PP, Ciudadanos y Vox, la alianza de partidos que manda en Andalucía, han colado en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía en plena crisis del coronavirus, la convalidación de un polémico decreto-ley que, en origen, nada tiene que ver con la gestión de la pandemia de la Covid-19.

Los tres partidos, además, han evitado hasta ahora que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), explique la gestión que está haciendo de la crisis en la Cámara. "Ya habrá tiempo para la bronca política", despachó el asunto el presidente hace unos días, y añadió que lo que ahora le corresponde es "estar a los mandos del Gobierno andaluz, en primera línea de combate, intentando en la medida de nuestras posibilidades salvar vidas humanas.

Sin embargo, el presidente ha decidido que este argumento no se aplique a un decreto aprobado el pasado 9 de marzo, que relaja controles urbanísticos, medioambientales e, incluso, sanitarios y que se aprobó sin consenso alguno, salvo con la patronal andaluza y sectores conservadores y liberales de la Universidad. La idea declarada del gobierno es favorecer a toda costa la inversión empresarial en Andalucía, que consideran estancada.

La norma ha sido rechazada por numerosos agentes sociales, sindicatos, ecologistas, consumidores y asociaciones de periodistas, que lo tachan de "decretazo" y consideran que recupera "la cultura del pelotazo", además de favorecer intereses concretos y particulares de gente cercana al Gobierno andaluz.  Los partidos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, anunciaron este jueves un recurso al tribunal Constitucional.

La convalidación del Decreto Ley 2/2020 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía –ese es su nombre oficial– implica modificar, de una tacada, 21 leyes y 6 reglamentos, en áreas tan sensibles como la protección medioambiental y sanitaria, la ley urbanística y la regulación de los medios públicos de información.

Para poder traerlo al Parlamento y convalidarlo con un mínimo de rigor en este momento, el Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos, introdujo en el mismo el pasado 22 de marzo, 13 días después de su aprobación, una modificación para acelerar la compra de material de emergencia.

Para el diputado del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, la norma se ha aprobado "por la puerta de atrás, sin participación de los sectores a los que afecta la regulación, obviando la transparencia e incluso los informes jurídicos y técnicos habituales". "¿A cuánta gente le hacen favores con este decreto?", se preguntó el diputado socialista.

Una norma que modifica 21 leyes y 6 decretos no puede convalidarse en la Diputación Permanente, porque "no cumple los mínimos parámetros legales", agregó Jiménez Barrios. Se trata de "un atentado a la calidad democrática y una falta de respeto sin precedentes a este Parlamento", remachó el diputado del PSOE.

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha considerado que este decreto es "rechazable en las formas y en el contenido", agregó que se había preparado desde el Gobierno con "unas prisas que son malas consejeras", así como "sin consenso social".

Ha defendido además que el decreto se tramitara como proyecto de ley para posibilitar "que comparezcan los agentes económicos y sociales" y se produzca en sede parlamentaria "un debate que en este momento no vamos a poder tener en toda su extensión" sobre un decreto que, en su opinión, viene a "desmantelar lo público y hacer de Andalucía una barra libre de especuladores", según ha zanjado, recoge Europa Press.

Maraña burocrática

El encargado de defender el decreto fue el consejero de Economía, Rogelio Velasco, nombrado por Moreno a propuesta de Ciudadanos. Velasco apeló a la "situación inédita y de extraordinaria gravedad, de la que no existen precedentes", que se vive actualmente por la pandemia de la Covid-19, que está produciendo "un enorme impacto".

Velasco defendió que, ante el "escenario de gran incertidumbre" que se vislumbra actualmente, se requieren "más que nunca decisiones urgentes, medidas extraordinarias y de calado" y apeló a los grupos a valorar "más si cabe", en el momento actual, "la necesidad de contar con una mejor regulación económica" como la que, en su opinión, trae aparejada este decreto, que busca hacer frente a "la maraña burocrática y el exceso de legislación" que constituyen "una pesada carga para el crecimiento económico de una región".

El debate se celebró de manera presencial en el Salón de Plenos de la Cámara andaluza con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los acuerdos adoptados y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre distancia entre personas para evitar contagios. Los diputados intervinieron desde sus escaños para reducir la movilidad dentro del salón, recoge Europa Press.