El Constitucional examina el recurso del Gobierno contra el "decretazo" de Moreno

El Tribunal Constitucional va a estudiar el recurso del Gobierno que presentó el Gobierno de España contra el decreto-ley de la Junta de Andalucía que PP, Ciudadanos y Vox convalidaron en plena emergencia sanitaria a pesar de que nada tenía que ver con la pandemia del coronavirus.

La norma supuso la modificación sin apenas debate parlamentario ni tampoco social –solo la patronal y un grupo de economistas liberales participaron en su tramitación– de una sola tacada de hasta 21 leyes y 6 reglamentos y fue tachada de "decretazo" por las organizaciones sindicales, ecologistas, de consumidores y de periodistas.

El decreto acomete una desregulación y una relajación de los controles urbanísticos, medioambientales e incluso sanitarios, además de fomentar, según sus críticos, "la cultura del pelotazo". Según el Gobierno andaluz, lo que se pretende es "hacer la vida más fácil a los andaluces y a los empresarios y generar empleo y riqueza".

Ahora, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno, según un comunicado enviado por el Alto Tribunal.

El Ejecutivo recurrió, por un lado, el artículo 13, con exclusión de su párrafo primero, porque entiende que vulnera "competencias estatales en la defensa de bienes culturales contra la expoliación", al permitir determinadas obras sin autorización previa de la Junta de Andalucía.

Y, por otro, varios apartados del artículo 28 porque "vulneran la competencia estatal en telecomunicaciones y medios de comunicación social” al derogar la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisoras piratas.

La admisión a trámite, "conforme dispone el artículo 30 Ley Orgánica del TC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los referidos preceptos desde la fecha de interposición del recurso (22 de abril) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros".

Este no es el único recurso que se presenta contra el decreto. 50 senadores del PSOE han anunciado otro y Adelante Andalucía también lo llevará al Constitucional. Ambos partidos van a ir mucho más lejos en sus recursos de lo que lo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moreno defiende el decreto

Mientras se resuelven los recursos, la Junta va a "aplicar el decreto". Así lo dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien insistió este miércoles en que el decreto-ley "es necesario, oportuno y, ahora más que nunca, en una situación de crisis, en la que vamos a superar el millón de parados, necesitamos medidas de choque". "El instrumento más poderoso que tenemos es ese decreto, que va a favor de Andalucía", remachó el presidente.

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, le sacó el asunto a Moreno en la sesión de control al Gobierno andaluz en el primer Pleno que se celebra desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo.

Aguilera manifestó que el decreto "está teniendo una importantísima contestación social, de fuerzas políticas y organizaciones sociales", y trae "las mismas recetas de siempre": "Desregulación, privatización y liberalización, las que han llevado a Andalucía a estar en peores condiciones que nunca para afrontar esta pandemia" y las que llevaran a la comunidad "a una situación todavía peor que la de ahora".

El debate entre ambos fue duro y reveló dos modos diferentes de mirar el mundo. Moreno defendió que "las sociedades más competitivas y libres, las que pueden competir en términos de progreso, son las que menos trabas y burocracia tienen", según recoge Europa Press.

Aguilera replicó que la "agilización" que defiende Moreno "supone falta de control", y que la Junta "abre la compuerta para que se construya más y donde sea, sin garantías medioambientales y sin control. Aguilera preguntó a Moreno si es "el presidente de la revolución verde’ que va a consentir que las viviendas ilegales viertan directamente sobre el dominio público", o que "va a consentir la especulación con más campos de golf o más urbanizaciones". "¿Qué Moreno Bonilla es hoy usted, qué presidente es?", le espetó la diputada de Adelante.