pese a la incompatibilidad constitucional de su cargo con "cualquier actividad profesional y mercantil". Sin embargo, pese a su presunta afinidad con el PP, fue el único de los jueces conservadores que rechazó el recurso del partido que preside Rajoy a la ley del matrimonio homosexual.

Ricardo Enríquez (magistrado conservador)

Fue elegido magistrado del Constitucional el pasado mes de marzo, gracias al apoyo del PP, la abstención del PSOE y la votación de los senadores catalanes a favor del candidato del Parlament.

Andrés Ollero (magistrado conservador)

Uno de los jueces más conservadores y extremistas del tribunal. Es miembro del Opus Dei y fue diputado del PP durante casi dos décadas, hasta 2003. Antiabortista radical, pronunció frases como  "España es un paraíso del turismo abortista" o "si hay un ser humano, dejar a su madre en paz supone autorizar un acto de guerra contra su hijo, permitiéndole que se desembarace de él". Fue uno de los ponentes en la sentencia sobre el recurso contra la ley del aborto pese a su evidente postura y las críticas de multitud de colectivos.

Pedro González-Trevijano (magistrado conservador)

Llegó al Constitucional en junio del año pasado procedente de su puesto como rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue uno de los expertos de la comisión creada por el Gobierno de Zapatero para decidir qué hacer con el Valle de los Caídos. González Trevijano se opuso a sacar de allí los restos del dictador Franco. "La exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo", defendió.

Antonio Narváez (magistrado conservador)

Fiscal de dilatada carrera y hombre de confianza de Torres-Dulce, sustituyó el pasado mes de julio a Enrique López, que dimitió tras saltarse un semáforo cuando conducía su moto sin casco y bebido. Como fiscal jefe de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, se encargó de coordinar los trabajos del Ministerio Público para impedir a la izquierda abertzale concurrir a los comicios.

Santiago Martínez-Vares (magistrado conservador)

Fue presidente de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), vinculada a los conservadores, durante catorce años, desde 1997 hasta 2001. Elegido para el Constitucional en junio del año pasado, fue uno de los magistrados que participó en la sentencia que dictaminó en 2010 que el castellano también debe ser considerado lengua vehicular en las aulas de Catalunya. Además, avaló en 2009 que se siguiera dando clase de religión católica en el segundo ciclo de Educación Infantil.

Juan José González Rivas (magistrado conservador)

Especializado en derecho contencioso administrativo, se situó a la cabeza del sector que se posicionó contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Fernando Valdés Dal-Ré (magistrado progresista)

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, no ha ocultado sus críticas a la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP y respaldó la huelga general del 29 de marzo de 2012.  Antes de 2004, participó junto al también catedrático Santos Ruesga y al luego ministro de Trabajo Valeriano Gómez en la coordinación del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones con el que José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones, de las que saldría elegido presidente del Gobierno.

Luis Ignacio Ortega Álvarez (magistrado progresista)

Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha, hizo el borrador del nuevo estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, que no llegó a aprobarse. Además, fue asesor en el primer gobierno de Felipe González.

Juan Antonio Xiol Ríos (magistrado progresista)

Presidió la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo hasta 2013 y ha sido también secretario general del Tribunal Constitucional y vocal del CGPJ. Nacido en Barcelona, fue director general en Justicia durante cinco años con el PSOE y emitió un voto particular en 2011 a favor de que se legalizase a Bildu.

Adela Asua (magistrada progresista)

Vicepresidenta del Constitucional desde 2013, fue una de las que votó a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones.

Encarna Roca Trias (magistrada progresista)

Magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y nacida en Barcelona, con su llegada al tribunal en 2012 culminaba una carrera intensa dedicada al Derecho Civil en la que peldaño a peldaño se fue ganando el reconocimiento del mundo jurídico y académico. Fue la primera catedrática de Derecho Civil en España, la cuarta mujer que accedió al Tribunal Supremo y también la primera que llegó a la Sala de lo Civil. Considerada una experta en Derecho de Familia, Roca dejó en el Supremo cientos de sentencias, la mayoría relacionadas con el derecho familiar, con las que ha ido abriendo camino a la igualdad.